Crea la PGR una fiscalía especial para la matanza de indígenas en Acteal

Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31 de marzo Ť El procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, anunció hoy aquí la creación de una fiscalía especial que deberá encargarse de concluir las investigaciones sobre la matanza ocurrida en Acteal, el 22 de diciembre del año pasado.

Efrén González Pola fue designado como titular de esta instancia, la cual además deberá investigar la situación de los grupos civiles armados que existen en Chiapas y el tráfico de armas en este estado.

Madrazo Cuéllar informó también de la creación y puesta en funcionamiento, desde este martes, de tres agencias del Ministerio Público federal en los municipios de Pantelhó, Tila y Ocosingo, correspondientes a las zonas Selva, Norte y los Altos. Las agencias contarán con personal bilingüe originario de su zona asignada, para brindar mejor atención.

En conferencia de prensa, el procurador manifestó que el asesinato de 45 indígenas ocurrido hace tres meses en la comunidad de Acteal, a manos de un grupo de civiles armados, se debió a la ausencia del estado de derecho en ese municipio y a la corrupción de los cuerpos policiacos del estado de Chiapas.

Agregó que entre las 14 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar y 13 más que fueron negadas por el juez primero de distrito --resolución esta última que el Ministerio Público federal ya apeló--, hay algunas que fueron dictadas en contra de ex funcionarios públicos.

Los esfuerzos realizados por las autoridades municipales de Chenalhó para detener la polarización y enfrentamiento entre los grupos simpatizantes de las autoridades legalmente constituidas, y otros que apoyaban al EZLN, no fueron atendidos por las autoridades estatales, quienes ``propiciaron que el clima de enfrentamiento e impunidad continuara agravándose'', señaló Madrazo, en relación al clima que prevalecía en la zona antes de la matanza del 22 de diciembre.

A raíz de esta situación, abundó, una de las partes, la que apoyaba a las autoridades constitucionalmente establecidas, formó un grupo de gente armada, quienes compraron armas de alto poder y contrataron ex militares y ex policías (para) que les enseñaran a utilizarlas, siendo además auxiliados por efectivos de la policía de Seguridad Pública que les ayudaron a transportarlas.

El titular de la PGR recordó también que el 22 de diciembre, fecha en que se efectuó la matanza de los 45 indígenas, se acreditó que 40 elementos policiacos se encontraban a orillas de la carretera de Acteal durante las horas en que ocurrieron los hechos, quienes estaban bajo el mando de tres servidores públicos de la Coordinación de Seguridad Pública, entre ellos el director de la Policía Auxiliar y jefe de asesores de la coordinación.

Los ex servidores públicos, añadió, además de negarse a intervenir para detener los hechos, no solicitaron ayuda a los 250 elementos de seguridad pública que se encontraban en la zona, negando incluso lo ocurrido a sus superiores.

Por lo anterior, dijo, se concluye que los hechos que desembocaron en la matanza de Acteal se debieron ``a la ausencia del estado de derecho en ese municipio, a la presencia efectiva de la autoridad y a la corrupción de los cuerpos policiacos del estado de Chiapas''.

Al hacer un balance de las investigaciones y acciones de la PGR, luego de haber atraído la investigación, Madrazo Cuéllar informó que se iniciaron las averiguaciones previas 78/I/98, 79/I/98 y 126/I/98, para determinar si las conductas omisivas de los servidores públicos de la PGJE son constitutivas de delito; indagar sobre los instigadores, auxiliadores y otros autores materiales; para ver también la responsabilidad de ex servidores públicos del gobierno del estado de Chiapas, por no intervenir en la solución de los conflictos desarrollados con anterioridad al 22 de diciembre; la existencia y organización de los grupos de civiles armados, así como la participación de grupos u organizaciones en la introducción clandestina de armas de fuego.

El funcionario recordó que se ha ejercitado acción penal en contra de 124 personas, 92 de las cuales están privadas de su libertad y sujetas a proceso. Entre ellas se encuentra un grupo de 113 civiles, presuntos autores materiales, y 8 ex policías de Seguridad Pública, por su auxilio en los delitos de transportación y portación de arma de fuego.

Explicó que 14 órdenes de aprehensión se encuentran pendientes de ejecutar, debido a que los inculpados están prófugos de la justicia. Existen también 13 órdenes de aprehensión, algunas dirigidas en contra de ex funcionarios públicos. Sin embargo, dijo, el juez primero de distrito, Alejandro Navarro, consideró que estas últimas no estaban integradas con todos los elementos del tipo, por lo que negó su ejecución, a lo que el MPF apeló.

El titular de la PGR dejó entrever que entre los ex funcionarios sujetos a un probable juicio penal está el que fuera procurador de Justicia del estado hasta mediados de 1997 y posteriormente, cuando se dieron los hechos de Acteal.

``Nosotros tenemos que ver hasta dónde llega la responsabilidad de los ex servidores, hasta dónde llega la línea de mando de haber indicado que no actuaran teniendo la obligación de hacerlo. O de haber indicado que se le diera armas al grupo agresor. Esta línea de investigación aún no ha sido agotada'', subrayó.

Para el mes de abril, dijo, se espera determinar si hay responsabilidades penales, administrativas o políticas por parte de los ex servidores públicos, y de acuerdo con lo que se acredite en las pruebas que obran en los expedientes, se determinará lo conducente.

Madrazo Cuéllar abundó que se sigue otra línea de investigación en torno a los grupos armados pertenecientes a Chenalhó, quienes, con base en los hechos anteriormente descritos, se constituyeron por la ``negligencia en la procuración de justicia, que generó impunidad'', y la constitución de delitos que llegaron incluso al homicidio, amenazas, robos, privación de la libertad y asociación delictuosa, ``los cuales fueron denunciados con toda oportunidad ante la Subprocuraduría de Asuntos Indígenas de la PGJE, dando lugar a por lo menos 34 averiguaciones previas, en las cuales durante el lapso de un año no se practicaron las diligencias indispensables para su integración''.

Ante los hechos, subrayó, la PGR atrajo ya las 34 averiguaciones, donde la mayoría de los ofendidos son algunos de los probables responsables de los hechos del 22 de diciembre.