El gobierno de la ciudad, la Asamblea de Representantes, los partidos políticos, las ONG, y un número creciente de intelectuales y simples defeños hemos comenzado a interesarnos por el tema de la participación ciudadana, atraídos por la ley que deberá ser aprobada y dar paso a la elección de consejeros en noviembre.

¿Pero, por qué una iniciativa de este tipo ahora sí podría tener éxito, a sabiendas del fracaso del intento anterior: la elección de consejeros ciudadanos de 1995 que no logró atraer a las urnas ni a 8 por ciento de los empadronados y que por lo mismo fue derogada?

Al revisar la ley aprobada en 1995 nos damos cuenta de algo increíble: los consejeros ciudadanos, antes de ser electos, en ningún momento estaban obligados a ser conocidos o a dar a conocer sus puntos de vista públicamente; nada los obligaba tampoco a convocar públicamente a la ciudadanía a la que iban a representar, y sólo exigía que un aspirante reuniera al menos 4 por ciento de las firmas inscritas en el padrón de su área vecinal. Una vez electo pasaba a formar parte de un órgano exterior a la ciudadanía: el Consejo Delegacional.

El fracaso de 1995 en el DF y las experiencias exitosas en América Latina y en Europa nos dejan claro que si en otros ámbitos de la sociedad y de la política la participación puede ser encargada a los representantes (como es el caso de los partidos), en el caso que nos ocupa el ``delegar'' funciones es la muerte de la participación.

Por fortuna todas las iniciativas que en las semanas recientes han surgido, tanto del gobierno de la ciudad como de la Asamblea de Representantes y del PRD (único partido que se ha expresado), han estado de acuerdo en una cosa: la colonia, el barrio, la unidad habitacional, el poblado, son los espacios insustituibles para plantear problemas desde la ciudadanía. A pesar de que éstas son unidades poco homogéneas (pueden ir de los 3 mil a los 30 mil o 50 mil habitantes), son las unidades básicas e insustituibles de participación, en ellas deben realizarse las asambleas ciudadanas periódicas, en su seno deben elegirse a las mesas o comités según los diferentes temas álgidos de cada una de esas unidades vecinales (seguridad y rendición de cuentas de la policía, agua y drenaje, educación, recrea- ción, etcétera), en ellas deben ser elegidos los consejeros ciudadanos (a una pequeña unidad de 3 mil o 5 mil habitantes correspondería un consejero, mientras que a una de 20 mil o 30 mil corresponderían dos o tres, y a su vez las grandes colonias deberían ser divididas en unidades más pequeñas).

Aparece una dificultad: si en promedio cada 5 mil o 10 mil habitantes tendrían un consejero, una delegación media del DF contaría con entre 50 y cien consejeros (por no hablar de Iztapalapa que contarían con entre 200), lo que, por experiencia, vuelve inoperante el trabajo de cualquier colectivo. Pero claro, como los técnicos y las autoridades delegaciones no pueden estar desplazándose colonia por colonia de las más de 200 que tiene Tlalpan, por ejemplo, se ha propuesto entonces fortalecer a las unidades zonales, que en algunas partes ya existen con la figura de subdelegaciones. Si cada una de éstas contara con 100 mil o 200 mil habitantes, los consejos zonales podrían trabajar con entre 20 y 40 consejeros venidos de colonias, barrios, etcétera.

Esto tiene ventajas: los problemas de una unidad zonal tienden a ser más homogéneos y más manejables comparados con aquellas delegaciones que hoy tienen, por ejemplo, la mitad de su territorio en áreas de pueblos rurales y otra buena parte en unidades habitacionales; dichas unidades vuelven, además, mucho más racional la articulación entre las demandas de la ciudadanía y las políticas gubernamentales para la solución de esos problemas; al lado de esto, una descentralización en esas unidades zonales podría prefigurar una eventual conformación en unidades municipales de lo que hoy es el DF y, en fin, lo más importante es que permitiría que los ciudadanos se reconocieran mejor en un área territorial definida, que estuvieran al tanto de los problemas, supervisaran la obra pública, etcétera.

Así ha sucedido en otras grandes ciudades de América Latina en donde la participación ciudadana se ha combinado con un buen proyecto de descentralización administrativa.