En un foro sobre la situación actual de la epidemia de sida en México, legisladores de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales firmaron un compromiso para elaborar una propuesta de ley que, de aprobarse, garantizaría que las instituciones de salud del país dispongan de recursos económicos suficientes para atender a los enfermos y portadores del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Hasta ahora los pacientes con sida deben enfrentar, además de la inaceptable discriminación que les imponen personas y grupos intolerantes y retrógradas, la escasez de los medicamentos que requieren para su tratamiento y la falta de instalaciones médicas y de personal especializado para atenderlos. A escala ya no individual sino social, es necesario ampliar las campañas médicas y educativas para la prevención del contagio, erradicar las conductas discriminatorias y excluyentes que padecen los enfermos de sida y generar opciones que permitan, tanto a quienes han desarrollado la enfermedad como a quienes son seropositivos, acceder en condiciones dignas al trabajo, a los servicios de atención médica y psicológica y a los centros de educación y esparcimiento.

Por ello, y ante la urgente necesidad de ampliar los esfuerzos para frenar el crecimiento de la epidemia, la propuesta de legislar en torno a los derechos de los enfermos de sida resulta pertinente y bienvenida. Para hacer frente de manera efectiva a este mal, todavía incurable y mortal, es necesario que la erogación de recursos económicos suficientes por parte del sector público vaya acompañada de programas educativos de alcance masivo que informen a la población tanto de los métodos científicos de prevención del contagio --el condón en primer lugar-- como de los derechos de las personas con sida. Introducir en los planes de estudio de los diversos niveles educativos --con metodologías y elementos didácticos y científicos adecuados-- información sobre salud sexual y reproductiva y promover las conductas solidarias hacia los enfermos y portadores del VIH son medidas indispensables no sólo para el control médico y epidemiológico de la enfermedad, sino para erradicar las conductas fóbicas y discriminatorias que los enfermos y seropositivos padecen. De igual manera, es necesaria la asignación de recursos específicos para la formación de profesionales médicos especializados en la atención de los enfermos de sida y para la realización de programas de investigación y trabajo social.

En la medida en que la iniciativa de ley que hoy se propone incorpore todos los aspectos económicos, sociales, médicos, humanitarios y culturales relacionados con esta enfermedad se ampliarán las expectativas de vida de los enfermos y se atemperarán las dramáticas circunstancias por las que deben atravesar tanto las personas infectadas como sus familiares.