Tradicionalmente, en la ciudad de México los denominados giros negros han venido operando en los límites de la legalidad y en zonas ambiguas de la normatividad reglamentaria, cuando no en abierta infracción de las leyes. Ello ha sido así porque, si bien el funcionamiento de cabarés y centros nocturnos no tiene porqué implicar la comisión de ilícitos, tales negocios resultan, para muchas mentalidades puritanas, intrínsecamente condenables. Aprovechando esta contraposición entre giros negros y las posturas morales de algunos sectores, en las sucesivas administraciones urbanas, conocidas como regencias, se desarrollaron políticas de control discrecionales y corruptas basadas en la extorsión sistemática.

Esta relación impulsó las violaciones sistemáticas a los reglamentos, alentó la operación irregular de bares, cabarés y centros nocturnos, y propició la proliferación, en ellos, de ambientes por demás sórdidos, cuando no abiertamente delictivos. A los negocios lícitos de espectáculos nocturnos y consumo de bebidas alcohólicas se asociaron, en muchos casos, actividades como la explotación de sexoservidores de ambos géneros, el tráfico de drogas y la prostitución infantil. En tanto, en el ámbito de la administración pública proliferó el negocio, mucho más lucrativo, de la venta de protección por parte de inspectores, funcionarios delegacionales y miembros de diversas corporaciones policiales.

En la delegación Cuauhtémoc, que es en la que opera el mayor número de esta clase de establecimientos, se ha emprendido, de diciembre del año pasado a la fecha, un rápido desmantelamiento de las relaciones de corrupción entre autoridades y propietarios, empezando por el fin del entre semanal que los funcionarios delegacionales exigían a los segundos para permitirles la operación de sus negocios. Ello ha tenido una inmediata respuesta por parte de la Unión Unica de Bares, Cabarets y Centros Nocturnos, cuyo presidente, Raúl Díaz Hernández, manifestó ayer la disposición de sus agremiados de colaborar con las autoridades en el combate a la delincuencia y de llegar a acuerdos con los vecinos para que los negocios referidos no causen molestias a la comunidad.

Lo anterior constituye un ejemplo auspicioso de que los más complejos conflictos urbanos pueden resolverse si existe voluntad política para gobernar con apego a derecho y espíritu de negociación y concertación, y que, fuera de la lógica de la corrupción con la que se administró la ciudad en las últimas décadas, se crean condiciones propicias para aislar, enfrentar y derrotar la delincuencia y la inseguridad urbanas.