Parece evidente que el secretario de Gobernación tiene a su lado, asesorándolo respecto del conflicto chiapaneco, por lo menos a dos funcionarios duros. Ellos le ofrecen sus servicios asumiéndose como los caballos del jaral, según el festivo pragmatismo ranchero, aunque de hecho sean otra cosa. Pero están logrando que el secretario se esfuerce por parecer duro, que hable con dureza innecesaria y que endurezca una situación ya de suyo tensa y peligrosa.

En los últimos días, el blanco del secretario y sus asesores ha sido la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). La creación de ese organismo fue propuesta el l3 de octubre de l994 por el prelado Samuel Ruiz, quien habría de presidirlo y que quedaría integrado por ocho personas más que en aquellos momentos se consideraron idóneas. Días más tarde, el EZLN aceptó la mediación de la Conai, pero fue más allá: entre sus tres condiciones planteadas para lograr una tregua estable y un diálogo verdadero, estaba el reconocimiento oficial de la Conai. El nuevo gobierno veía con cierta indiferencia a esa instancia mediadora, no prevista en la ley, pero el insistente reclamo del EZLN hizo que el presidente Zedillo pidiera a la Conai su intervención como instancia mediadora en los esfuerzos de pacificación. De modo que también la Conai surge de los incidentes de la bilateralidad, de la entraña del conflicto. Esta es la historia, y no las superficiales apreciaciones de Labastida sobre su origen.

Pero en esas apreciaciones no hay error. Son parte de una estrategia dura en la cual la Conai, como la Cocopa, están de sobra. Desaparecidas las mediaciones, los contrincantes quedan frente a frente y el enseñoramiento es para la violencia. Dice el responsable de la política interior que el lenguaje de don Samuel Ruiz sigue siendo pacifista, sólo que él no le cree. Y dice también que todo lo que el EZLN tiene que hacer es ``sentarse a la mesa, porque el gobierno cree en la vía política y no en la solución armada''.

¿Para qué sentarse a la mesa? ¿Para tomar los alimentos en buena compañía? El secretario olvida que la lógica misma del conflicto y de los avances en el diálogo imponen como condición para reanudar las negociaciones el cumplimiento real de los Acuerdos de San Andrés. Y las iniciativas de ley sobre derechos y cultura indígenas que están en el Senado incumplen en puntos fundamentales lo ya apalabrado y firmado. ¿Cómo dar el siguiente paso si no se ha completado el primero? ¿Qué clase de vía política es la que está planteando el gobierno? ¿Por qué nosotros sí habríamos de creer?

Lo único sensato, dadas las circunstancias, es el retiro inmediato de las iniciativas o la suspensión de las discusiones hasta que puedan establecerse mecanismos públicos de participación y consenso. Si no, las prisas legislativas van a generar una ley que sobrevuele absurdamente la realidad y que, por ello, cierre las posibilidades de la tan cacareada vía política y abra las de una violencia de amplitud e intensidad imprevisibles, entre otras cosas por la irresponsable descalificación de las instancias reales de mediación y coadyuvancia.