En el nuevo sistema político mexicano que todos estamos construyendo, pacíficamente, sobre las ruinas del anterior (a pesar de los tiranosaurios que en ellas viven), hay un instrumento constitucional que nos hace falta y que debemos incorporar ya a las reglas del juego: el plebiscito.
¿Estamos de acuerdo con la Ley Labastida que el presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión, para dar ``solución definitiva'' a la guerra en Chiapas, excluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, primerísimo actor del conflicto? ¿Cómo podríamos decir que sí o que no, si no contamos con un procedimiento sancionado por la ley para expresar nuestra opinión al respecto de ese problema concreto? Para eso están las elecciones, dicen y repiten los tiranosaurios, quienes en 1996 impidieron -con una conducta poco democrática, dando un plumazo- que la figura del plebiscito fuese incorporada a la reforma política de Emilio Chuayffet, ``la más trascendental y profunda de la historia de México'', según el modesto responsable de su autoría.
-Pero antes de entrar en materia, preguntémonos -dice el tonto del pueblo-: señoras y señores, ¿plebiscito para qué?
``Las fuentes de legitimidad para generar una reforma (sobre derechos y cultura indígenas) están desgastadas y enfrentadas entre sí. El Legislativo tiene facultades para acordar nuevas leyes pero ¿de qué sirve si con ello no se soluciona el conflicto? El Ejecutivo tiene el derecho a presentar iniciativas pero ¿de qué vale si lo hace trasgrediendo los acuerdos que firmó y ahora tiene que hacer que se aprueben organizando campañas xenófobas y manipulando los medios de comunicación hasta la ignominia? Quienes han hecho suyos los acuerdos de San Andrés y la propuesta de la Cocopa sostienen que se trata de compromisos adquiridos por el Ejecutivo y que deben ser respetados, pero ¿de qué sirve tener la razón si no se puede hacerla valer? Para romper con este impasse e impedir que las armas hablen (...) se necesita generar una nueva fuente de legitimidad que solucione el diferendo de manera democrática. El camino no puede ser otro más que la organización de un plebiscito nacional'' (Luis Hernández Navarro, La Jornada, 24/III/98).
-¿No te parece un tanto cuanto largo como epígrafe?-, me dice Emma Thomas, porque el tonto del pueblo me dicta sin escucharla.
Nadie pone en duda la legitimidad de la administración federal que entró en funciones el primero de diciembre de 1994. Nadie ha olvidado que, el 21 de agosto de ese año, el PRI recibió 17 millones de votos a cambio de su oferta de paz en Chiapas y bienestar familiar para todos. De la misma forma, nadie puede pasar por alto que dos años, siete meses y seis días más tarde, el 6 de julio de 1997, el PRI pagó las consecuencias de haber traicionado a sus votantes, y perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
Algo similar le ha ocurrido al PAN. En 1994 resultó ser la segunda fuerza electoral del país, pero en virtud de sus múltiples y oscuras alianzas con el PRI, hoy en día es la tercera. Y según las encuestas internas que maneja su presidente, Felipe Calderón, mantiene una tendencia a la baja, igual que el PRI, mientras el PRD continúa como la opción más confiable para un sector creciente de la opinión pública.
De allí -agrega el tonto del pueblo-, la sospechosa coincidencia que se da entre los discursos de PRI y PAN. Ahora Felipe Calderón a cada rato dice, como Francisco Labastida Ochoa, como Emilio Rabasa, o como Adolfo Orive: ``Ya no podemos seguir siendo rehenes de...''.
-¿Rehenes de qué?-, dice la Thomas.
-De ``un grupo armado'', un obispo ``intolerante'', los observadores ``injerencistas'', un partido que hace ``apología de la guerra'' -dice el tonto-. En pocas palabras, rehenes de todo lo que se oponga a la política ciega y sorda del ``gobierno''.
-O rehenes de la prensa -digo yo-. En un artículo publicado el jueves, Calderón Hinojosa escribió, quizá nostálgico de un pasado en que era más fácil ser autoritario: ``Antes de la globalización y de la televisión, los eventos que conmocionaban al mundo se sucedían con lentitud...''.
Antes de Internet -dice el tonto-, a Uriel Jarquín le hubiera dado tiempo, perfectamente, de ocultar los cuerpos de las mujeres embarazadas y de los niños asesinados a machetazos en Acteal.
-Lo que Felipe se propuso explicarnos -lo atajo- es que, en medio de este vértigo informativo ``en que las noticias de la mañana ya son viejas al mediodía'', no podemos meditar sobre las enseñanzas del pasado. ¿Para qué lo trae a cuento? Para concluir, siempre en la línea de Labastida, que además de todo somos rehenes de los medios informativos: ``...lo más importante en este momento es, tal vez, salir de esta prisión en que la coyuntura noticiosa parece mantener nuestras reflexiones'' (La sociedad del espectáculo, Reforma, 26/III/98).
¿Hay un gabinete del PAN que trabaja subrepticiamente en la Secretaría de Gobernación? ¿Los electores de Acción Nacional votaron para que sus representantes populares hagan la misma política del régimen? ¿Felipe Calderón y los suyos están dispuestos a pagar el costo que sea, por defender una estrategia que avanza rumbo a la guerra contra los pueblos indios que se mueren de hambre y están indefensos? El día de ayer, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Medina Plascencia, declaró que el Poder Legislativo ``no puede seguir siendo rehén del EZLN, de Marcos y del PRD''. Por su parte, el senador panista Gabriel Jiménez Remus, dijo a los medios que no se debe diferir el debate sobre la reforma indígena, como lo están solicitando intelectuales independientes, organizaciones de la sociedad civil, legisladores del PRD, voceros del Congreso Nacional Indígena, el senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía e incluso el Grupo Galileo formado por trece senadores del PRI.
-Vamos a hacer un experimento-, dice con un extraño brillo en los ojos, el rostro del tonto del pueblo. Voy a contar una anécdota y voy a pedir, a diputados y senadores del PAN, que me digan vía Internet, por ejemplo, si después de leerla no se sintieron aludidos o no les ardieron las orejas.
Y en efecto, procede a relatar.
-El martes 24 de marzo, nótese la precisión, dice, en la ciudad de Cholula, estado de Puebla, y a propósito de no se sabe qué, el general brigadier Ian C. Douglas, miembro activo de la Armada canadiense desde hace 36 años, declaró al reportero Gerardo Román del periódico de Reforma, que al día siguiente publicó sus palabras en la página 4 de la sección A: ``Si viviera en Chiapas, yo también sería guerrillero''.
-¿Eso dijo un general canadiense?-, respinga Emma Thomas, atónita.
-Te leo completo el recorte-, y el tonto declama: ``La solución militar en el caso de Chiapas no necesariamente logrará la paz, por lo que el gobierno deberá aplicar una política de atención a las necesidades sociales, principalmente con los sectores desprotegidos como son los indígenas, para resolver el conflicto en esa entidad, afirmó el general brigadier canadiense Ian C. Douglas... Interrogado sobre los intereses políticos, económicos y militares de Estados Unidos y Canadá en la región del Istmo (de Tehuantepec) y de la propia Chiapas, evadió la pregunta y afirmó que si viviera en esa entidad, `también yo sería guerrillero', porque el problema viene del gobierno''. Y más adelante añadió: (En Chiapas) ``no vamos a ver a un indígena luchando por una cuestión ideológica, sino que básicamente luchan por la supervivencia y mejorar un nivel de vida que llegue a ser decoroso, pues es un problema social y de hambre''. Y terminó así: ``No tendría caso estar provocando una guerra para aprovechar los recursos naturales y estratégicos de la región porque tanto Estados Unidos, Canadá y México podrían resolver esta situación en el marco del TLC que existe''. (Reforma, 24/III/98, página 4A).
Alejandro Goldberg, Ignacio García y Sigfrido Mirales, representantes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), aterrizaron en la ciudad de México, el primero el sábado 21 de marzo a las 18 horas, y los segundos el domingo 22, una hora antes.
A pesar de las amenazas que en tal sentido habían escuchado, respectivamente, en los consulados de México en Barcelona y Buenos Aires, no sólo no se les impidió pisar ``nuestro'' suelo, sino que obtuvieron un permiso de estancia como turistas por 90 días.
Enterado de su arribo, el ``coordinador para el diálogo'', Emilio Rabasa Gamboa, declaró públicamente que ya que estaban aquí, santo y bueno, pero que no podrían realizar ninguna actividad como observadores extranjeros, porque no habían solicitado la visa FM3, y que de lo contrario serían expulsados.
No obstante, los tres observadores civiles convocaron a una rueda de prensa el martes 24, y anunciaron, respetuosamente, que no venían con el ánimo de provocar a nadie, sino para cumplir con el compromiso de entregar el informe y las conclusiones que extrajeron durante su reciente visita a Chiapas. La noticia apareció en la primera plana de los diarios capitalinos al día siguiente.
Rabasa, impertérrito, contestó que las autoridades no les recibirían nada. Y aclaró que los observadores sí habían solicitado la visa FM3, pero que no se esperaron a que se las dieran. Indiferentes a su explicación y a sus renovadas advertencias, los observadores hablaron con todas las instancias de la sociedad civil que aparecen en el informe, y también concedieron entrevistas a los medios. Pese a que tenían la guadaña migratoria encima, asistieron como invitados a los programas radiales de Miguel Angel Granados Chapa y del poeta Oscar Oliva. Y, asimismo, fueron entrevistados por Ciro Gómez Leyva en Canal 40.
El jueves 26, en declaraciones a Radio Fórmula, y sin que hubiese mediado contacto o negociación alguna, de manera más bien inopinada y repentina, Rabasa dio a conocer que sí les otorgaría la visa FM3.
Moraleja -pregunto- ¿cómo se llamó la obra?
-Están dando palos de ciego-, dice el tonto.
¿Qué autoridad política tienen las fracciones parlamentarias del PRI, del PAN y del PRD, para discutir una reforma sobre aspectos parciales del mundo indígena, si durante la campaña electoral de 1997 ninguna de esas tres fuerzas tocó los problemas de ese sector de la población? Nadie pone en duda, repito, la legitimidad que tiene el Congreso de la Unión para legislar sobre las demandas de los pueblos indios. Pero los tiranosaurios que hoy nos regañan con esta cantaleta, olvidan que mientras fueron candidatos e incluso precandidatos, ninguno de nuestros actuales diputados y senadores colocó el tema de la guerra en Chiapas, ni en el centro ni en las orillas de ningún debate.
El país no ha discutido colectiva, ordenada y sobre todo constitucionalmente el problema de la guerra en Chiapas. Ni la campaña ni las elecciones de 1997 emitieron opinión alguna al respecto. Nadie nos tomó parecer. ¿Por qué ahora intentan echarnos encima sus apretadas mayorías mecánicas para expedir una ley fantasma? Priístas y panistas se llenan la boca, exhortando a los indígenas rebeldes del EZLN a enviar sus objeciones al Congreso de la Unión, y al día siguiente abandonan el salón de sesiones, supuestamente indignados porque un legislador indígena del PRD subió a la tribuna sin sombrero. ¿Quién les puede creer media palabra, si el senador Salazar Mendiguchía, favorable a la idea del plebiscito, denuncia que es hostigado dentro del tricolor, y Arturo Núñez Jiménez, el coordinador del PRI en San Lázaro, le responde: ``A quien lo hostigue, que lo acuse de hostigamiento sexual''? (El Financiero, 25/III/98).
¿Cuál es el método favorito de la Presidencia de la República, antes de tomar medidas importantes? Hacer consultas de opinión. ¿Qué son las encuestas? Plebiscitos confidenciales. ¿Quién puede objetarlas? ¿Por qué oponerse, entonces, a un plebiscito nacional?