Para la democracia política hacen falta cuando menos tres condiciones, credibilidad, mecanismos de negociación para dirimir los conflictos y reepresentatividad. La confrontación, que significa la aniquilación del oponente, no conduce al fortalecimiento de un proceso democrático, porque con todos sus defectos, la democracia política es hoy por hoy el mejor sistema para incorporar el cambio en una sociedad, sin recurrir a la violencia. Por eso cuando un conflicto ha llegado a un punto irreductible como es el caso de Chiapas, es indispensable retroceder un paso, con el fin de abrir un espacio para el diálogo.

Es motivo de preocupación que el titular de la Secretaría de Gobernación muestre incomprensión tanto de las causas del conflicto como de las posibles vías de solución. No es un grupo radicalizado de guerrilleros el que ha causado el conflicto en Chiapas durante cuatro años, ni sería su ``eliminación'' lo que podría resolverlo. Antes al contrario, una solución de fuerza por parte del gobierno federal, probablemente provocaría muchos más conflictos en todo el país.

Es evidente que el EZLN no tiene la capacidad de aniquilar militarmente al Ejército Mexicano, por lo que la presencia de éste en la zona de conflicto no es indispensable para la seguridad nacional. La seguridad en la zona de conflicto debería descansar en todo caso en la policía civil y en cambio sí se debería proceder a desarmar a los poderosos grupos paramilitares que han venido actuando bajo la mirada complaciente del ejército. De todos los operativos militares que se han realizado de diciembre de 1997 a la fecha, en ningún caso ha quedado claro que se han decomisado armas de alto poder del tipo usado en Acteal.

La presencia del Ejército en la zona de conflicto significa un agravio a la dignidad de los pueblos indios, que se pretende que negocien la paz con las armas apuntando sobre su cabeza, pero además ha obligado a más de 7 mil personas a convertirse en desplazados que viven en condiciones miserables y crean conflictos intercomunitarios gravísimos. Si coincidimos en que es peligroso e inhumano seguir alargando el conflicto de Chiapas y verdaderamente se trata de encontrar caminos para la paz, parece evidente que hay necesidad de un nuevo punto de partida para el diálogo que no implique echarle toda la culpa a la otra parte. Dadas las condiciones mínimas para el diálogo, al EZLN debería mostrar interés por reanudarlo.

El EZLN representa algo distinto del gobierno federal, de hecho se podría decir que el conflicto tiene su origen precisamente en que las instancias de representación política existentes a nivel nacional y local, no representan adecuadamente a los pueblos indígenas en México, por ello la solución del conflicto se podría encontrar al desarrollar nuevas formas de representación para un nuevo actor político: los indigenas. De ahí la importancia de que ellos, y no otros, sean reconocidos como sujetos de derecho. El argumento de que la noción de pueblo indio podría dar lugar a cruzar otras esferas del poder local y hasta las fronteras internacionales, es un asunto que se puede resolver al precisar el concepto de pueblo indio tanto en el texto constitucional, como en la ley reglamentaria, pero lo importante es reconocer la identidad de un actor que había sido excluido de nuestra historia.

Es cierto que Marcos no tiene el monopolio de la representación indígena, pero tampoco la tiene el gobierno, ni los partidos, hay que reconocer que ése es el problema de origen. Si el gobierno también realizó una consulta, en todo caso se trata de dos sectores de la población indígena, los grupos zapatistas y los que asistieron a la consulta gubernamental, no se puede desconocer a ninguno de los dos. Por otra parte, insistir en desconocer a la Conai y a la Cocopa conduce a socavar la credibilidad de las instancias que mayor reconocimiento han merecido de la sociedad en general.