El Programa de reordenamiento del comercio en vía pública, presentado en febrero por el gobierno del Distrito Federal, presenta avances muy significativos en comparación con las equívocas políticas aplicadas por los anteriores gobiernos. Ello se debe a que parte correctamente del análisis de la naturaleza estructural del fenómeno: el desempleo y la pobreza generadas por la crisis y la política neoliberal; las contradicciones políticas presentes en él (control corporativo y manipulación, corrupción de funcionarios, etcétera); los conflictos entre los derechos de los ``ambulantes'', los comerciantes formales y los habitantes y usuarios de la ciudad; las causas del fracaso de políticas anteriores; la inutilidad e inconveniencia del uso de la represión para resolverlo, y la necesidad de la participación ciudadana como vía para lograr los acuerdos para su tratamiento. En una palabra, tiene un soporte democrático.

Sin embargo, el diagnóstico no profundiza suficientemente sobre la presencia hegemónica, detrás de los vendedores en la vía pública, de la ``economía empresarial informal'' que los surte de productos robados, fayuca, droga, mercancía pirata o falsificada, de mala calidad, caduca o comercializada, violando el sistema fiscal, constituida por poderosos actores y empresas, que son los verdaderos beneficiarios. Los objetivos del programa son correctos, aunque se nota la ausencia de planteamientos sobre el control del sector de proveedores e intermediarios ilegales o semilegales, o sobre el desmantelamiento del corporativismo en las organizaciones, la acción ilegal o antidemocrática de sus líderes y el freno a la manipulación política de los ambulantes.

Al proponer las políticas, no se profundiza en los límites estrechos que establece al reordenamiento, la prolongación de la crisis económica, el mantenimiento del desempleo estructural, la continua caída del salario real y el desmantelamiento de la política social; aunque el gobierno capitalino carece de instrumentos para resolver globalmente estos problemas, puede ayudar a reducirlos; de todos modos, su persistencia obliga a ser prudentes en las metas del reordenamiento.

Las acciones propuestas se construyen sobre principios democráticos fundamentales: buscan el mejoramiento de la situación económico-social de los ambulantes, sobre todo de las mujeres, los indígenas y los niños; parten de la participación ciudadana y la búsqueda de consenso; no se sustentan en la represión, y tienden a garantizar los derechos ciudadanos de todos los involucrados, rescatando el derecho individual de los ambulantes frente al interés corporativo de los líderes. Pero aún faltan aspectos esenciales a resolver. No hay medidas para regular o desmantelar las redes ocultas del poder económico en el sector: distribución, contrabando, delincuencia organizada, proveduría semilegal o cacicazgo. Los planteamientos sobre la construcción del padrón suponen que el sector es cuantitativamente constante, por lo que no atienden a su variabilidad en el tiempo, el espacio y las coyunturas socioeconómicas.

Igualmente, son limitadas las acciones de mejoramiento social, de las condiciones de trabajo y las estructuras físicas de la actividad. En particular, se mantiene el planteamiento tradicional de reubicación en mercados, plazas y corredores, que han tenido resultados contradictorios en el pasado, sin llegar a propuestas nuevas que reconozcan que la ubicación en áreas problemáticas corresponde directamente a una necesidad operacional de la actividad. Tampoco se logran construir instrumentos y acciones eficaces para controlar la corrupción de funcionarios y líderes.

Los procesos participativos en curso y los mecanismos permanentes establecidos para ello en las delegaciones, podrían avanzar en la construcción de instrumentos y acciones más creativos para superar estas limitaciones. Entre ellas, habría que reflexionar nuevamente sobre la desconcentración a las delegaciones periféricas de los lugares y las condiciones para la venta en vía pública, y otras actividades microempresariales, con el aliciente de reducir los desplazamientos poblacionales hacia el centro. Pero lo esencial es construir alternativas económicas y sociales para superar las causas estructurales del desempleo y la pobreza, poniendo en marcha acciones programáticas de sentido distinto o contrario al neoliberalismo excluyente.