Documentó la comisión de observadores 90 denuncias sobre violación a derechos

Triunfo Elizalde Ť Un total de 90 denuncias documentadas, entregadas por cientos de afectados directamente y por organizaciones civiles y de protección a los derechos humanos, contiene el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) que, con autorización del gobierno federal, recorrió del 16 al 28 de febrero de este año diversas regiones del estado de Chiapas.

El documento incluye las visitas a Polhó, Pantelhó, Acteal, Zona Norte y los Aguascalientes de La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Oventic, así como los nombres de Emilio Rabasa, coordinador para el diálogo; Francisco Labastida, secretario de Gobernación; Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores; Jorge Madrazo, procurador general de la República; Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; José Narro, subsecretario de Salud; Roberto Albores, gobernador de Chiapas, y otros funcionarios, con los que la CCIODH sostuvo pláticas.

Presenta asimismo entrevistas con representantes de la Cocopa, la Conai, el Cosever, legisladores, los presidentes de PRI y PAN en Chiapas y con el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana. Los integrantes de la CCIODH se lamentan de no haber sostenido pláticas con mandos de las fuerzas armadas en ese estado, con el secretario de la Defensa Nacional y con alguien de la Presidencia de la República.

Acerca de ``la falta de voluntad política de búsqueda de una solución respetuosa'', se asienta que ``ninguno de los argumentos del Ejecutivo en justificación de las objeciones nos fueron suficientemente explicados pese a nuestra insistencia. De este modo, no podemos dejar de considerar que detrás de las objeciones se esconde la falta de voluntad de lograr la aplicación de los acuerdos (de San Andrés) con las implicaciones que ello supondría''.

Como consecuencia de la situación descrita ``son numerosos los derechos humanos vulnerados en el estado de Chiapas'' en todos los ámbitos: los derechos relativos a la vida, a la libertad personal, a la libertad de circulación y de establecimiento y al derecho a la protección y seguridad de las personas en territorio mexicano''.

Asimismo, ``al derecho a reclamar ante los tribunales nacionales cualquier vulneración de los derechos humanos, el derecho a la protección contra la detención arbitraria por parte de los poderes públicos, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente, el derecho a la defensa, los derechos de la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho de formar parte de las instituciones representativas, el derecho de participar en los cargos y servicios públicos del país sin discriminación alguna, el derecho a unas elecciones libres, pluralistas y democráticas''.

Señala que el conflicto de Chiapas afecta a toda la población y asegura que ``ciertos grupos sociales sufren de manera especial, de modo aún más intenso que la precaria situación que afecta a las comunidades indígenas en general'', y concretamente se refiere a las mujeres enfatizando que ``como consecuencia de la acción del Ejército en las zonas de conflicto, (ellas) sufren en sus cuerpos la violencia del conflicto de manera dramática: las agresiones sexuales por parte de los militares, miembros de Seguridad Pública y de grupos paramilitares, que también son frecuentes y, sobre todo, el miedo y la intimidación se incrementan por el hecho de que la mayoría no habla ni entiende el castellano''.

Entre la multiplicidad de denuncias recibidas por la CCIODH figuran el miedo de las familias indígenas hacia el Ejército federal, que junto con los grupos paramilitares les han quemado sus casas, ``ya sea porque fueron consideradas zapatistas o por negarse a participar en los grupos paramilitares'', por lo que han tenido que dejar sus pertenencias, animales, cosechas, ropa y alimentos. Por lo anterior, los desplazados viven en condiciones precarias, en casas ajenas, sin intimidad, ``en campamentos bastante míseros'', otras en la montaña, a la interperie, sin alimentos, sin ropa, sin atención médica, ``con el dolor de ver a sus criaturas enfermas y hambrientas''.

``No sólo su salud física sino su salud mental se ha visto gravemente afectada'', se afirma y agrega: ``sufren de mucha tristeza, tristeza que entre la gente indígena es considerada como una grave enfermedad''. Expresan ser ``muertas en vida'', porque no pueden practicar sus actividades cotidianas, tradicionales, que constituyen ``su razón de vivir'', a la vez que su forma de sostenerse económicamente.