León Bendesky
Arreglos financieros: otra vuelta a la tuerca

El gobierno propuso hace unos días un conjunto de medidas para fortalecer al sistema bancario. Esto es un paso más en la administración de la crisis económica de 1995, y pone de manifiesto la fragilidad que marca todavía al sistema financiero del país y especialmente a los bancos. Las propuestas involucran cambios legales que deberán ser debatidos y en su caso aprobados por el Congreso. Con esto se busca modificar la situación actual de una serie de cuestiones de tipo institucional, de la definición de los derechos de propiedad y de las finanzas públicas.

El sistema bancario no está aún a salvo de una nueva crisis y el costo en el que se incurre para salvaguardar esa estructura es cada vez más grande. A medida que pasa el tiempo la banca se ha ido capitalizando, pero todavía de modo insuficiente y persisten los riesgos asociados con una abultada cartera vencida. Mientras la economía siga operando con altas tasas de interés y, sobre todo, en tanto no se recomponga la capacidad de la población de generar ingresos, los bancos no podrán sanearse de modo efectivo y, más importante aún, no harán la tarea que les corresponde para sostener el proceso de crecimiento, es decir, financiar la producción. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) se dio un plazo de gracia de hasta diez años para la apertura total del sistema financiero. Esto significaba que ese sector estaba de alguna manera protegido de la inversión extranjera. Esa parte del TLC se sostuvo apenas un par de años, puesto que a partir de la debacle de 1995 se ha ido permitiendo la participación de instituciones extranjeras en la propiedad de los bancos. Ahora se pretende ampliar el margen de esa participación a la totalidad del capital. Este no es un asunto de nacionalismo económico, sino que evidencia la manera en que han cambiado las bases del financiamiento en la economía mexicana y éste sí es un signo de debilidad asociada con la gestión económica de los tres últimos lustros, incluida la apertura comercial y financiera. El argumento técnico de la necesidad de capitalizar a los bancos no puede soslayar ese hecho básico de la estructura de la economía y de las pautas de gestión que se han aplicado.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) está en el centro de las nuevas propuestas. Ante la velocidad y la profundidad de la crisis se usó el mecanismo del Fobaproa para atender la virtual quiebra de los bancos. Mediante ese fondo se ha canalizado una enorme cantidad de recursos públicos para solventar las cuentas de los bancos. Ahora se propone lo que era inevitable, es decir, convertir esos recursos en deuda pública. El asunto no es menor en cuanto a los montos involucrados y su repercusión económica. La conversión de los recursos del Fobaproa en deuda interna significará que ésta aumente de 27.9 por ciento del PIB hasta 42.2 por ciento. El efecto financiero de este aumento se sentirá en las presiones para administrar esta deuda, o sea, un impacto alcista en las tasas de interés y un apretón más a la contención del mercado interno. No es convincente el argumento oficial de que aun con este aumento de la proporción de la deuda pública con respecto al PIB, México estaría muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. El asunto no es de comparaciones es de la forma en que el funcionamiento de la economía puede soportar la carga de la deuda. De otra forma también se debería argumentar que puesto que la economía creció 7 por ciento en 1998, México es de los países más avanzados del mundo. Sólo un país que sale de una crisis tan profunda como la más reciente de hace un par de años puede crecer a esas tasas y sólo por una vez.

Una vez limpiado el Fobaproa de sus pasivos y habiéndose socializado el costo de las pérdidas del sector bancario privado, se propone crear una institución encargada de deshacerse de sus activos. Al respecto es crucial que esta entidad fije de modo muy claro sus mecanismos de operación puesto que de otro modo se permitirá lo que puede llamarse una ``clonación'' financiera cuando los antiguos dueños de esos activos puedan volverlos a adquirir y con un descuento. No son muchos los que tienen el dinero para comprar esos activos y ésta sería otra forma de socializar las pérdidas del sector privado. Al mismo tiempo que se crearía la llamada entidad de recuperación, se propone crear un seguro de depósitos, que cubriría a los ahorradores por un monto determinado ante la quiebra de un banco. Con ello el gobierno dejaría de ser el garante total de los depósitos bancarios. Esto no está mal en teoría, pero dada la experiencia reciente del sistema financiero y la inefectividad de las prácticas de supervisión bancaria y hasta de la procuración de justicia, sería necesario antes reformar de modo real y sobre todo convincente la institucionalidad de las empresas financieras para aceptar el riesgo de mantener nuestro dinero en ellas.

Estos temas serán prácticamente el centro de la actividad legislativa en este segundo periodo de sesiones que debe terminar el 30 de abril. La responsabilidad del gobierno y de los legisladores es muy grande. No se trata solamente de evitar una nueva crisis en lo que resta de este sexenio. Y tanto el gobierno como los diputados y senadores deben hacer un esfuerzo por leer los labios de la mayoría de la población. ¡Es la economía...!