Masiosare, domingo 29 de marzo de 1998

En un editorial sobre el viaje del presidente Bill Clinton a Africa, The New York Times exhibió un orgullo desbordante, al hablar de las recepciones multitudinarias: ``(ese hecho) sugiere que la majestad de la presidencia americana nunca ha sido mayor aunque este presidente esté absorbido por problemas en Washington''.

Según el Times, la ``majestad'' de la presidencia estadunidense no sólo tiene que ver con el espléndido avión y la nutrida delegación de Clinton, sino con el punto de que ``América juega un papel mayor en el mundo como nunca antes. Si éste ha sido el siglo americano, nunca ha parecido más que en su década final... Las libertades y éxitos de América son envidiados en todas partes''.

La conclusión del rotativo es que la presidencia estadunidense es mayor que el individuo que ocupa el cargo, y que ``eso es especialmente cierto ahora que Estados Unidos tiene una posición tan dominante como el único superpoder diplomático y militar'' y es el país clave para ``la estabilidad mundial''.

El presidente y los hoteles

Para planear el viaje de Clinton a Africa se tuvieron que considerar muchos factores políticos y diplomáticos, pero también otro detalle fundamental: si la capital no contaba por lo menos con 650 habitaciones de hotel de alta categoría, el presidente no podría pernoctar en ese país. La delegación que acompaña al mandatario tuvo entre 800 y mil miembros.

Boletos de avión a 50 mil dólares

Un lugar en el avión del secretario de Comercio, en una gira internacional de promoción comercial, tenía un costo de 50 mil dólares (que debían entregarse como donativo al Partido Demócrata).

Lo anterior fue afirmado por una socia del fallecido secretario Ron Brown, durante un proceso legal en su contra en un tribunal de Washington. Nolanda Hill dijo que Brown le había mostrado cartas confidenciales (las cuales fueron destruidas) que indicaban que por órdenes de la Casa Blanca, el Departamento de Comercio tenía que vender lugares en el avión para delegaciones comerciales al exterior.

Estimado Masiosare:

Como sabes, en junio se votará en California la iniciativa del millonario R. Unz, quien de pronto aparece preocupado porque los niños latinos no aprenden inglés. Su solución: eliminar la educación bilingüe. El empresario está respaldado por muchos millones y buenos publicistas; las encuestas indican que triunfará, incluso con parte del voto latino. Pero su discurso, ``inglés para todos los niños'' oculta su objetivo: proscribir el uso del español. ¿Qué mejor manera de debilitar a un grupo social que arrancarle su lengua?

Al margen de lo que suceda con la iniciativa Unz, el ambiente hace florecer pasiones ocultas. Tenemos una maestra en San Diego a la que daremos el sobrenombre de Nancy. Es anglosajona y sus clases son en inglés. Parte de sus alumnos son latinos bilingües, que en ocasiones recurren a su lengua materna. Nancy ha decidido que esto es muy malo y merece castigo. Los niños han aprendido a decir: ``¿Puedo decir una palabra en español?'' Como en cualquier primaria, los alumnos acusan al compañero por decir groserías o golpear a otro. Ahora también por hablar en español en clases, en el almuerzo o incluso en el recreo. ¡Buena educación!

Nancy no es mala maestra. De hecho, tiene fama de ser dedicada. Esto es lo más terrible. La educación bilingüe divide a los docentes tanto como a la sociedad. No obstante, Nancy me parece un pájaro de mal agüero. Su experiencia muestra que el uso del español en las escuelas sólo podrá eliminarse con medidas coercitivas. Con todas las diferencias del caso, el poder en California hace a los mexicanos lo que el poder en México hace a los indígenas: tratar de exterminar su cultura.

Enrique Dávalos,
San Diego-Tijuana
[email protected]
(Carta resumida).

...o la autonomía indígena

según Albores

Piezas del trabajo de Roberto Albores Guillén, sustituto del sustituto en la gubernatura de Chiapas:

Cuando los campesinos acuden a recibir los recursos del Procampo les ponen como condición firmar la Iniciativa para la Reconciliación de Chiapas (de Albores). En esta materia, claro, el gobernador cuenta con el respaldo de la dependencia federal encargada de esos recursos: la Sagar.

En la ruta de que el gobierno ``cumple los acuerdos de San Andrés'', la administración estatal está formando juzgados de paz y conciliación en materia indígena, con el formato de los juzgados de paz civiles. La nueva figura jurídica sólo tiene facultades, denuncian organizaciones indígenas chiapanecas, para atender asuntos menores, como robos de gallinas y pleitos de borrachos. Además, sus resoluciones tienen que ser convalidadas por los juzgados de paz.

Un gran avance.

Armando Quintero, presidente del PRD en el DF, y Martí Batres, coordinador de los diputados locales de ese partido, se hablan muy poco. Pero tienen su Conai particular. ¿Quién? Acertó usted: se llama

Manuel Aguilera Gómez.

El 23 de febrero pasado, un diputado del PRI, para más señas miembro de la Cocopa, se acercó a integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, para decirles que ``un grupo de indígenas'' quería hablar con ellos.

Los observadores aceptaron.

Pronto descubrieron que la reunión era con la plana mayor del grupo Paz y Justicia, señalado en numerosas denuncias como paramilitar y afiliado incómodo del PRI.