No descertificar, premio a concesiones mexicanas: fuentes del Capitolio

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 27 de marzo Ť Varios legisladores estadunidenses se opusieron a un esfuerzo para descertificar a México esta semana porque creen que el gobierno mexicano está trabajando para satisfacer las demandas de Estados Unidos al facilitar el acceso a los espacios aéreos y marítimos, ofrecer más extradiciones y comprometerse a financiar y hacer funcionar plenamente a las Fuerzas de Tarea Bilaterales Fronterizas.

Asimismo, funcionarios estadunidenses informaron este viernes a La Jornada que la clave del voto en el Congreso sobre la descertificación de México no fue en el Senado (donde ayer se derrotó la iniciativa), sino en la Cámara de Representantes, donde una medida para revertir el aval dado a México por el presidente Bill Clinton nunca llegó a votación.

Esto fue resultado de la oposición de un número de influyentes republicanos, entre ellos el representante Dennis Hastert, presidente del Grupo de Trabajo para una América Libre de Drogas, y también titular del subcomité de Seguridad Nacional.

``No estamos dispuestos a apoyar la descertificación porque actualmente los mexicanos están haciendo bastante en privado, y creemos que eso debería ser alentado'', afirmó un asesor legislativo republicano que participó en las discusiones del liderazgo de la Cámara sobre este asunto.

Otras fuentes legislativas informaron a este diario que estos argumentos fueron utilizados en forma exitosa para bloquear una votación sobre una medida legislativa presentada en la Cámara para descertificar a México. Funcionarios del gobierno de Clinton también argumentaron que México está haciendo importantes esfuerzos para acomodar la demandas estadunidenses al facilitar el ingreso de aviones y barcos en su territorio para perseguir a narcotraficantes.

``En los últimos nueve meses, no se ha dado situación alguna en que un avión o barco estadunidense no haya logrado obtener permiso para una `persecución en caliente' de objetivos sospechosos, conducir interdicción normal o reabastecer combustible con facilidades mexicanas'', declaró el zar antinarcóticos de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, en una respuesta por escrito a preguntas de legisladores el año pasado.

Pero funcionarios estadunidenses señalan que sería difícil persuadir a México para que acepte un acuerdo formal que permitiría realizar operaciones combinadas que, por ejemplo, involucren a la Armada de México y la Guardia Costera de Estados Unidos trabajando conjuntamente en el rastreo a narcotraficantes.

Cuando el año pasado el senador Joseph Biden preguntó sobre la posibilidad de tal acuerdo, la Casa Blanca le envió una respuesta por escrito: ``México tiene obstáculos constitucionales y políticos significativos para poder entrar en un acuerdo marítimo antinarcóticos formal, como los que gozamos con otras naciones de la región. Las organizaciones militares mexicanas tienen prohibido realizar operaciones combinadas con fuerzas estadunidenses'', escribió McCaffrey.

Sin embargo, agregó que la ``USCG (Guardia Costera de Estados Unidos) y la Armada de México también conducen operaciones `coincidentes' que involucran procedimientos de coordinación únicos, pero que, en esencia, cumplen con muchos de los objetivos que las operaciones `combinadas' logran con otros países''.

Esas operaciones se están ``ampliando constantemente'', y los Equipos de Despliegue de Seguridad Pública de la Guardia Costera de Estados Unidos se están enviando a México con ``mayor frecuencia'', dicen funcionarios estadunidenses.

De hecho, varios influyentes legisladores republicanos han sido persuadidos por funcionarios de la administración Clinton en cuanto a que estos arreglos ``informales'' con México logran los mismos resultados que los acuerdos formales, pero que son políticamente difíciles de alcanzar.

Por ejemplo, funcionarios de la Casa Blanca argumentan ahora que el asunto de si los agentes de la DEA que cruzan la frontera con México para trabajar con las nuevas Fuerzas de Trabajo Bilaterales pueden portar armas se podría resolver de esta misma manera. Esos funcionarios informan que el gobierno mexicano ha aceptado un arreglo informal dentro del cual a los agentes de la DEA, el FBI y las aduanas les sería permitido portar armas y disfrutar de una inmunidad diplomática limitada al trabajar en México.

Pero el acuerdo informal ha sido bloqueado porque la DEA desea un acuerdo por escrito y las autoridades mexicanas han respondido que no aceptarán esa propuesta por temor a las consecuencias políticas en su país. ``Es una cuestión de énfasis'', opinó un asesor legislativo, quien ha sido persuadido por tales argumentos. ``Por ejemplo, si uno ve la cuestión de la extradición, tiene que notar que México ha avanzado mucho''. Esta fuente, que trabaja para un legislador que no apoyó la descertificación, reconoció que México todavía no ha extraditado a un solo connacional a Estados Unidos acusado de narcotráfico. ``Pero la pregunta que se tiene que hacer es: ¿México está dispuesta a un cambio en su política? Y la respuesta es, sí''.

Funcionarios mexicanos de relaciones exteriores, dijo, han firmado los documentos para la extradición de varios connacionales a Estados Unidos. Al fin de cuentas, según diversas fuentes informadas, fueron estos argumentos los que llevaron a varios importantes legisladores de la Cámara baja a bloquear una votación sobre la descertificación de México este mes.