Si la iniciativa del Ejecutivo sobre derechos y cultura indígenas que está ya en el Senado (junto con la del PAN y sus cartas marcadas) fuera razonablemente fiel a la letra y el espíritu de los Acuerdos de San Andrés suscritos hace más de dos años, es decir, si estuviera obrándose de buena fe, no habría necesidad alguna de ese repugnante bombardeo de propaganda oficial en los medios de comunicación, con el que quiere convencérsenos de que el gobierno cumple con los citados acuerdos. En realidad, la propaganda pretende sustituir al cumplimiento.

Tampoco habría razón para mantener en Chiapas, atosigando a las comunidades y favoreciendo un clima de asesinatos y matanzas como la de Acteal, a miles de efectivos del Ejército, además de las bandas paramilitares toleradas. Y no sería el caso de desprestigiar hasta el ensañamiento a la Conai y la Cocopa. Asimismo, la zona de conflicto estaría abierta a los observadores nacionales y extranjeros, porque ¿qué habrían de reportar? Pues que allí hay miseria (como la ha habido en los últimos siglos, desde la Conquista) y una grave perturbación de la vida social como saldo de una guerra reciente, cuyas causas profundas van a empezar a resolverse con la ley, la participación de los pueblos indios y el apoyo del gobierno, que no debiera hacer distingos.

Pero lo que tenemos es una publicidad tan abundante y autocomplaciente como inútil; tenemos a una caterva de soldados y de civiles armados que obligan a desplazarse a los indígenas, siembran el terror entre mujeres y niños, destruyen y saquean prepotentemente y llegan al crimen para escarmiento o quizá sólo por saberse impunes; tenemos que a los órganos de intermediación legal, que serían indispensables si quisiera reanudarse el diálogo y abordar los restantes temas de la agenda de San Andrés, se les descalifica con acusaciones viles y cobardes, y tenemos que el gobierno mexicano, tan generoso en otros tiempos con los extranjeros por razones de principios, ahora ha sufrido un repentino y ridículo ataque de xenofobia, aunque no consigue muchos contagios.

Si se dejan de lado, por innecesarias y hueras, las grandes palabras gubernamentales sobre la idoneidad del Congreso para la discusión y elaboración de las leyes, cuantimás si están implicadas algunas reformas constitucionales, lo cierto es que diputados y senadores, en interés de la nación, debieran regresar a los remitentes sus respectivas iniciativas a causa de su unilateralidad y porque, habiendo surgido separadas y enfrentadas a un proceso de diálogo para conciliar a dos partes beligerantes, el mamotreto resultante apuntará contra ese proceso y provocará serias perturbaciones para la paz en Chiapas y previsiblemente en otras partes.

Nadie ha osado pensar siquiera, porque sería una necedad, que los interlocutores de San Andrés o los miembros de la Cocopa sustituyan al honorable Congreso de la Unión. Desde el momento en que concluyeron las pláticas sobre el primer punto de la agenda, se convino y firmó que los acuerdos fueran sometidos a las más altas instancias de discusión nacional que no son, por cierto, ni el PRI ni el PAN, sino precisamente las cámaras legislativas.

Pero las iniciativas que han llegado al Senado no vienen de San Andrés, sino de los intereses y malos humores del Ejecutivo y de la imaginación, no muy chispeante, de los panistas. Podría ser que senadores y diputados, individualmente, sepan ya esto y tengan una opinión propia y una clara conciencia de lo que está ocurriendo y de los riesgos que enfrenta el país; el problema es que las acallan (gente como Belisario Domínguez no se da ya así como así, pero no perdamos la esperanza) para obedecer sin chistar a sus partidos; pues que no las acallen tanto esta vez, que se acuerden un poco de sus representados y que aprueben al menos una tregua legislativa mientras se recrean las condiciones para que participen los indígenas y se retome el camino del diálogo. Como están las cosas, la ley sería discutida y votada casi por la fuerza de las armas y mediante el aplastamiento de los derechos humanos, tal como sucede en las dictaduras. Y ello sería una vergüenza para el Congreso.