La Jornada 25 de marzo de 1998

Respeto total a lo pactado en San Andrés, exhortan observadores

José Gil Olmos Ť El escritor portugués José Saramago se reunió ayer por dos horas con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y antes de salir del país comentó que durante su plática con el funcionario mexicano reiteró las expresiones emitidas en las semanas pasadas, las cuales se caracterizaron por su crítica a la actuación del gobierno respecto a la situación que viven las comunidades indígenas en la zona de conflicto en Chiapas.

``Hemos intercambiado opiniones muy sinceras, muy abiertas, muy francas'', dijo el escritor lusitano, quien estuvo en México dos semanas, durante las cuales dictó conferencias en Guadalajara, el Distrito Federal y viajó a Chiapas para cerciorarse de la situación que persiste allí luego de la matanza de Acteal.

Al término de la reunión, a la que convocó el secretario de Gobernación, Saramago se disculpó ante los reporteros por el escaso tiempo que tenía para llegar al aeropuerto. Sin embargo, señaló que regresaría a México ``porque hay cantidad de motivos para volver''.

En las escalinatas del edificio central, José Saramago señaló: ``Con el secretario de Gobernación hemos intercambiado opiniones muy sinceras, muy abiertas, muy francas totalmente; es decir, nada de lo que he dicho en estos días lo omití y tampoco el secretario de Gobernación expresó otras opiniones que no sean las del gobierno. Entonces, en total libertad y con respeto mutuo total, insisto y repito, hemos intercambiado opiniones''.

-¿Hablaron de Chiapas?

-Yo sólo pregunto si es posible estar en México y no hablar de Chiapas. Hemos hablado de Chiapas -contestó a los reporteros el escritor que en algún tiempo también fue periodista en Portugal.

El coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, señaló que la plática entre ambos personajes fue ``muy honesta'', y que Saramago externó puntos de vista ``muy concretos. Hubo coincidencias, entre ellas el drama que viven las comunidades indígenas y la necesidad de atender su situación moral y material''.

Aseguró que no hubo ``discrepancias'', sino ``simplemente enfoques de un distinguido huésped mexicano (sic) que ha tenido una gran sensibilidad respecto a lo que aconteció en Acteal y ha querido venir, como él lo dijo: a vivir e incorporar Acteal a sí mismo''.


José Gil Olmos Ť Jorge Alcocer Villanueva, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, aceptó que el problema de Chiapas ha detenido los trabajos de la reforma política, y explicó que por el momento se buscan los métodos y las normas para dialogar con todos los partidos y los legisladores.

Entrevistado antes de ingresar en sus oficinas de Bucareli, señaló que muchas de las reuniones con los representantes de los partidos ``son discretas, no secretas''.

Señaló que lo mejor es un ejercicio de transparencia, pero precisó: ``No piensen que todo lo que se platica entre los políticos debe conocerlo la opinión pública. Eso no funciona en ningún país del mundo, ni creo que en México vaya a funcionar así''.

Según Alcocer, los tiempos para realizar la reforma del Estado los dictan los partidos y sus legisladores. No obstante, acusó que algunos de estos últimos usan ``sarape'' para cubrirse.

``Conforme avancemos en una conducta más abierta de todos los partidos podremos ir quitando los sarapes. Todavía hay mucho ensarapado en la política mexicana. Ojalá en beneficio de los medios, en beneficio de la opinión pública, podamos ir transparentando.

``Las reuniones entre partidos, entre dirigentes políticos, entre funcionarios gubernamentales y dirigentes partidistas debe-rían ser parte de nuestra normalidad y no quitarles el sueño ni a ustedes ni a la opinión pública, y deberían ser parte de lo que cotidianamente el país vive y con lo que cotidianamente trabaja'', explicó.

Rechazó que existan ``tiempos fatales'' para la reforma del Estado antes de las elecciones federales del 2000. ``Hay una pretensión de poner siempre el problema por delante. No, hay una ley electoral que ya probó sus méritos, su eficacia; hay un Instituto Federal Electoral que procesa sus cambios. ¿Dónde está el condicionante? ¿Quién lo pone? La propia realidad establecerá el ritmo, no condicionantes artificiales''.


Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Ť Una veintena de organizaciones ciudadanas harán en un par de días una propuesta pública al gobierno federal, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y al Congreso de la Unión para que decreten ``una tregua legislativa'', con la intención de realizar un último esfuerzo para recuperar el diálogo entre el gobierno y los zapatistas y dar tiempo a los partidos para que lleguen a un consenso sobre los términos de la reforma en materia de derechos y cultura indígenas.

En esa convocatoria pública participan Alianza Cívica, Causa Ciudadana, Mujeres en Lucha por la Democracia y el Grupo San Angel, entre otros que consideran que no sería conveniente para el país ``sacar una ley que no cuente con el respaldo de los zapatistas y los indígenas'', explicó el diputado Demetrio Sodi de la Tijera, quien dijo que el objetivo final de la reforma legal debe ser la paz, ``no se trata de legislar por legislar''.

Sodi de la Tijera, quien llegó a la Cámara de Diputados como abanderado del PRD, pero que su trabajo ha sido en los últimos años con las organizaciones ciudadanas, consideró que desvincular la ley del proceso de negociación es hacer que aquélla ``nazca muerta''.

Lo que ocurra en torno a Chiapas, apuntó el legislador, marcará el camino del presidente Ernesto Zedillo en los años de gobierno que le restan: ``¿Por qué camino vamos? ¿Por el del diálogo, por el de la confrontación o por el del mayoriteo?'', cuestionó.

``Si vamos por el primero, se puede avanzar en la reforma política y fiscal; si vamos por el mayoriteo, vamos a entrar al conflicto permanente'', expresó.