El gobierno ``de Ernesto Zedillo'' ha abandonado el diálogo como la vía para resolver los conflictos y, al iniciar su cuarto año, da muestras de una extrema debilidad, pues frente a la inconformidad social no parece tener más que dos recursos: el de las fuerzas militares y paramilitares y el de la propaganda, ya que la caída de los precios del petróleo le está dejando sin otro de sus recursos preferidos: la chequera.

1. El gobierno de Ernesto Zedillo no está cumpliendo, desde luego, los acuerdos de San Andrés, como dice la propaganda estatal en radio y televisión, sino violándolos con su ini- ciativa unilateral de reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas, y con la que le ayudaron a preparar al PAN en Bucareli para simular una convergencia: y esto lo saben todos los mexicanos.

2. La ``Ley Zedillo'', negociada con el PAN, no significa, por lo tanto, la paz, como dice la propaganda oficial, sino la guerra. Las 170 páginas del Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos que vino a México (15-28 de febrero) no dejan lugar a dudas. Con profundo valor civil sus integrantes constataron que no hay más salida a la situación de Chiapas que una paz negociada.

3. El mayor de los engaños está en afirmar que el Congreso de la Unión va a decidir ``libremente'', y ello por la sencilla razón de que no es ``autónomo'' y México no es una democracia. En los años del absolutismo del ``sistema'' de partido de Estado (1929-1988), en los que el PRI tenía una mayoría absoluta en ambas cámaras, el Congreso representaba la voluntad del Ejecutivo, que era el Gran Legislador, pues los priístas votaban de manera disciplinada lo que se les ordenaba, pero en el ``sistema'' actual, que está en un proceso de recomposición desde 1988, la cosa no es mejor y las cámaras sólo expresan las componendas de Los Pinos con la dirigencia del PAN, ya que priístas y panistas votan disciplinadamente lo que se negocia de manera oscura.

4. El Congreso mexicano de hoy día no es así un foro ``más representativo'' que el de San Andrés, como reclama Héctor Aguilar Camín (23 de marzo). Es la expresión de un sistema autoritario en descomposición que se está reciclando, y en el que los legisladores no constituyen una representación legal y legítima de la nación como en una democracia.

5. La Ley para el Diálogo de 1995 y las negociaciones de San Andrés (1995-1996) crearon, ante esta situación, las condiciones para resolver de manera excepcional el conflicto y lograr una reforma cons- titucional que ayudara a terminar con la guerra. La iniciativa de la Cocopa fue, por lo mismo, legal y legítima: tenía el consenso anticipado de las partes (del Ejecutivo y del EZLN) y de las fracciones parlamentarias. Miente por eso Emilio Rabasa Gamboa, cuando dice que el gobierno no aceptó de antemano dicho proyecto (La Jornada, 18 de marzo). Emilio Chuayffet estuvo de acuerdo en ello como titular de Gobernación, y después se retractó aduciendo que lo había hecho bajo el influjo de 17 chinchones que había ingerido.

6. Emilio Rabasa ha sido enviado a enrarecer el clima, pero hay que recordar que él no es un funcionario sino un empleado menor de Bucareli. Se ostenta como ``coordinador para el Diálogo en Chiapas'' (para el monólogo del gobierno, le dijeron los zapatistas), pero como este cargo no lo creó la Ley para el Diálogo ni existe en la administración pública, y en nuestra Constitución el Ejecutivo no tiene atribuciones para crear empleos (ya que ésta es una facultad del Congreso), Rabasa no es más que un empleado que usurpa funciones.

7. ¿Pensarán Adolfo Orive, Francisco Labastida y Emilio Rabasa que tienen alguna credibilidad ante los mexicanos?

8. En una democracia, el órgano revisor de la Constitución no podría aprobar una Ley a sabiendas de que no responde a los sentimientos de la nación y que agravaría un conflicto, pero éste no es obviamente el caso de México.

9. La responsabilidad ante la cual estarán los legisladores de todos los partidos es muy grande, pues las iniciativas de Zedillo y del PAN no responden a las exigencias históricas de los pueblos indios, y constituyen una nueva provocación.

10. La crítica situación que se vive no puede tener una salida sin los campesinos indígenas de Chiapas (y del país), como lo sostuvo el Congreso Nacional Indígena el 20 de marzo. Pero tampoco, como lo reclamó el escritor portugués José Saramago, al conmemorar a los muertos de Acteal (22 de marzo), sin la ``insurrección moral'' de la sociedad.