Sufre la entidad descomposición y grave deterioro de derechos, exponen en su informe

Triunfo Elizalde Ť La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) recomienda al gobierno de México el ``cumplimiento inmediato e íntegro'' de los acuerdos de San Andrés; restablecer el proceso de diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); ``respeto al proyecto'' de iniciativa de reformas de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa); consolidar las funciones de las comisiones Nacional de Intermediación (Conai) y de Seguimiento y Verificación (Cosever); ``poner fin a la militarización'' en Chiapas regresando al Ejército a sus cuarteles y desarmar a los grupos paramilitares, así como promover la lucha contra la impunidad ``por medio de acciones globales y no meramente simbólicas''.

El documento respectivo fue entregado en conferencia de prensa por los españoles Ignacio García García y Sigfrido Miralles, y el argentino Alejandro Goldberg, bajo la ``amenaza latente'' de ser expulsados pues, según hicieron saber, ``hace cinco minutos fuimos enterados por una funcionaria de Relaciones Exteriores que no se nos concedía la visa FM-3, por lo que al no contar con ese estatus migratorio tenemos miedo de no poder entregar el informe a las partes con las que nos habíamos comprometido''.

Revelaron que desde el 20 de este mes, en los consulados mexicanos de sus respectivos países habían gestionado la visa FM-3, y que luego de tres días de espera la CCIODH decidió que viajaran a México ``como turistas'', con la esperanza de que al llegar se les cambiara la forma migratoria. Al llegar, se les pidió esperar y finalmente ayer, sin mayores explicaciones, se les negó ese trato migratorio que les permitiría realizar otras actividades no turísticas.

Copias a Conai y Cocopa

Según dijeron, desde la fecha mencionada gestionaron entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional de Derechos Humanos. ``Incluso, pensamos en ver la forma de entregar un ejemplar del informe a la Presidencia de la República, pero ahora no sabemos qué va a suceder''.

García García, Miralles y Goldberg, luego de manifestar su ``inquietud y extrañeza'' ante esta situación, hicieron saber que el lunes 23 pusieron en manos de la Conai y la Cocopa copias del informe. ``Esto, en función de que se trata de las instancias de coadyuvancia e intermediación''. Dijeron además, que van a ir a Chiapas para, de ser posible, ``entregar el documento a las instituciones y personas con las que tuvimos entrevistas y obtuvimos información sobre lo que sucede ahí en materia de derechos humanos''.

Por lo que al informe se refiere, en el apartado de Recomendaciones --precisaron que son ``exhortaciones morales, no planteamientos obligatorios (al gobierno mexicano)--, la CCIODH solicita amnistiar de manera inmediata a los ``presos políticos'' y retornar a los desplazados (en Chiapas) a sus comunidades de origen, ``con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos''.

Igualmente, recomienda el fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos y ``garantía de la presencia de organismos extranjeros, así como el reconocimiento de un estatuto internacional del observador; la ``intervención'' de la Cruz Roja Internacional ``como medio para la asistencia humanitaria a la población debido al rechazo existente hacia la ayuda de organismos institucionales mexicanos'', y la designación de un relator especial de la ONU en México.

El acuerdo con la UE

Y a nivel de la Unión Europea, el establecimiento de un mecanismo ``de seguimiento de la cláusula democrática y de derechos humanos'', el cual --si el Acuerdo de Asociación Económica, de Coordinación Política y de Cooperación firmado con México se hace vigente-- debería permitir proceder a una verificación permanente de la situación de los derechos humanos. Dicho mecanismo, se asienta, deberá integrar a diferentes organizaciones sociales mexicanas e internacionales en defensa de los derechos humanos.

En el apartado de Conclusiones, la comisión señala que en Chiapas, ``los derechos humanos están en una situación de gravísimo deterioro''.

Ese estado ``vive en estos momentos las consecuencias de una situación de profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Desde todos los niveles se percibe cómo las estructuras institucionales son incapaces de asegurar la vigencia del estado de derecho y cómo la sociedad chiapaneca, y en especial las comunidades indígenas, sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia e impunidad''.

Impunidad generalizada

Como se recordará, una representación de la Comisión Civil Internacional para la Observación de los Derechos Humanos visitó México del 16 al 28 de febrero de este año. La caravana estuvo integrada por 210 personas de 11 países. El organismo subraya: ``Los factores que en mayor medida contribuyen a generar dicha situación son: la intensa militarización de la zona, la presencia de grupos paramilitares, la situación generalizada de impunidad, los obstáculos para el acceso a la justicia, la situación de miseria estructural que sufren las comunidades, la represión hacia las formas de organización de la sociedad civil y la falta de voluntad política para la búsqueda de una solución respetuosa de las demandas indígenas''.

Sobre la militarización señala: ``El gobierno argumenta que (el Ejército) cumple funciones estrictamente constitucionales, pero es obvio que está ejerciendo funciones de gestión y promoción social y aseguramiento del orden público que no le corresponden''.

Por lo que hace a los paramilitares indica que la proliferación de esos grupos ``responde a una estrategia dirigida para provocar desplazamientos masivos de población con la finalidad de desestructurar socialmente zonas enteras y deshacer el entramado reivindicativo organizado por la sociedad civil, acciones que apoyan el Ejército federal y los cuerpos de policía''.

Añade que pudo comprobar la ``contradicción existente entre los intereses de los terratenientes y comunidades, que se sitúa como uno de los factores que explican la proliferación de grupos armados''.

En el informe se precisa que existe un planteamiento de demandas globales y estructurales que ``el gobierno dice respetar pero que la evidencia de las situaciones presenciadas hace pensar lo contrario, además de que pese al discurso oficial que insiste una y otra vez en la voluntad de negociación, parece obvio que lo que se está promoviendo es el debilitamiento del diálogo y el descrédito de las instancias de coadyuvancia, intermediación y verificación... ''

En tales términos, apunta, ``es que hay que interpretar la militarización, la presencia de grupos paramilitares y la campaña xenofóbica que pretende evitar la presencia de extranjeros en la zona''.

Abunda: ``Se trata de un paso más dentro de una estrategia previa que ha llevado al Ejército a erigirse, ante la situación de descomposición política y social que vive el México actual, en el auténtico protagonista. Se puede hablar de la existencia de una guerra de baja intensidad, pese a la vigencia de la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna, caracterizada por el hostigamiento a la población con el fin de aislar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional de sus bases de apoyo social, reduciendo el ámbito del conflicto a una cuestión muy localizada, explicada con base en conflictos de carácter fundamentalmente religioso y étnico, pero que en ningún caso plantearía demandas y propuestas generalizadas''.