Del 30 de enero al 6 de marzo pasado, integrantes de cuatro organizaciones no gubernamentales de Sonora bloquearon el acceso a las instalaciones de la empresa Cytrar, ubicada a seis kilómetros de la zona urbana de Hermosillo y dedicada al confinamiento y tratamiento de residuos tóxicos. Entre otras cosas exigían la reubicación de la planta por ser un peligro para la población y el medio, y que en sus instalaciones no se depositen materiales provenientes de otros estados y del exterior. Según la versión oficial, el bloqueo concluyó pacíficamente cuando 80 agentes de la Policía Judicial y local, patrullas de la Federal de Caminos, notarios, agentes del Ministerio Público y un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informaron a los inconformes que había una denuncia penal contra ellos por la cual podrían ser encarcelados. Cuatro días después, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y representantes de las ONG, acordaron integrar un comité de vigilancia ambiental de dichos residuos y verificar que se cumpla la normatividad en el sitio donde se reubicará la planta de Cytrar.

Días antes, representantes de esta empresa, perteneciente al grupo español Tecmed, divulgaron una carta dirigida al presidente Zedillo y a otros importantes funcionarios federales y de Sonora, protestando por la obstrucción violenta de sus instalaciones que impedía el ejercicio del trabajo y la libertad de tránsito. Máxime que Cytrar se encuentra legalmente establecida y cuenta con los permisos necesarios para operar un confinamiento que ofrece máxima seguridad, funciona correctamente y no es amenaza para la población y el medio. Agregan en la misiva que los acuerdos internacionales suscritos por México lo obligan a observar altas normas de protección ambiental y a manejar bien esos residuos. Como tenían un mes solicitando sin éxito la intervención de las autoridades, pedían al Presidente restablecer el Estado de derecho, el orden constitucional, para que la empresa pueda realizar sus actividades.

Cytrar tiene todo el derecho de exigir que se garantice su pleno funcionamiento si, como afirman sus representantes, cumple con las normas vigentes sobre la materia. Sin embargo, los grupos ciudadanos que se ocupan del cuidado del ambiente y la salud cuestionan que dicho confinamiento esté tan cerca de un área urbana, no sea un peligro para la población y cumpla con la ley. Sería necio oponerse per se a la creación de infraestructura destinada a recibir los desechos tóxicos generados por la industria, cuando estamos lejos de contar con procesos de producción limpios. Hay apenas dos sitios autorizados para recibirlos y tratarlos: uno en Mina, Nuevo León, y el otro en Hermosillo.

Entre tanto, millones de toneladas de sustancias peligrosas se encuentran almacenadas en los lugares menos apropiados o yacen a cielo abierto.

Cabe señalar que los dueños del confinamiento ubicado en Nuevo León, llamado Rimsa, han sido señalados en diversas ocasiones por impedir que se construyan plantas semejantes en el centro y norte del país pues afectarían su mercado, que le deja utilidades cercanas a los 40 millones de dólares al año.

Ello explicaría, por ejemplo, la oposición a que funcione el confinamiento de la empresa Metalclad en Guadalcázar, San Luis Potosí, pese a que las autoridades y diversas instituciones de investigación sostienen que reúne las normas técnicas requeridas. Que se sepa, la mano del capital y los políticos de Nuevo León no han estado tras el movimiento que bloqueó las instalaciones de Cytrar en Hermosillo. Aquí el papel central lo han jugado ciudadanos que desconfían de la palabra de la autoridad ambiental, de la misma forma que millones no creen lo que dicen los funcionarios sobre la buena marcha de la economía y el bienestar que toca las puertas de las mayorías.

Por lo pronto, todo indica que Cytrar reubicará sus instalaciones, pero el confinamiento adecuado de los residuos peligrosos de la industria sigue siendo un problema no resuelto por las instancias oficiales. Por doquier crece la oposición a tener esos lugares a la vuelta de la esquina sin que exista por parte del gobierno una estrategia convincente que evite desconfianzas y obtenga el apoyo ciudadano. Mientras, tan indeseables residuos se acumulan en cantidad y peligrosidad en el país. ¿Hasta cuándo?