La Jornada 30 de marzo de 1998

``Crisis social'' si cierran ingenios, aseguran sus propietarios

Angélica Enciso L. Ť A casi una década de que comenzó la reprivatización de ingenios azucareros, sus propietarios se enfrentan a una deuda que creció 67 por ciento con la crisis de 1994; a la reducción del consumo interno, y a excedentes en la producción que no han sido colocados en el mercado internacional debido a la baja del precio.

En entrevistas por separado, propietarios de algunos de los 14 grupos que concentran los 60 ingenios azucareros del país coincidieron en que es necesaria la apertura del mercado de Estados Unidos --cuyo consumo es de 10 millones de toneladas al año--, pues cerrar algún ingenio sería un problema social.

A esa crisis se sumó el excedente del dulce que había en 1993 por las altas importaciones que se hicieron, y ahora también las de alta fructosa de jarabe de maíz originarias de Estados Unidos y destinadas a la industria refresquera, las cuales han sustituido más de un millón de toneladas de azúcar en dos años.

La deuda de los ingenios azucareros ha sido resultado de ``malas decisiones tomadas en los últimos años, motivadas por el desorden comercial y financiero'', consideró Rodolfo Perdomo, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA).

Estimó que el resultado de la privatización ha sido positivo porque se pasó de ser un país importador de azúcar a exportador. Pero, resaltó, el ``principal defecto fue que se rompieron esquemas, como la comercialización centralizada y el financiamiento, sin que se establecieran mecanismos alternos''.

Perdomo, propietario del ingenio San José de Abajo de Cuitláhuac, Veracruz, aseguró que los 20 ingenios que están por quebrar son los que enfrentan mayores problemas financieros. Planteó que para apoyar a estos establecimientos así como al resto de la industria es necesaria una política que estabilice el mercado interno con mejores precios para contar con ingresos y financiamientos.

Por su parte, Enrique Molina, del Grupo Escorpión, propietario de nueve ingenios, explicó que los excedentes de azúcar no deberán obligar a bajar la producción, ya que si ello ocurre algunos ingenios deberán cerrar. La opción es lograr una desgravación acelerada del azúcar en el Tratado de Libre Comercio. Precisó que el cierre de algún ingenio generaría problemas sociales.

El Grupo Machado, con cinco ingenios en Veracruz, Oaxaca y Jalisco, tiene una deuda de 100 millones de dólares que creció 67 por ciento por la restructuración en Udi y la inflación, ya que originalmente era de 300 millones de pesos, explicó su director general, Alfredo Peláez.

Indicó que este grupo produce entre 400 mil y 500 mil toneladas, con las cuales su participación en el mercado nacional es de 10 por ciento. Sin embargo, ante los rumores de que algunos de sus ingenios quebrarían, aseguró que han cumplido con sus compromisos ante Financiera Azucarera (Finasa). Agregó que de una planta industrial dependen cerca de 10 mil familias y cerrar alguna implicaría un grave problema social.

Juan Gallardo Thurlow, del grupo GAM, que cuenta con seis ingenios y destina a la industria refresquera --Pepsi Cola, de la cual es embotellador-- el 8 por ciento de las 550 mil toneladas que produce, explicó que para hacerse de recursos la empresa se constituyó en pública, el año pasado colocó un bono en el mercado internacional a siete años, y con capital privado lograron acumular 220 millones de dólares que fueron aplicados para pagar la deuda que tenían con Finasa. Otra parte, explicó, serán para continuar con la modernización de los ingenios; en tres de ellos, Tala en Jalisco, Taretán en Michoacán y Benito Juárez en Tabasco, ya concluyó ese proceso, pero en tres más que ese grupo adquirió el año pasado está pendiente, por lo que prevé una inversión de 40 millones de dólares.

Aarón Sáenz, propietario de tres ingenios ubicados en Tamaulipas y Jalisco, y cuya familia ha participado en esta industria por tres generaciones, aseguró que el sector atraviesa por un momento difícil, pero siempre ha tenido sus ``altas y bajas''.

Dijo que financieramente sus ingenios son sanos y el consumo de su producción está prácticamente asegurado, ya que 55 por ciento lo venden a la industria refresquera, galletera y confitera, y el resto se coloca en el mercado doméstico.

Respeto al TLC

Alberto Santos de Hoyos, nuevo presidente de la CNIAA y propietario, entre otros, del ingenio Puruarán que cerró hace meses, indicó que la industria azucarera tiene una orientación social ya que hay 300 mil personas que trabajan en el campo cañero de manera directa. Con excepción del maíz, aseguró, la caña de azúcar es el producto que genera más ingresos en el campo mexicano.

Agregó que con el tamaño del mercado doméstico, que consume cerca de 4 millones de toneladas de azúcar, al exportar el excedente y compartir el costo de exportación, tanto al sector industrial como al cañero se les garantiza un equilibrio entre la oferta y la demanda interna con lo que se podrán tener precios suficientes para garantizar la viabilidad de la industria azucarera.

Un reto que enfrentará al frente de la CNIAA es que a mediano plazo se insistirá en que Estados Unidos respete el espíritu del TLC, agregó. En este momento, dijo, es injusto el trato que ese país da al mercado azucarero, ya que a pesar de tener un consumo de 10 millones de toneladas, a México le compra 25 mil toneladas, mientras que a Perú, que es importador del dulce tanto para consumo interno como para exportar a Estados Unidos, le compra 80 mil toneladas.

Explicó que si México logra captar ese mercado podrá generar un millón de empleos directos en el campo y habilitar un millón de hectáreas más para la producción del dulce. Para el 2000 ``pelearemos'' el acceso directo, sin arancel, a ese mercado para enviar ahí todos los excedentes, ya que el tratado original establece este proceso a partir de octubre de ese año. Precisó que la CNIAA acudirá a los tribunales internacionales para lograr una declaración de nulidad de las ``cartas secretas'' de los entonces secretarios de Comercio de ambos países, en las que se modificaron los términos de negociación del azúcar en el TLC.