ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Empleados del gobierno federal que se dedican a ayudar en materia legal a los trabajadores que no tienen recursos para pagar abogados particulares, son víctimas de violaciones a sus derechos laborales por parte de la misma institución a la que sirven.

Virtuales defensores de oficio en materia laboral -pues brindan asesoría a trabajadores sin recursos para emprender demandas en tal ámbito y les representan en los juicios desarrollados contra patrones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje-, varios empleados de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) han sido notificados, formalmente, de que su jornada de trabajo será incrementada por decisión unilateral de la parte gubernamental y, además, informalmente, de que su condición de trabajadores de base podría ser cambiada por la de confianza.

De esa manera, según denuncia hecha llegar a esta columna por trabajadores que se identificaron plenamente pero cuya identidad se mantendrá en reserva, se pretenden modificar sus condiciones individuales de trabajo en contra de lo establecido en la Constitución General de la República, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, los convenios internacionales firmados por México en su carácter de socio de la Organización Internacional del Trabajo, y las Condiciones Generales de Trabajo de la Profedet.

En la casa del herrero...

Es decir, en materia de justicia laboral, sucede que en la casa del herrero, azadón de palo. Tal es la circunstancia que se vive en la Profedet, dependencia a cargo de Francisco Rojas Cuevas y desconcentrada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La insólita pretensión agresora de los derechos laborales se funda, según documentos oficiales a la vista de esta columna, en ``las observaciones realizadas durante la auditoría practicada en esta institución en 1997 por la contraloría interna de la Secretaría del Trabajo, relacionada con la regularización de horarios del personal de esta procuraduría''. Con fundamento tan sólo en tales ``observaciones'', haciendo a un lado leyes y Constitución, se les notifica a los trabajadores que ``a partir del 1 de abril del presente año'' su horario será cambiado e incrementado en tiempo.

Aplicando las citadas ``observaciones'', se desconocen en los hechos los términos específicos en los que se estableció la relación laboral entre trabajador y patrón. Cada uno de los empleados tiene plenamente definidos, en su nombramiento y en otros documentos oficiales, cuando menos los siguientes rubros: puesto y categoría, salario y prestaciones, funciones a desempeñar, adscripción, jornada de trabajo y horario de trabajo. Ahora, al pretender incrementar el número de horas de trabajo, como consta documentalmente, y cambiar la condición de base a la de confianza, según referencias orales que los trabajadores allegan a esta columna, se modifica unilateral e ilegalmente tal relación de trabajo.

Sin embargo, y a pesar de contar con los testimonios antes mencionados de los trabajadores, el autor de esta columna buscó esclarecer con el titular de la Profedet, Francisco Rojas Cuevas, el origen y el alcance de la medida anunciada para entrar en vigor el próximo primero de abril. El funcionario aseguró de diversas maneras que no había violaciones a los derechos laborales ni incremento a jornadas de trabajo sino, simplemente, un reacomodo de horarios. Aseguró que él no podría permitir que en la institución defensora de los trabajadores se lastimaran los derechos de los propios.

Sin embargo, la versión del procurador federal del trabajo resultó falsa, pues los documentos entregados a Astillero muestran sin lugar a dudas que hay un aumento en las horas de trabajo de varios empleados a quienes ya se han notificado las ``regularizaciones de horario''. Sin que conste a esta sección la veracidad de la versión, los trabajadores afectados reportaron altamente preocupados el hecho, dicen, de que el procurador Rojas Cuevas habría citado (al día siguiente de la llamada nocturna con Astillero) a los inconformes, en pequeños grupos, para decirles que gracias a amistades que tenía en La Jornada sabía de las denuncias hechas en su contra y de los nombres de los denunciantes. Según los trabajadores, se les había presionado, entre otras formas, recordándoles claramente el costo de las disidencias, sobre todo en tiempos de inminentes recortes presupuestales.

Las maniobras de la parte gubernamental no tienen ni siquiera una respuesta sindical, pues debido a controversias respecto al recién pasado proceso de elección de directiva, que llevó a impugnaciones y reposición de comicios, no hay en estos días quién represente aunque sea formalmente los intereses de los trabajadores.

De darse las cosas en los términos planteados por las autoridades para el próximo día primero, podremos ver el increíble espectáculo de que las autoridades de la Profedet comparezcan ante sí mismas, en la Procuraduría Auxiliar General de Asesoría, Conciliación y Quejas de la propia Profedet, para que esa institución respete los derechos de sus propios trabajadores. Luego, la Procuraduría Auxiliar General de Defensoría y Conflictos de la misma Profedet, deberá demandar a esta dependencia por violaciones laborales.

Libres, los pájaros alambreros

No es necesario estar en favor del movimiento desarrollado por Layda Sansores Sanromán -primero como candidata a gobernadora y luego en protesta por los claros indicios de fraude electoral en su contra- para darse cuenta de la gravedad que entraña la liberación de los tres operadores del centro de espionaje descubierto semanas atrás en Campeche.

Valente Quintana González, José Antonio Ayala del Río y Pompeyo Dante Omaya Díaz pagaron una cómoda fianza y salieron de prisión apenas 27 horas y media después de haber entrado. Ellos fueron los responsables materiales de una modernísima red de intercepción de llamadas telefónicas para espionaje político, y sus culpas fueron suficientemente demostradas con el material y las transcripciones encontradas en la casa de la calle 65 de la ciudad de Campeche, en donde se dedicaban a tales tareas.

Instalado durante el gobierno de Salomón Azar (el enriquecido ex gobernador, también impune) y financiado con fondos que, mientras no se demuestre lo contrario, se supondrá que fueron del erario estatal, el aparato cibernético de espionaje continuó a plenitud durante el gobierno actual, encabezado por José Antonio González Curi. Por primera vez, con el hallazgo hecho por la senadora Sansores y sus seguidores, se tuvo evidencia clara e irrefutable de la vigilancia ilegal e inmoral que desde ámbitos gubernamentales se realiza contra ciudadanos en general y activistas opositores en particular.

Pero, como si de lo que se tratase fuese de evidenciar los lazos de complicidad que generan impunidad, y refugiándose en tretas legaloides, los tres pájaros profesionales de los alambres ciudadanos fueron dejados en libertad, así sea provisional. Y no sólo eso, ahora se preparan los abogados de los espías para contrademandar a los sansoristas y, con ese nuevo pretexto, incrementar el atosigamiento y la represión contra el citado movimiento que, a pesar del paso del tiempo, sigue vigente.

Fax: 5 12 65 46 Correo electrónico: [email protected]