Indagan si Campuzano ayudó otra vez al Chucky

Humberto Ortiz Moreno Ť La procuraduría capitalina investiga si la juez suspendida María Claudia Campuzano intervino en la resolución que ayer emitió el juzgado 49 de lo penal, la cual ratifica el auto de libertad a El Chucky y coacusados

por el homicidio de Peter John Zárate, al considerar insuficientes las pruebas testimoniales aportadas por el Ministerio Público para procesar a los asaltantes.

La juez, separada de sus funciones por el Consejo de la Judicatura, habría estado en las oficinas del Reclusorio Oriente entre las 22 y las 22:30 horas de la noche del jueves pasado, según fuentes vinculadas al caso, y de comprobarse su presencia en el lugar el propio Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tendría que abrir una indagatoria y dar parte a la Procuraduría capitalina para integrar una averiguación previa por la configuración de delitos contra la administración de justicia.

Funcionarios de la PGJDF consultados deducen que la intervención de Campuzano Caballero explicaría que el dictamen se emitiera en menos de 24 horas, pese a que el expediente consta de cinco tomos y de un resumen integrado.

``Esto ya no sólo es irregular, sino que exhibe al tribunal en la materia penal, compromete a todo su personal y desprecia la ley'', deploran los informantes ligados al asunto.

De haber participado en esta resolución, la juez suspendida estaría ``retando a la autoridad por capricho y en contra de la procuración e impartición de justicia, con lo que confirmaría que actúa conforme a sus compromisos y no apegada a derecho''.

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que preside Jorge Rodríguez, ``debe denunciar esta irregularidad cuando menos por decoro y seriedad'', señalaron.

El secretario de acuerdos del juzgado, Vicente Hernández, está en entredicho por esta presunta anomalía y la Procuraduría también lo investigará.

Las pruebas que presentó la Procuraduría capitalina al juzgado 49 son elocuentes. Hay por lo menos tres testigos que vieron los vehículos de los asaltantes en la calle Miguel de Cervantes Saavedra después de las 21:40 horas del 15 de diciembre pasado, donde los cinco acusados, encabezados por El Chucky, cometieron el asalto que le costó la vida al estadunidense.

También hay elementos sustanciales que los ubican cerca de la escena del crimen: personal de la fonda La Pancha, ubicada a siete cuadras de la calle Miguel de Cervantes Saavedra, testificó que los cinco presuntos delincuentes estuvieron en el negocio el mismo 15 de diciembre, después de las 23 horas, y reconocieron los dos vehículos en que aquéllos cometían sus fechorías, a saber un taxi ecológico matrícula L14099 y un Chrysler Le Barón color blanco.

Ahí se reunían ``todas las noches'' para repartirse el botín producto de sus ilícitos, dicen los testigos. Es más, está comprobado que ese día el chofer del auto de alquiler, Víctor Hugo Meza Uribe --reaprehendido y preso en el Reclusorio Oriente-- pagó a su patrón 840 pesos de varias ``cuentas atrasadas''.

Todos los que conocen a El Chucky y a sus cuatro cómplices coinciden en que 1997 fue un año productivo para los maleantes, pues antes mostraban una condición económica ``baja'' y de pronto empezaron a vestir con ropa cara, compraron vehículos y portaban teléfonos celulares, comodidades que sus empleos no les podían permitir.

Hace cuatro años Alfonso González Sánchez y su cómplice, Javier Ibarra Martínez, trabajaban en el centro nocturno Capricornio donde, dicen testigos, no ganaban lo suficiente para vivir bien.

Ana ``N'', presunta amante de El Chucky, conoció al hoy procesado cuando éste trabajaba en ese centro nocturno e incluso, reveló, en algunas ocasiones fueron a su propia casa a beber.

Asegura que desde que tuvo relación con González Sánchez, en 1997, observó una constante mejora de su situación económica. Aún más, confesó que la invitó a Acapulco y ahí le comentó que iba a comprar un departamento de tiempo compartido en el puerto.

Amigos y vecinos de Zárate Junghans aseguran que el estadunidense era una persona ``tranquila, afable, dedicada a su trabajo y familia, por lo que no tenía enemigos''.

El testimonio de un vecino es impactante: observó a la víctima, vestida de traje y abrigo, pedir auxilio mientras caminaba tambaleante por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, rumbo a Periférico. Después lo vio caer sentado y luego de espaldas, en un tope del arrollo vehicular, con el pecho bañado en sangre proveniente de su boca y nariz.

El testigo vio que el taxi se alejaba a toda velocidad. Serían las 21:35 o 21:45 horas cuando escuchó las detonaciones. Lo mismo declaró un chofer de microbús.

Dos policías judiciales, quienes llevaron la investigación desde el 17 de diciembre, aseguran tener datos contundentes sobre la culpabilidad de El Chucky y sus cómplices, pero se niegan a revelar sus fuentes de información porque esas personas ``temen represalias de los inculpados, a quienes conocen como muy peligrosos''

Según las testimoniales presentadas por el Ministerio Público, Zárate habló con su esposa por teléfono celular a las 21:15, al salir del trabajo, para informarle que no encontraba taxi e iría por su vehículo a casa para acudir a una reunión nocturna de negocios. Antes sacó mil pesos de un cajero automático.

Más tarde, a las 21:41, la señora recibió otro llamado y habló durante seis minutos con Peter, cuando supuestamente él estaba a bordo del taxi ecológico. El contenido de esta plática aún se desconoce. No se han encontrado las pertenencias que llevaba consigo el hoy occiso.

Nada de esto convenció al juzgado 49 de lo penal, manejado, según testigos, por una funcionaria suspendida y que antenoche se reunió con el secretario de acuerdos, Vicente Hernández.

Tras su reaprehensión, El Chucky estaba dispuesto a hablar con el personal de la Procuraduría capitalina que acudió al Reclusorio Oriente para tomarle declaración pero, extrañamente, su defensa intervino y el presunto delincuente se retractó y rehusó firmar el documento.

Conforme a su interpretación del artículo 36 del Código Penal, el Ministerio Público tiene, a partir de esta resolución, otros 60 días para reiterar su ejercicio de la acción penal en contra de los cinco acusados.

Además, como la sala 12 del TSJDF notificó la ratificación del auto de libertad hasta el 19 de enero, si bien la juez Campuzano liberó a los cinco indiciados en la madrugada del día 2, los tres meses relativos al primer plazo legal vencen en realidad el 15 de abril, lo que da tiempo a la PGJDF para reunir más pruebas.