Antier en la capital morelense, diputados y militantes priístas exhibieron un comportamiento violento para intentar impedir, a golpes, la instalación del periodo extraordinario de sesiones del Congreso del estado y la aceptación por parte de ese órgano legislativo de una recomendación de la CNDH que lo insta a intervenir ante el clima de corrupción, ineficiencia en la impartición de justicia y violaciones a los derechos humanos que se vive en la entidad.

Este episodio deplorable, sumado a las manifestaciones de resistencia civil que empiezan a presentarse en Morelos, muestra el grado de deterioro al que ha llegado el régimen del gobernador Jorge Carrillo Olea y, con él, el priísmo de ese estado. A estas alturas es inocultable que tanto el Ejecutivo estatal como su partido han perdido el mínimo consenso que se requiere para gobernar.

Pero el empecinamiento del gobernador y del PRI morelenses, así como lo que parece ser su determinación de mantenerse en el poder al precio que sea, han generado un alud de señalamientos críticos no sólo en la entidad sureña sino también en el ámbito federal. Las dirigencias de los partidos opositores han expresado la necesidad de que Carrillo Olea deje el cargo, no sólo para posibilitar los graves hechos delictivos en los que han sido involucrados varios de sus colaboradores de primer nivel, sino también para posibilitar el saneamiento de los organismos policiales y de procuración de justicia de la entidad y para crear un escenario propicio a la recuperación de la gobernabilidad perdida.

En este contexto, resultan por demás significativas las declaraciones al respecto del presidente del CEN del PRI, Mariano Palacios Alcocer, por su deslinde ante Carrillo Olea y porque el máximo líder formal priísta, sin sumarse abiertamente a las voces que demandan la salida del gobernador morelense, retoma a fin de cuentas las exigencias principales de la oposición: hacer vigente el respeto a los derechos humanos en la entidad, restablecer en ella el estado de derecho, y atender los graves contrastes e injusticias sociales que afectan a una buena parte de la población de Morelos.

Tales señalamientos marcan un inequívoco distanciamiento del poder central con respecto al régimen de Carrillo Olea y acentúan el aislamiento de éste en el ámbito federal, por más que el grueso del priísmo local persista en apoyarlo. Asimismo, podrían indicar que el PRI nacional ha comprendido que, ante la determinación de la mayoría opositora en el Congreso local de ir a fondo en los procedimientos administrativos y políticos contra el mandatario estatal, una defensa a ultranza de éste no sólo implicaría un alto costo político para el gobierno federal y su partido sino que podría ser un esfuerzo inútil.