300 líderes religiosos de EU piden frenar la ``escalada de violencia''

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 24 de marzo Ť Más de 300 líderes religiosos de Estados Unidos hicieron hoy un llamado a los gobiernos de ese país y de México para que detengan la ``escalada de la violencia'' contra las comunidades indígenas de Chiapas, en una señal de que el nivel de oposición a las políticas aplicadas en ese conflicto sigue creciendo aquí después de la masacre de Acteal.

``Nosotros, los líderes religiosos abajo firmantes, llamamos a que los gobiernos de México y Estados Unidos examinen las políticas oficiales que han resultado en pláticas de paz estancadas y repetidas explosiones de violencia en Chiapas. Urge una resuelta acción para desmilitarizar el conflicto y llegar a un acuerdo negociado'', declara el grupo de obispos católicos y dirigentes nacionales de iglesias protestantes, entre otros.

La declaración también señala que, a pesar de las acciones de las autoridades para detener a responsables de la matanza de Acteal, ``existe evidencia de un patrón de tolerancia gubernamental, y aun apoyo para tales grupos paramilitares''.

La declaración está dedicada a ``los mártires de Acteal'' y hoy fue entregada a los presidentes Ernesto Zedillo y Bill Clinton. En ella se detallan los hechos y se agrega: ``Estamos aún más perturbados de que después de la masacre los militares incrementaron su presencia en Chiapas en 5 mil soldados y llevaron a cabo maniobras agresivas en áreas zapatistas''.

Entre los firmantes están los obispos católicos Juan Arzube y Gabino Zavala, de Los Angeles; Gilbert Chávez, de San Diego; Thomas Gumbleton, de Detroit; Charles Grahmann, de Dallas; Thomas Kelly, de Louisville; John McCarthy, de Austin; Patrick McGrath, de San Francisco, y Richard Sklba, de Milwaukee, entre otros.

Además, firman la reverenda Joan Brown Campbell, secretaria general del Consejo Nacional de Iglesias (cúpula de las iglesias protestantes); su presidente, el obispo Craig Anderson; el reverendo Vernon Broyles, de las oficinas nacionales de la Iglesia presbiteriana; el reverendo James Dunn, de la Iglesia bautista; el obispo Leontine Kelly, de la Iglesia metodista; el rabino Ira S. Youdovin, de la Junta de Rabinos de Chicago, y representantes de otros sectores religiosos.

También, Martin Luther King III, presidente del Southern Christian Leadership Conference e hijo del famoso dirigente de la lucha por los derechos civiles. De otros países firman Manuel Quintero, del Consejo de Iglesias de América Latina; Evelyn Mandela, del Consejo Nacional de Iglesias de Kenya; el reverendo Williams Monroe, de la Conferencia de Iglesias del Caribe; el reverendo John Moyer y Edith Sánchez, del Consejo Mundial de Iglesias (con sede en Suiza), y el reverendo Loren Riebe, quien firma como ``pastor en el exilio'' de la parroquia de Santiago Apóstol, de Yajalón, Chiapas.

La declaración concluye con un ``llamado a la paz'' e insta al presidente Zedillo a ``actuar decisivamente'' para lograr un acuerdo negociado y dar ``pasos inmediatos a fin de desarmar completamente a los grupos paramilitares'' y que se implementen sin demora los acuerdos de San Andrés, como preludio necesario para reiniciar las negociaciones de paz.

También llama a que se desista de cualquier acción militar que amenace las negociaciones y hace un llamado al gobierno de Estados Unidos a ``reexaminar'' la legalidad de otorgar más asistencia militar dados los constantes abusos de derechos humanos atribuidos al Ejército Mexicano denunciados por organizaciones civiles.

``Este documento demuestra la profunda preocupación de la comunidad religiosa a nivel internacional por la situación de los pueblos indígenas de Chiapas y la determinación de acompañar los esfuerzos de todos aquellos que en México buscan una paz justa y duradera'', afirmó hoy Phil McManus, del Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), cuya organización impulsó la declaración en coordinación con Raúl Vera, obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas.

Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de marzo Ť El incremento de la violencia en tres regiones de Chiapas -Selva, Altos y Norte- y la necesidad de crear y fortalecer espacios de observación, propiciaron que los organismos no gubernamentales del país que actúan en la zona intenten formar las Brigadas Civiles de Observación por la Paz y los Derechos Humanos (BriCo).

De acuerdo con el proyecto enviado a las organizaciones y comités de solidaridad con Chiapas, una de las principales tareas que tendrán estas brigadas será la de monitorear y reportar el cumplimiento de las reglas de comportamiento establecidas desde el inicio del diálogo -abril de 1995- para el Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El documento enviado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recuerda que a partir de la ofensiva del Ejército en febrero de 1995, las comunidad afectadas invitaron a personas de la sociedad civil nacional e internacional para que se quedaran con ellos a fin de ``acompañarles en la situación difícil'' por la militarización de sus comunidades.

``Es importante señalar que en el estado de Chiapas todavía se está incrementando el clima de violencia, que no sólo se ubica en la zona que se ha denominado de conflicto, sino que otras comunidades de municipios fuera de esta región están solicitando nuestro acompañamiento''.

Esto ``nos lo piden, por ejemplo, en las zonas Norte y Altos, donde en los dos últimos años la violencia ha crecido cada vez más hasta culminar en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en el municipio de Chenalhó. En estos lugares hay presencia de civiles armados y grupos paramilitares que propician un estado de terror e impunidad entre la población'', señala el documento enviado a las organizaciones y comités de solidaridad con Chiapas.

La situación que se vive en esta entidad, agregan, impulsa a varias organizaciones que buscan la paz a buscar mecanismos que permitan condiciones de seguridad para la vida de las comunidades y, en muchos casos, para el retorno de las familias desplazadas de sus hogares.