Sami David*
Poder Legislativo, representación política

En los momentos cruciales de la historia nacional, como el presente, cuando se debaten en los más disímbolos foros las coordenadas que marcarán el tránsito de México hacia el siglo XXI, se impone repensar paradigmas, asumir una actitud que facilite los acuerdos y allane los saltos hacia adelante, sin renunciar a las convicciones y resolver las identidades.

Uno de esos foros de debate, el principal, es sin duda el Poder Legislativo: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La primera, representación de la nación; la segunda, del Pacto Federal. Representantes ambas de los mexicanos.

Y uno de los temas de la agenda nacional que hoy concentra la atención y la preocupación de los mexicanos es la suscripción de un pacto político de amplio consenso que funde una nueva relación del Estado mexicano con las comunidades indígenas: cómo hacer compatible la unidad nacional y el principio jusnaturalista de igualdad de todos ante la ley, con la diversidad cultural y la máxima del derecho social, trato desigual a desiguales.

El tema, desde luego, no es simple, por ello caben posturas tan distintas y hasta encontradas. Pero, por ello mismo, hay que atender la voz de los mexicanos, indígenas y no indígenas, que ya se han expresado y que se siguen expresando en diversos encuentros ex profeso de Chiapas y de la República.

Apenas el viernes 20, en Oaxaca, el primer Encuentro Nacional de Legisladores sobre Asuntos Indigenas, fijó una importante posición, plural y consensada, de las legislaturas locales. Hay que escuchar todas las voces y encontrar el punto fino de equilibrio.

El Senado ha recibido dos iniciativas de ley sobre derechos indígenas, del Poder Ejecutivo y del PAN, y se apresta a su discusión. Momento oportuno para escuchar no sólo las definiciones del PRI y del PAN, sino también las de los demás partidos y de rescatar lo que ha expresado la sociedad civil, sobre todo a partir de la irrupción del conflicto en Chiapas.

Cuando los consensos en el Congreso parecen complicados, viene a nuestra memoria uno de los clásicos de la ciencia política, el italiano Norberto Bobbio, quien deploraba en ``el futuro de la democracia'', la tendencia universal de los parlamentos a la degeneración de la representación política en representación de intereses, en representación de grupos.

No por razones ideológicas, no por geometría política, sino porque cada vez en los partidos políticos de todo signo gana más terreno la tentación de entregarse a la causa de una clientela y no al interés nacional, a la voluntad general preconizada por Rousseau.

De ahí, de la subordinación del voto parlamentario a una postura irreductible de partido, al fundamentalismo del todo o nada, hay un solo paso. O se aprueba lo que dicta el partido, o no se aprueba nada.

Lo que subyace en esa posición, que comienza a ser conocida como el imperio de la partidocracia, es la confusión entre un mandato privado, donde el representante no hace más que administrar los intereses del mandante, con un mandato público, donde el representante, el legislador, se debe no al partido que nomina y ni siquiera a la circunscripción territorial que elige, sino a la nación.

De esta confusión, que lo mismo priva en regímenes presidenciales que en sistemas parlamentarios, deriva la dificultad para encontrar puntos de avenimiento en las discusiones del Congreso. No es lo mismo pensar en el interés general que en un coctel de posiciones particulares, por legítimas que sean.

Momento propicio para reflexionar si en el Poder Legislativo mexicano habrá, como lo hubo con la reforma electoral, la disposición de ánimo, la actitud antes que la orientación del voto, para definir por consenso los nuevos trazos de la relación entre el Estado, la sociedad y las comunidades indígenas.

Momento para reflexionar si hay disposición y habilidad para conjugar los acuerdos de San Andrés con las conclusiones de otros foros indígenas y con las posiciones de todas las fuerzas políticas nacionales.

La reforma constitucional de los derechos indígenas tiene que ser incluyente. La exclusión y la autoexclusión, en éste como en cualquier caso, no son abono para la democracia.

No es cotejo de fuerzas partidistas. Es la hora del Congreso. Es el tiempo de México. Es el llamado de la paz.

* Senador de la República