Carlos Montemayor
La guerra en curso

Ayer, en estas páginas de La Jornada, Luis Villoro demostró que el Ejecutivo no puede seguir sosteniendo que su iniciativa de reformas constitucionales sea fiel a los acuerdos que firmó en San Andrés. Debemos agregar ahora que el Ejecutivo tampoco puede seguir sosteniendo que ``no recurrirá a la violencia armada para solucionar el conflicto de Chiapas'' por la sencilla razón de que continúa recurriendo a la violencia armada para resolver el conflicto. Esta violencia aparece ampliamente expuesta en el docu- mento Chiapas, la guerra en curso, que el Centro de Derechos Humanos ``Miguel Agustín Pro Juárez'', AC, publicó el pasado mes de febrero y que esta semana se ha dado a conocer.

Durante varios años las autoridades mexicanas expresaron reiteradamente en foros nacionales e internacionales que el conflicto provocado por la aparición del EZLN se reducía a cuatro municipios de Chiapas. Ahora podemos afirmar que la estrategia gubernamental para sofocar al EZLN y a sus bases sociales extendió la violencia armada a 27 municipios a través de por lo menos nueve grupos paramilitares de filiación priísta. En los cuadros descriptivos de cada una de las fuerzas paramilitares, el documento ubica los municipios y comunidades donde actúan, las armas con que cuentan, los nombres de algunos de sus integrantes y dirigentes, los nombres de las instituciones gubernamentales o de las personalidades políticas que los apoyan y, por supuesto, varias de las acciones criminales que han perpetrado de manera impune.

A través de las gráficas y listados de operativos se dimensiona la violencia armada que está imponiendo el gobierno mexicano para copar al EZLN y a sus bases. Estas organizaciones paramilitares se extienden por muchas regiones de Chiapas. Por ejemplo, el ``Tomás Munzer'' en la zona de la Selva (Oxchuc, Ocosingo y Altamirano), el ``Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista'' en las Cañadas y norte de la Selva (Las Margaritas, Oxchuc, Huixtan, Altamirano, Ocosingo, Sitalá, San Juan Cancuc), ``Paz y Justicia'' y ``Los Chinchulines'' en el norte de la Selva (Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Venustiano Carranza), ``Alianza San Bartolomé de los Llanos'' y ``Fuerzas Armadas del Pueblo'' en los Valles Centrales (Venustiano Carranza) y ``Máscara Roja'' en Los Altos (Chenalhó, Larráinzar, Chamula, Pantelhó). Por otra parte, el documento describe y enlista más de 200 operativos del ejército mexicano efectuados en numerosos municipios de Chiapas entre el 22 de diciembre de 1997 y el 2 de febrero de 1998. Ninguno de ellos se propuso frenar, desarticular o desarmar a los grupos paramilitares priístas: el curso de la guerra está cada vez más al descubierto.

En abril de 1995 se establecieron las bases del diálogo de San Andrés. En esos mismos días apareció en el norte del estado el grupo ``Paz y Justicia''. Es evidente que la disposición gubernamental al diálogo no fue cierta; fue tan sólo un recurso táctico para preparar la solución armada. Ahora las fuerzas paramilitares y los operativos recientes del ejército indican que el curso de la guerra está llegando a su culminación. Resulta comprensible que el gobierno esté afinando el linchamiento verbal del EZLN y la eliminación política de la Conai. Los ciclos se cumplen. La guerra en curso está cerrando sus pinzas.

El diálogo nunca fue una opción sincera del gobierno mexicano. Nunca se propuso detener la guerra. La ha estado administrando. Ahora se propone acabar con la guerra. Pero no con palabras.