Acteal, muestra de la estrategia para ``rendir o exterminar'' al EZLN: Centro Pro

José Gil Olmos /I Ť En Chiapas hay una ``guerra'' que es necesario detener y por ello el gobierno debe dar muestras de que su afán de diálogo no es retórico, ``un mero recurso táctico'', afirma el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en el informe Chiapas, la guerra en curso, donde asegura que la masacre de Acteal es la muestra más clara de la estrategia político-militar que el gobierno ha puesto en práctica desde 1994 para ``rendir o exterminar'' al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

``La estrategia oficial frente al conflicto armado en Chiapas está formulada en términos de sitio, de acorralamiento y cerco del contrincante'', así como de ataques a las instancias de mediación, advierte el organismo en este documento que presentará en los próximos días y en el cual analiza en detalle los tres grandes episodios de la ``guerra oculta''.

La guerra sucia, inadmisible

Las tres grandes ofensivas --enero de 94, febrero de 95 y diciembre de 97 a enero de 98-- no tienen base jurídico-política y tampoco legitimidad nacional e internacional. ``La llamada guerra sucia no puede desarrollarse sino en el quebrantamiento profundo del estado de derecho, lo cual resulta socialmente inadmisible'', apunta la asociación civil desde el inicio de su informe.

En un recuento de los cuatro años del conflicto en Chiapas, esta organización señala que las decisiones gubernamentales han sido tomadas y ejecutadas con más o menos continuidad ``dentro de una preocupante subordinación de la autoridad civil a los planes definidos por instancias de seguridad nacional'' cuyos intereses empatan ``con el de los poderosos grupos económicos de la entidad, sujetos privilegiados del proyecto económico oficial''.

Así, en el informe de 85 páginas, el centro de derechos humanos sostiene que en Chiapas ``la política es la continuación de la guerra, por otros medios''.

Urge evitar más violencia y muertes

En su análisis, Prodh señala la existencia de ocho elementos que caracterizan la estrategia gubernamental para enfrentar a los zapatistas: ofensivas militares, persecución policiaca, hostigamiento a las comunidades, acoso a observadores extranjeros, ataques a las instancias mediadoras, firma e incumplimiento de acuerdos, aliento de grupos paramilitares y discursos ``pacificadores''.

Estas son las modalidades de una ``guerra prolongada'' que es necesario detener para evitar más violencia y muertes, sostiene el organismo al proponer seis pasos fundamentales para crear las condiciones de la reanudación del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.

En primer lugar, el desmantelamiento de los grupos paramilitares, para lo cual se requiere que las autoridades federales y estatales les retiren su apoyo institucional político o económico, y que la PGR lleve hasta sus últimas consecuencias una investigación sobre el origen y sustento de estos grupos. Esto es, que se les desarme y desmantele.

En segundo término atender, mediante un efectivo control civil, la situación militar. La propuesta es que disminuya la presencia castrense en la zona de conflicto, se replieguen de las comunidades indígenas y se encuartelen las tropas.

Como tercero, que se actúe conforme a derecho en la administración y procuración de justicia. Es decir, que se investigue hasta el fin la masacre de Acteal, con la intervención de la Suprema Corte. Asimismo, se resuelvan los casos pendientes de los zapatistas presos y que la Ley de Armas de Fuego sea aplicada por una autoridad civil y no por el Ejército.

En cuarto lugar, el respeto irrestricto al marco legal y a los compromisos gubernamentales, como son la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y los acuerdos de San Andrés.

En quinto, el respeto y fortalecimiento de las comisiones Nacional de Intermediación (Conai), de Concordia y Pacificación (Cocopa) y de Seguimiento y Verificación (Cosever).

Como último punto, propone la atención de los ``desplazados de guerra'', con la creación de las condiciones de seguridad para su retorno a sus lugares de origen, la intervención de la Cruz Roja Internacional y la ayuda humanitaria a través de organismos civiles. Ideas contrarias a la postura oficial, que propone que la ayuda sea a través de la CNDH y la Cruz Roja Mexicana.

La ``guerra oculta''

Sostiene el Prodh que para que un gobierno pueda hacer uso de la fuerza pública, ésta debe aplicarse con razón y motivo fundado en la ley, porque de otra manera ``quien la ejecuta y ordena se ubica en la ilegitimidad''.

Centrado entonces en la búsqueda de la legitimidad política y jurídica en sus ataques al EZLN --quien a su vez ya ganó la legitimidad nacional e internacional de su lucha indígena--, el gobierno federal ``recurrió al artificio y buscó disfrazarlas o realizarlas clandestinamente, es decir, ocultando y negando hasta cuando fuera posible cualquier denuncia o información que se fugara''.

Pero al toparse con la imposibilidad de ocultar la estrategia, según el Prodh, se decide tergiversar y confundir las acciones y ``proteger'' su buen desarrollo con el uso de algunos medios informativos.

``En los manuales de contrainsurgencia esto se formula como control de los medios de comunicación para limar el impacto de las acciones de guerra en la sociedad'', señala el organismo y cita la participación de Televisión Azteca en la campaña de desprestigio a los visitantes extranjeros.

En resumen, el centro de derechos humanos asegura que la estrategia oficial de acorralamiento para hacer rendir o ``exterminar'' al Ejército Zapatista de Liberación Nacional sigue en marcha.

``No de otra manera es posible explicar las acciones desarrolladas para socavar sistemáticamente las iniciativas civiles por la paz con justicia (¿por qué no firmar esta paz, cuando las condiciones han estado dadas?), los discursos oficiales de `reconciliación' sin contenido ni contraparte en los hechos (¿por qué tal sincronía entre los ofrecimientos oficiales de `diálogo' y la violencia impune policiaca militar y paramilitar?), el avance militar sobre posiciones del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los ataques a las instancias de mediación (¿y la Ley del Diálogo?)'', concluye el documento del organismo de derechos humanos.