Se busca ampliar la libertad de las iglesias: Jiménez Morales

José Antonio Román/ II y última Ť La laicidad del Estado y la separación entre éste y las iglesias son los dos principios rectores de la política del gobierno de México en materia religiosa, aun cuando la realidad del país y el contexto internacional han cambiado durante las últimas décadas, aseguró el subsecretario de Asuntos Religiosos, Guillermo Jiménez Morales.

Consideró que ``en general'' los ministros de culto se han apegado a lo establecido a la ley y entienden cuál es su papel en la sociedad. Pero cualquier intento de modificar de nueva cuenta la Constitución -ya sea para que las iglesias administren medios de comunicación electrónicos, tengan mayor injerencia en el tema educativo o que a sus integrantes se les reconozca el voto pasivo- corresponderá decidirlo al Congreso de la Unión.

Anunció también que luego de varios años de vigencia de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público -promulgada el 15 de julio de 1992-, su reglamento correspondiente se halla en la ``última fase'' de elaboración y revisión, y se espera que, en lo esencial, se obtenga el consenso con las diferentes iglesias, las que han presentado a la subsecretaría algunas propuestas específicas sobre varios temas.

En entrevista con La Jornada, el funcionario habló sobre su intención de establecer reglas políticas claras no sólo para el tratamiento de las asociaciones religiosas, sino también para que se amplíen los espacios de libertad de todas las asociaciones que tienen este carácter.

Embajador de México ante el Vaticano del 6 de abril de 1995 al 16 de enero de 1998 y segundo representante desde que el 21 de septiembre de 1992 ambos Estados anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, Jiménez Morales destacó que los principios de laicidad y separación entre el Estado y las iglesias son producto de nuestra historia y de la realidad actual del país.

Puntualizó que durante mucho tiempo estos términos tuvieron una connotación rígida, que se entendía por el contexto histórico de conflictos y en el proceso de formación de la nación mexicana.

``Ahora los tiempos han cambiado, pero los principios permanecen y se consolidan en nuestra sociedad. Queremos señalar por lo tanto la necesidad de enfatizar el carácter positivo de la noción del Estado laico, así como la de separación Estado-iglesias.

``Dentro de esta manera de concebir las relaciones con las agrupaciones religiosas, en una sociedad abierta y crecientemente plural, no hay contradicción entre, por un lado, estas nociones de laicidad y de separación Estado-iglesias y, por el otro, la participación más clara y decidida de las mismas y de sus dirigentes en las cuestiones públicas de la vida nacional, siempre dentro de los límites que marca nuestro marco jurídico'', señaló.

-¿Estos planteamientos y principios rectores que menciona no se ven afectados en su continuidad por los constantes cambios de funcionarios en el área encargada de la relación con las iglesias, pues en tan sólo cinco años han sido 12 los funcionarios directos encargados de esta relación, tomando en cuenta subsecretarios y directores generales?

-No tiene por qué ser así. La continuidad de la República está garantizada precisamente por sus instituciones, más allá de los hombres. Lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes debe ser respetado por todos y, en primer lugar, por los servidores públicos. Desde esa perspectiva, me parece que la continuidad de los principios está asegurada.

-¿En estos principios de separación se puede determinar con claridad dónde se ubica la línea o la frontera que marca el campo de actividades que le pertenece al Estado y que no puede ser invadido por la vida eclesial? ¿Desde su punto de vista, se han dado casos en que algunos obispos, pastores o representantes eclesiásticos han rebasado, aunque sea sutilmente, sus respectivos campos?

-En esta materia ha habido confusión. Hay que leer con mucha atención lo que marca la Constitución y en particular el artículo 130 constitucional, además de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para conocer los derechos y obligaciones, lo que está permitido y lo que está vedado para las agrupaciones religiosas y sus ministros de culto. Muchas veces, por desconocimiento de las disposiciones legales, se generan malentendidos, se piensa que se infringió la ley cuando no fue así, o viceversa. Pero para responder al resto de su pregunta yo diría que, en general, los ministros de culto o dirigentes religiosos son respetuosos de la ley y entienden muy bien cuál es su papel en la sociedad.

Respecto a la posibilidad de que las iglesias o asociaciones religiosas administren medios electrónicos de comunicación, o incluso a los ministros se les reconozca plenamente sus derechos políticos, como es el caso de poder ser votado en un proceso electoral, Jiménez Morales remarcó que es el pueblo quien finalmente decide y marca el rumbo de la nación.

Incluso, agregó, hasta ahora hay puntos de vista divergentes acerca de este tipo de participación política de las asociaciones religiosas y sus ministros de culto. De cualquier manera, dijo, la instancia decisoria corresponde al Congreso.

Por lo que se refiere a la limitación para poseer o administrar medios masivos de comunicación no impresos, el funcionario recordó que en el debate público que se generó antes de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las iglesias no tuvieron una posición unánime al respecto. Incluso, indicó, algunas iglesias prefirieron que existiese dicho impedimento.

``Ahora hay algunas voces que quieren modificar la ley en este aspecto, lo cual no es tan sencillo, pues supondría también una revisión en otras áreas que escapan a nuestra competencia. Pero en fin, como lo expresamos en principio, es el pueblo el que en última instancia decide y aprueba las leyes que nos rigen''.

-El próximo 15 de julio la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público cumple seis años de haber sido promulgada. ¿Es hora de pensar ya en un reglamento a esta ley? ¿Si es así, cuándo podría salir? ¿Sería resultado del consenso entre el gobierno y representantes de todas las iglesias? ¿Quién podría presidir la comisión sancionadora que establece la propia Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público? En caso de que no piense emitirse dicho reglamento, ¿cuáles son los argumentos para ello?

-El reglamento de la ley está en su última fase de elaboración y revisión, antes de que se someta a las instancias pertinentes para su eventual aprobación y publicación. Esperamos por supuesto que obtenga el consenso en lo esencial de las asociaciones religiosas y hemos recibido ya algunas propuestas específicas que algunas de ellas, sin conocer el proyecto actual, amablemente nos han hecho llegar. Estamos por lo demás abiertos a todo tipo de sugerencias que nos permitan perfeccionar este proyecto de reglamento, el cual podrá salir a la luz pública después de haber cumplido todas estas instancias.

Acerca de los programas que buscará poner en práctica, Jiménez Morales citó:

``En primer lugar, deseamos establecer reglas políticas claras para el tratamiento de las asociaciones religiosas. En segundo, queremos que las asociaciones religiosas se incorporen y contribuyan, en tanto que actores religiosos (es decir, no políticos), a la solución de los problemas más agudos del país. En tercero, como ya lo mencioné anteriormente, queremos fortalecer una cultura de pluralidad y tolerancia. En esto, el caso de Chiapas nos demanda un esfuerzo especial. En cuarto lugar, es nuestra intención definir una política clara del Estado, dentro de los límites marcados por la Constitución y sus leyes, en favor de la ampliación de los espacios de libertad para todas las asociaciones religiosas y sus fieles''.

Finalmente, agregó que quiere conocer con mayor profundidad cuáles son las expectativas que estas asociaciones religiosas tienen respecto del gobierno mexicano y establecer un diálogo permanente con las iglesias y sus dirigentes para la solución de sus problemas.