Los dos recortes sucesivos al presupuesto de la Federación para 1998 afectarán a la capital, los capitalinos y su gobierno por dos caminos distintos: por la reducción de las transferencias directas de la Federación, y por la disminución de las inversiones y acciones operativas de los organismos federales en el Distrito Federal. Como es habitual en sistemas políticos autoritarios, los recortes fueron decididos en la cúpula del poder institucional, sin pasar por los órganos legislativos encargados por ley de aprobar el presupuesto y vigilar su operación, ni consultar a los contribuyentes y usuarios.
Conocemos la causa aparente inmediata de los recortes: la caída de los precios del petróleo. Es menos clara la explicación de fondo y la forma como se distribuyeron los recortes. La dependencia fiscal de los ingresos petroleros externos, cuya proporción es tres veces mayor a la participación en las exportaciones, muestra que el régimen fiscal vigente no responde a la situación económica y social actual y es necesaria su reforma a fondo; pero el tema es muy espinoso, pues involucra sobre todo los intereses del gran capital nacional y trasnacional, lo que lo hace casi intocable. Por esta y otras razones, quienes afirman que se trata sólo de ``causas externas'', están ocultando que entre lo interno y lo externo a una sociedad o institución hay relaciones indisolubles y mutuos condicionamientos. A pesar de la fuerte caída de los precios mundiales, en México los precios de los derivados del petróleo siguen subiendo, y los consumidores seguimos pagando otra incoherencia de la ``economía de mercado'' en su versión neoliberal.
``Recortar el presupuesto para defender el crecimiento económico'' suena bien, pero es una frase sin sentido real. A pesar del discurso de ``adelgazamiento del Estado'' y del desmantelamiento acelerado del sector público, es evidente que el Estado no desaparece, sólo cambia sus funciones, abandonando su responsabilidad social y dedicándose sobre todo a ``facilitar'' la acción del gran capital privado. El apoyo multimillonario a los banqueros para salvarlos de la quiebra en 1995, y el ``rescate'' de las carreteras concesionadas, cubiertos por los contribuyentes, son muestras. Los dos recortes, recesivos por naturaleza, han llevado las expectativas de crecimiento económico hacia la baja, disolviendo la ilusión de 1997, del caballo desbocado del crecimiento. Habrá que ser más cautos.
Aquí y en cualquier país del mundo, el gasto público tiene múltiples explicaciones y aún más relaciones estructurales con el crecimiento. La reducción del gasto en infraestructura, luego del fracaso de las carreteras privatizadas y otros similares, se convierte en freno al crecimiento económico del que ésta es condición esencial. Si a ello sumamos la reducción evidente del gasto social, lo que está en juego es, otra vez más, el desarrollo, es decir, el mejoramiento de las condiciones de vida de todos los mexicanos. Es particularmente grave la reducción de recursos para la educación pública en todos sus niveles, derecho humano, factor clave del desarrollo económico y social, y de la productividad y la movilidad social.
El altísimo porcentaje de rechazados en los niveles medio superior y superior en la capital, muestra cómo el sistema educativo no responde al crecimiento de la demanda y a las necesidades del desarrollo nacional. El crecimiento incesante de la educación privada --que no ha demostrado objetivamente su mayor calidad y que elitiza el conocimiento-- no es una alternativa socialmente válida para las mayorías.
El gobierno del DF y los de los municipios conurbados en la zona metropolitana, verán reducirse los recursos para atender los agudos problemas de la gigantesca ciudad: seguridad pública, empleo, infraestructura y servicios, saneamiento ambiental, etcétera. Los ciudadanos tendremos que hacer un análisis riguroso de las responsabilidades del gobierno federal y los locales, para no culpar a quien culpa no tiene. De todos modos, tendremos que posponer nuevamente, sin fecha, la esperanza de satisfacción de nuestras necesidades.