Ocosingo, Chis., 27 de marzo Ť La crisis que vive el proceso de paz en Chiapas puede abordarse desde dos perspectivas entrelazadas y urgentes. Una es de fondo y podríamos definirla como la necesidad de responder a la injusticia y negación cultural a la que el Estado mexicano ha sometido a los pueblos indígenas de México, deuda que es el lado oscuro de nuestra conciencia nacional, y que hoy día afecta al país en su conjunto. La segunda es de coyuntura y tiene que ver con el riesgo que corren quienes contribuyen a la construcción de una sociedad auténticamente pluricultural y tolerante. En este artículo me referiré a esta última.

Volviendo al riesgo de una salida violenta, situación que podría extenderse más allá de los límites de este estado, es menester recordar que, cuando se decreta una salida artificiosa y unilateral a un conflicto, es porque una parte ha calculado ya los costos del enfrentamiento con el otro. Y ese otro no es sólo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sino toda la parte de la sociedad mexicana que busca construir una sociedad democrática, pluricultural, basada en la tolerancia, la justicia y la verdadera paz.

El reiterado discurso gubernamental, que niega la preparación de una salida militar al conflicto, no corresponde a los cotidianos signos de militarización de los que son testigos silenciosos los habitantes de un número creciente de comunidades indígenas de los pueblos tzeltal, tzotzil, ch'ol y tojolabal. Los estratégicos movimientos del Ejército Mexicano en el área del conflicto se imponen ante la frágil resistencia legal que pueden oponer los indígenas chiapanecos. Es el caso de Tulijá, pueblo de cerca de 2 mil habitantes, en su mayoría simpatizantes del EZLN, que se encuentra en un importante crucero de terracería que comunica la zona de Las Cañadas con los principales accesos a la zona norte de Chilón y Palenque.

El pasado 28 de febrero, cerca de 300 militares se posesionaron de un terreno de la escuela primaria de Tulijá, para instalar un destacamento que hoy cuenta con más de 500 efectivos de por lo menos tres armas del Ejército. Las autoridades del ejido solicitaron la presencia de observadores y organismos no gubernamentales de derechos humanos, al tiempo que exigían el inmediato retiro de los federales. El 1o. de marzo un numeroso grupos de mujeres, molestas por la negativa del Ejército y el humillante trato que dieron a sus autoridades, incursionó al terreno escolar y a punta de palos y empujones intentó sacar a los soldados. Las autoridades indígenas contuvieron a las mujeres para insistir de buena manera en su demanda. Hasta la fecha siguen los militares apostados en el lugar.

Los habitantes de Tulijá sufren el vaivén nacional en este mes de marzo: ahora les ha tocado a ellos (y a ellas). Pero habría elementos para suponer que es también expresión de la extendida estrategia militar de cerco y control de los accesos y líneas de comunicación en la zona de guerra. Esta estrategia se conjuga con la campaña que la Secretaría de Gobernación ha desatado contra los extranjeros: por lo menos tres de los observadores internacionales que participaron en las brigadas de observación a Tulijá han sido expulsados.

El caso de Tulijá da todavía para más: un observador nacional, integrante del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, de Ocosingo, que tomaba fotografías del ``enfrentamiento'' entre las mujeres y los militares, fue amenazado por un oficial de alto rango, quien lo responsabilizó de ``organizar'' y ``dirigir'' la ``agresión'' a su tropa.

Este comité de la parroquia de Ocosingo se ha caracterizado por hacer un trabajo fundamentalmente educativo, de formación de sujetos, para que conozcan sus derechos y el correcto funcionamiento de la autoridades del estado, así como de apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad propia de la sociedad en la que se encuentran insertos. Nunca han hecho una denuncia pública sin fundamento, ni sin antes agotar, con las dificultades y problemas que esto trae, las vías que las instituciones y procedimientos del país establecen, incluso las militares, con quienes la relación había sido de diálogo y respeto.

Curiosamente -esperamos que sea sólo una casualidad- el vehículo del comité sufrió la semana pasada un desperfecto, que pudo haber costado la vida de dos de sus integrantes y de una señora de Ocosingo, que acudieron a la 39 Zona Militar a presentar una denuncia, que por lo demás se resolvió satisfactoriamente. Al volver de presentar dicha denuncia, el tubo conductor del líquido de frenos del vehículo había sido cortado. Afortunadamente el vehículo en movimiento pudo ser controlado a tiempo. Uno de sus pasajeros era el miembro del comité que fue amenazado en Tulijá. Estos hechos ya se encuentran consignados ante el Ministerio Público de Ocosingo, bajo el acta administrativa 167/18/98.