Un senador de la República acaba de proponer a Alianza Cívica que realice una consulta entre los indígenas de Chiapas para dirimir la polémica que ha suscitado la iniciativa de reformas legales que promueve el gobierno sobre derechos indígenas. En un plebiscito, se le pediría a cada uno de ellos que se pronuncie sobre las distintas propuestas: a) el documento de la Cocopa, b) la propuesta del PAN, y c) la iniciativa del gobierno.

Esta bien intencionada propuesta encierra, a mi juicio, dos aspectos que merecen comentarse: en primer lugar, la dimensión de la consulta. ¿Por qué sólo los indígenas de Chiapas? ¿Por qué no todos los indígenas? O, en todo caso, ¿por qué no consultar a toda la sociedad? En segundo término, ¿podrían los indígenas -o, en su caso, los ciudadanos en general- pronunciarse conscientemente sobre las formulaciones que se debaten?

El conflicto de Chiapas ha derivado lamentablemente en una querella entre élites o funcionarios: asuntos como la propuesta de la Cocopa, del PAN y del gobierno, y el debate que ha tratado de crear el PRD son asuntos sofisticados, para especialistas, que no son conocidos ni comprendidos por la sociedad. En los cuatro años que lleva el conflicto, se han dado en los medios de comunicación muchas polémicas e infinidad de puntos de vista sobre el problema chiapaneco, pero en esta prolongada disputa lo que ha faltado, notablemente, han sido esfuerzos en especial dirigidos a mantener adecuadamente informada a la sociedad, de tal modo que en la actualidad, cuando el debate ha alcanzado su más alto grado de encono, la sociedad muestra, por contraste, un grave desconocimiento de los sujetos del debate y de sus términos.

No tenemos datos específicos sobre la población indígena (sería, por cierto, muy interesante tenerlos) pero sí podemos documentar la información que la sociedad en general posee sobre el conflicto chiapaneco. En una reciente encuesta telefónica en el Distrito Federal a población adulta, el actuario Roy Campos, director de Consulta, encontró los siguientes reveladores datos. Al preguntar: ¿Sabe usted quién es el mediador entre el EZLN y el gobierno?, el 8 por ciento de los entrevistados contestó que era Samuel Ruiz, el 6 por ciento que era la Cocopa, y sólo el uno por ciento respondió correctamente diciendo que era la Conai. El 84 por ciento no supo o no contestó la pregunta. Por otra parte, al preguntar: ¿Qué se propone el EZLN actualmente? Sólo el 7 por ciento contestó acertadamente en la opción correspondiente a ``Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés''; en cambio, el 4 por ciento dijo que era ``lograr respeto a los derechos indígenas'', el 3 por ciento ``desmilitarizar el estado'', y otro 3 por ciento ``mejorar la calidad de vida para los indígenas''. En cambio, un 82 por ciento declaró no saber o no quiso contestar.

Otros datos aislados coinciden en demostrar que la polémica en torno al cumplimiento de los acuerdos de San Andrés es desconocida para la abrumadora mayoría de los mexicanos. La población ignora cuáles son las demandas del EZLN, qué son los acuerdos de San Andrés, quiénes son los actores de la negociación y no se explica porqué no se ha resuelto el conflicto.

Si el conflicto no se ha resuelto -piensa la gente- es porque los participantes no han querido resolverlo. O bien el gobierno no cumple lo que dice en términos de apoyar con recursos el desarrollo de las comunidades indígenas, o bien los zapatistas no se limitan al tema de mejorar a los indígenas sino que están metiendo al asador otras cosas. La actitud de la gente ante el problema de Chiapas ha sido formada más por imágenes y actitudes que por información y conocimientos: la presencia de los guerrilleros enmascarados se ha convertido en lugar común para la sociedad, pero el ciudadano común, simplemente, ignora lo fundamental del conflicto y, sobre todo, los detalles.

El reconocimiento de esta verdad básica debería conducir a las partes a asumir una actitud de mayor moderación y prudencia. Mucha más si ambas presumen tener un serio compromiso con los principios democráticos.