En su informe final sobre la situación prevaleciente en Chiapas, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) documenta con amplitud el gravísimo estado de descomposición política y social que existe en amplias zonas de esa entidad de la República, y realiza una serie de recomendaciones que deben ser consideradas tanto por el gobierno federal como por los actores políticos y sociales del país.
En su documento, la comisión enlista los factores que, según la información recopilada durante su visita a Chiapas, han sido causa de las graves tensiones existentes en la región: intensa militarización, presencia de grupos paramilitares, impunidad y falta de justicia, miseria estructural en la que permanecen las comunidades, represión en contra de las organizaciones de la sociedad civil y falta de voluntad política para alcanzar una solución respetuosa al conflicto y a las demandas de los pueblos indígenas.
Si bien estas circunstancias son de suyo conocidas, y sus efectos dramáticamente padecidos por las comunidades, los enérgicos señalamientos de la comisión no pueden pasar inadvertidos, pues además de haber sido dados a conocer luego de una investigación seria y consistente, se encuentran avalados por una amplia gama de organizaciones y personas provenientes de 15 países.
Por otra parte, el informe menciona 11 recomendaciones que podrían contribuir a la distensión, la reapertura del proceso de diálogo y la búsqueda de la paz, entre ellas el cumplimiento inmediato de los acuerdos de San Andrés y el reinicio de las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN; el respeto a la iniciativa de la Cocopa; la consolidación de las instancias de mediación y verificación; el retorno de los desplazados a sus comunidades; el fin de la militarización y la paramilitarización; y el fortalecimiento de los organizaciones mexicanas de derechos humanos, así como la garantía para la presencia de organismos extranjeros de esa misma naturaleza.
Cabe señalar que estas premisas han sido parte fundamental de las exigencias de la sociedad civil y, por ello mantienen una congruencia con las exigencias que la ciudadanía ha emitido en relación al conflicto de Chiapas. No se trata de opiniones personales de los observadores: son el resultado de la recopilación de denuncias y testimonios formulados por los propios indígenas chiapanecos.
Pese a que a los miembros de la comisión lo solicitaron de manera reiterada, nunca se les otorgó el visado FM3 (únicamente se les concedió el de turista) y debieron enfrentar múltiples trabas y dificultades para la realización de sus tareas, incluso para entrevistarse con funcionarios del gobierno federal. En este contexto, sorprende el señalamiento del coordinador gubernamental para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, quien afirmó que no se reuniría con los observadores porque sólo poseen visa de turista y además éstos habían incumplido el compromiso de entregar su informe al gobierno mexicano antes de darlo a conocer de manera pública.
La vigilancia del respeto de los derechos humanos es una labor que debe ser garantizada por los gobiernos de todas las naciones, más aún en el contexto de globalización y consolidación de la democracia que se experimenta en el mundo y en el país. Por ello, antes que suscitar rechazos injustificados en nombre de la soberanía nacional -que no es vulnerada por las tareas de observación del respeto de los derechos humanos-, el informe de la CCIODH debe ser tenido en cuenta por todos los actores políticos y sociales, en especial por las instancias gubernamentales, en la búsqueda de soluciones dignas y justas al conflicto chiapaneco y a las demandas de los mexicanos indígenas.
De igual forma, a fin de restablecer el clima necesario para la reactivación del diálogo, es indispensable fortalecer las instancias de mediación entre el gobierno y los zapatistas, especialmente la Conai. El organismo presidido por el obispo Samuel Ruiz es el único puente con la credibilidad y la capacidad suficientes para servir de enlace entre el EZLN y el gobierno federal, por ello desempeña una función fundamental e insustituible en el esfuerzo para alcanzar la paz en Chiapas.