En Paseo de la Reforma, frente al Monumento a Luis Donaldo Colosio, apenas el pasado 23 de marzo se repetía el ritual doloroso de conmemorar un crimen sin aclararse, que aunque perpetrado en Tijuana, nos recordaba también la violencia con impunidad que azota a la ciudad.

A la terrible realidad que vivimos cotidianamente, con elevadísimos índices de delitos y criminalidad, debe añadirse el hecho espeluznante de que muchos de quienes los cometen lo hacen con tal saña y demencia que rebasan los propios límites de la ficción.

Y peor todavía, en el saldo resultante que marca fríamente la estadística, son miles y miles los casos no resueltos, tan sólo en el transcurso de esta década. Esto significa aceptar que muchos crímenes se han cometido sin tener castigo y que los asesinos andan sueltos entre nosotros.

Hay dentro de esta gama criminal, una serie de hechos igualmente denigrantes que se ubican o clasifican en el contexto de la actividad política de los tiempos actuales, como son los casos Colosio y Ruiz Massieu. En este mismo sentido, la franja de amenazas y golpizas es también recurrente, aunque no siempre nos enteremos de este tipo de sucesos.

Pero el catálogo de la criminalidad se abulta cada vez más con casos donde no aparece el típico delincuente, ladrón o asesino, sino escandalosamente el policía o un grupo de agentes del orden público, bien sea como cómplices o como autores directos del crimen, como ocurrió en el tenebroso operativo de la colonia Buenos Aires, aún sin aclararse debidamente.

También, hace una semana, la diputada Local Verónica Moreno junto con el diputado Francisco Ortiz Ayala, fue secuestrada y golpeada, en pleno centro de la ciudad, sin que hasta ahora sepamos quiénes fueron y porqué actuaron contra ellos.

Así, uno tras otro, se van acumulando día con día, hechos delictivos que conforman la historia negra de la ciudad, con testimonios múltiples donde al crimen sigue la impunidad.

No queda más que asegurar que se trata de mafias perfectamente constituidas con intereses económicos superlativos, algunas bajo protección policíaca y hasta de jueces o funcionarios del poder Judicial, que están fuera de todo control, pero que con una estrategia integral donde estemos todos incluidos, pueden detectarse para ser desactivadas y recibir el gran castigo que merecen.

Es preciso que a las instituciones públicas, como la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se les dote de los mayores recursos para contar con una infraestructura, diferente de la que tienen, con más recursos humanos y mejor entrenados, con tecnologías avanzadas y con todo tipo de apoyos, sin los cuales no podrá enfrentarse en serio, al gran enemigo, al hampa bien organizada.

De igual forma, es indispensable avanzar en el marco jurídico para actualizar nuestras leyes en la materia y adaptarlas a los nuevos requerimientos de la sociedad.

Y son en sí muchos otros factores los que tienen que eslabonarse, incluso en el ámbito económico, donde pulula el desempleo, el contrabando y los asaltos de camiones de carga, por ejemplo.

Es en síntesis un asunto público que a todos compete, a cada uno de nosotros, a cada una de las familias, a la ciudadanía en su conjunto, con un plan común, para sumarse a la lucha contra el enemigo público número uno, encarnado ahora en poderosas mafias a nivel Distrito Federal.