Astillero Ť Julio Hernández López
En Guerrero se ha comenzado a exigir públicamente a la Cruz Roja Mexicana (CRM) que rinda cuentas claras sobre los fondos recabados para ayuda de los damnificados por el huracán Paulina. Hasta la fecha no se han dado respuestas oficiales satisfactorias, y crece con fuerza la percepción de que existió un manejo discrecional (acaso corrupto) de los dineros aportados por mexicanos y extranjeros de buena fe.
La sospecha no se ha producido tan sólo en segmentos netamente populares, o de oposición a las acciones oficiales, sino que ha sido recogida y difundida entre otros diarios por el Novedades de Acapulco, cuyo presidente es Rómulo O'Farril junior, aunque su gerente general y principal responsable es Andrés García Lavín.
La exigencia es concreta: que se informe, y se demuestre, en qué se ha gastado el dinero que la Cruz Roja Mexicana recolectó, tanto a nivel nacional como internacional, en cuentas bancarias para auxilio de los damnificados por Paulina.
La danza de los millones
Ante las inquietudes despertadas, el director de la Cruz Roja en Acapulco, Luis Samuel Zamora Zárate, dijo -el 11 del presente mes- desconocer la forma de aplicación de los recursos nacionales e internacionales, porque la canalización de tales fondos correspondía al comité nacional presidido por José Barroso Chávez. De la cuenta local, correspondiente a donativos de guerrerenses, Zamora Zárate explicó que se recaudaron un millón 71 mil 788 pesos con 45 centavos, de los cuales sólo mencionó en dos montos lo destinado a municipios de la Costa Chica y de Acapulco, sin entrar en mayores detalles.
Al siguiente día hubo declaraciones del gobernador Angel Aguirre Rivero, en las que informaba haber solicitado al comité nacional de la Cruz Roja Mexicana, y al Comité de Reconstrucción de Acapulco Huracán Paulina, un informe detallado de los recursos recibidos y las obras a las cuales se hubiesen canalizado. Aguirre Rivero precisó que los gobiernos federal y estatal se mantuvieron al margen del manejo de esos fondos ``para que se le diera una gran transparencia'' a ese proceso.
Antes se había dado a conocer una investigación periodística que mostró que en noviembre de 1997, en la cuenta 940282-4, sucursal 70 de Banca Serfin, la CRM contaba con 8 millones 117 mil 532 pesos con 82 centavos para apoyar a los damnificados por el huracán Paulina, y que en las sucursales de Los Angeles y Nueva York, de la propia Banca Serfin, había 935 mil 378 dólares para los mismos fines.
Días después se reunieron Manuel Añorve Baños, presidente municipal de Acapulco, y César Bajos Valverde y Luis Walton, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Comité de Reconstrucción de Acapulco Huracán Paulina, con José Barroso Chávez, presidente nacional de la Cruz Roja. En dicha reunión, Barroso Chávez informó que las cuentas nacional e internacional estaban en ceros, pues sus fondos se habían aplicado a la construcción de 3 mil techos en el municipio de Cuajinicuilapa (el segundo más afectado después de Acapulco), 5 mil techos más en diversos poblados de la entidad, sin especificar en cuáles, y en la alimentación y hospedaje de los socorristas que participaron en las tareas de emergencia.
Este domingo 22, el presidente municipal de Cuajinicuilapa, el perredista Andrés Manzano Añorve, informó oficialmente que en su municipio no se había recibido ningún apoyo en techos ni en obras de otra índole.
Visita presidencial de supervisión
En los primeros días del próximo mes, según comentarios del gobernador Aguirre Rivero, es esperada la visita del presidente Ernesto Zedillo a tierras guerrerenses para supervisar los avances de las obras de reconstrucción y el buen uso de las ayudas destinadas a los damnificados.
Antonio Jaimes Herrera, delegado de la CRM en Guerrero, dijo también que se espera para la semana próxima la visita de José Barroso Chávez a la entidad, pero sin que se haya confirmado todavía la fecha exacta.
La crisis de las instituciones
Las demandas de transparencia ocurren en un momento difícil para la CRM y su presidente Barroso, no sólo por la razón de que actualmente se realiza la colecta nacional en favor de dicha institución sino, además, porque se han juntado elementos que han politizado su función, como han sido las polémicas declaraciones del señor Barroso, en las que ha pretendido menospreciar la valía del uso del preservativo en la lucha contra el sida y, además, porque su participación en el conflicto de Chiapas ha sido catalogada por sectores zapatistas de proclive, y hasta cómplice, de las posturas gubernamentales.
La crisis de las instituciones por la que atraviesa México ha tocado ya zonas antaño rigurosamente preservadas de la crítica pública (la figura presidencial, el Ejército, la Iglesia católica, por citar sólo algunas), de tal manera que sería impropio pensar que las instituciones caritativas o de asistencia social podrían estar exentas de la supervisión ciudadana que, por lo demás, ha ido descubriendo mares de corrupción por donde quiera que va investigando.
Pero, con independencia del delicado caso de la CRM y su presidente Barroso Chávez, existen otros ejemplos claros de la manera como los sentimientos caritativos, solidarios y altruistas son llevados hacia fines, negocios y cuentas personales y familiares. (Allí está, para no ir tan lejos, el comprobado caso de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, y del Nacional Monte de Piedad, de cuyas triquiñuelas se dio puntual y nunca desmentida información en varias entregas de esta columna el año pasado)
Toneladas de ayuda sin entregar; síndicos cetemistas bajo acusación
Allí está el hecho reportado ayer por Carlos Ferreyra, corresponsal de El Universal en Los Angeles, California, de los enredos burocráticos que mantienen en el puerto de Manzanillo, Colima, 200 toneladas de comida, agua, ropa, cereales y antibióticos que llegaron de la ciudad estadunidense el 16 de noviembre del año pasado y se pudren actualmente en bodegas mexicanas en espera de ser entregados algún día a los damnificados por el huracán Paulina.
Según información proporcionada a Astillero por Arturo Valenzuela López, administrador de la aduana en Manzanillo, la culpa de que los envíos no hayan cumplido con su fin se debe a errores del remitente estadunidense y, principalmente, del destinatario, el DIF de Guerrero, que no realizó oportunamente los trámites obligatorios del caso.
Otro ejemplo de los olvidos con que actúan los personajes del poder en Guerrero lo ofrece el síndico priísta del municipio de Acapulco, José Luis Torreblanca Gómez, contra quien se abrió la averiguación previa TAB/I/4508/97 al ser denunciado por habitantes del puerto ya que, según su decir, en los días inmediatamente posteriores al huracán, cuando caía la noche y se prohibía el tránsito de civiles para evitar saqueos, llegaba el citado síndico y cargaba con despensas y artículos cuyo destino presunto eran los damnificados. La denuncia del caso fue ratificada por el ex boxeador profesional Marcos Villasana, quien era director de la Unidad Deportiva Acapulco, donde se producía el saqueo.
Desde luego, el síndico Torreblanca (protegido del senador y líder estatal cetemista Porfirio Camarena) sigue feliz y campante, mientras la averiguación previa ha sido archivada y el ex boxeador Villasana y los ciudadanos denunciantes han sido presionados y amenazados. Como esa denuncia hubo cuando menos un centenar, referidas a diversos incidentes, presentadas en la Casa de la Cultura de Acapulco, habilitada en aquellos momentos difíciles posteriores al Paulina como centro de información y quejas.
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