La presentación al Congreso de las iniciativas de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena por parte del Ejecutivo y del PAN plantea cuatro dilemas de fondo: se legisla con los pueblos indígenas y el EZLN o al margen de ellos; se legisla para la paz o para la guerra; se legisla desde los acuerdos de San Andrés o desde las plataformas partidarias; se legisla buscando que la realidad indígena tenga un marco legal o se hace una reforma que obligue a los pueblos indios a seguir viviendo en la simulación.

Ambas iniciativas fueron presentadas de manera unilateral, al margen y aun en contra de los pueblos indígenas y de los zapatistas. Estos no tienen ni representación en el Congreso, ni forma de influir, en condiciones de equidad, a su interior. De aprobarse, en lugar de permitir el avance del proceso de paz, abrirán la puerta a una salida militar. Su contenido está muy lejos de lo acordado en San Andrés. La distancia que hay entre una y otra es la misma que existe entre un parto y un aborto. Además, el procedimiento seguido rompe el marco establecido para la negociación. En lugar de favorecer el establecimiento de un piso legal acorde con la realidad indígena obliga a ésta a sobrevivir en la simulación.

Las iniciativas del Ejecutivo y del PAN no resuelven ni el problema de la paz en Chiapas, ni el de una legislación en materia indígena satisfactoria para los pueblos indios. Por el contrario, la enredan aún más.

Su aprobación, además, presenta muchas complicaciones. Se necesita, de entrada, el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados, esto es, de una alianza entre el PRI y el PAN. Y, aunque ambas iniciativas tienen mucho en común, tienen una diferencia de fondo: la propuesta de las cartas municipales del PAN. ¿Aprobaría el PAN una reforma que no incluyera este punto, que es la parte medular de su propuesta? ¿A cambio de qué? ¿Votaría el PRI una reforma indígena que incoporara la propuesta panista de cartas municipales? ¿No sería esto una concesión inadmisible para buena parte de su militancia, la prueba de su claudicación ante los blanquiazules?

La sucesión presidencial se ha adelantado, y las zancadillas entre precandidatos están a la orden del día. El conflicto en Chiapas forma parte de las disputas al seno del grupo gobernante. Quien reventó como negociadores a Manuel Camacho, Esteban Moctezuma, Gustavo Iruegas, Marco Antonio Bernal y Pedro Joaquín Coldwell no fue el EZLN, sino funcionarios dentro del mismo regimen.

Los grupos parlamentarios distan de tener una disciplina monolítica. Los acuerdos entre direcciones son precarios. Y, entre un buen número de legisladores es más o menos obvio que la aprobación de la iniciativa no soluciona el conflicto y puede llevar a un baño de sangre. ¿Qué cuentas les darán a sus familias y a sus votantes si ellos se hacen partícipes de una acción de este tipo? ¿Cómo escaparán al juicio de la historia? En menos de tres años puede haber un cambio drástico en los puestos de mando del gobierno federal. Nadie tiene garantizada la impunidad.

Las fuentes de legitimidad para generar una reforma de esta naturaleza están desgastadas y enfrentadas entre sí. El Legislativo tiene facultades para acordar nuevas leyes pero ¿de qué sirve si con ello no se soluciona el conflicto? El Ejecutivo tiene el derecho a presentar iniciativas pero ¿de qué vale si lo hace transgrediendo los acuerdos que firmó y tiene que hacer que se aprueben organizando campañas xenófobas y manipulando a los medios de comunicación hasta la ignominia? Quienes han hecho suyos los acuerdos de San Andrés y la propuesta de la Cocopa sostienen que se trata de compromisos adquiridos por el Ejecutivo y que deben ser respetados, pero, ¿de qué sirve tener la razón si no se puede hacer valer?

Para romper con este impasse e impedir que las armas hablen, urge cambiar de terreno el procesamiento de las reformas indígenas. Se necesita generar una nueva fuente de legitimidad que solucione el diferendo de manera democrática. El camino no puede ser otro más que la organización de un plebiscito nacional. Que sea el pueblo de México el que defina el alcance y sentido de las reformas, y que, sobre ese acuerdo, el Congreso legisle.

Mientras tanto, se debe acordar en la Cámara de Senadores una moción suspensiva a las iniciativas presentadas y tomar medidas prácticas de distensión. ¿Todos hablamos de democracia? Pues practiquémosla.