La semana pasada, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un paquete muy importante de reformas que abarcan virtualmente cada área importante de las instituciones y mercados financieros del país. Presumiblemente uno de los objetivos específicos consiste en establecer nuevas condiciones que aminoren los efectos de cualquier futura devaluación. Sin embargo, en las mencionadas reformas falta todavía introducir algunos elementos claves que contribuyan a este fin.

Vale recordar que una de las causas que contribuyó a la devastadora devaluación de diciembre de 1994 fue la falta de información puntual y precisa sobre la evolución del nivel de reservas a lo largo de ese fatídico año. Las únicas autoridades que disponían de esa información eran los directivos del Banco de México, pero por ley no estaban obligados a publicar los datos sobre las reservas más que tres veces al año. De allí que, por ejemplo, cuando se produjo el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo, produciéndose una fuga de capitales por el orden de 8 mil millones de dólares, el banco central no informó detalladamente a los mercados de esta situación, lo que inevitablemente hubiera provocado un ajuste técnico, previniendo la devaluación mucho más grave que se produjo al finalizar el sexenio.

Los autores de la actual reforma financiera insisten en que desean otorgarle un mayor grado de autonomía al Banco de México, reduciendo la participación de la Secretaría de Hacienda en la formulación de la política de cambios. Esta medida puede ser conveniente pero en sí misma no es suficiente para asegurar una mejor administración monetaria. Igualmente importante es que se garantice que las autoridades del instituto central proporcionen información precisa, confiable y muy frecuente sobre todas las variables que maneja o vigila, incluyendo reservas, emisión y circulación de billetes y de deuda pública, estadísticas económicas y financieras y desempeño de cada uno de los bancos del sistema nacional.

No parece existir discrepancia con respecto a la necesidad de que el instituto central cuente con mayor independencia en el manejo de la política de cambios pero que también asuma mayor responsabilidad en informar al Congreso y a los mercados de la evolución de estas variables claves y de su propio desempeño. De allí que se debiera ampliar el artículo 51 de la actual ley del Banco de México, ampliándolo y obligando a las autoridades bancarias y monetarias a informar más cuidadosa y rigurosamente al público cómo están operando los bancos que, además, deberán ser vigilados por la Comisión Nacional Bancaria.

La falta de esta información fue causa de desastres financieros recientes que abarcan desde devaluaciones hasta estafas multimillonarias de bancos particulares. Para evitar una potencial irresponsabilidad futura, por consiguiente, es necesario que se intensifique la regularidad y detalle con los cuales el gobernador del Banco tendrá que informar a los legisladores y al público de sus planes y acciones. Pues, en efecto, no se trata de un banco privado sino de una entidad pública cuya primera responsabilidad es asegurar la salud económica de todos los ciudadanos y no simplemente los intereses de la élite financiera.