Convoca el PRD a asamblea nacional por la paz y los derechos indígenas

Matilde Pérez, Elena Gallegos y Georgina Saldierna, enviadas, Oaxtepec, 22 de marzo Ť El Partido de la Revolución Democrática agregó a su documento de Estrategia hacia el 2000 ``el deslinde que siempre ha hecho respecto a la lucha armada'' y refrendó su convicción de que la vía electoral es el camino para acceder al poder, en lo que se consideró una reiteración de la respuesta que ha dado a la campaña que ``el gobierno y el PAN'' emprendieron para ubicarlo como el brazo político del zapatismo. En su resolutivo sobre Chiapas, aprobado por aclamación, la agrupación política lanzó también un llamado a la sociedad para que se movilice en las plazas públicas del país y en el Zócalo de la ciudad de México en el marco de ``una gran asamblea nacional en favor de la paz y de los derechos indígenas''.

Al respecto, el diputado Marcelino Díaz de Jesús y otros nueve representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) acudieron a este centro vacacional a entrevistarse con legisladores y dirigentes del PRD para expresar que consideraban ``insuficiente'' -según el mismo legislador informó- la movilización acordada por ese partido para defender con una asamblea nacional en las plazas públicas los acuerdos de San Andrés, jornada que se efectuará el próximo 4 de abril.

Los miembros del CNI propusieron al PRD que sus militantes se sumen a la marcha que efectuarán los pueblos indios desde los más distintos puntos del país, la cual culminará el 10 de abril en el Zócalo de la Ciudad de México.

Ello ocurrió luego que ese partido consideró pertinente volver a marcar en su Estrategia al 2000 que si bien tiene amplias coincidencias programáticas tanto con el EZLN como con el FZLN, también tiene ``profundas divergencias'' con ellos, al no compartir sus medios para alcanzar los objetivos comunes.

De hecho, lo que se plasmó en el documento que se aprobó en el cuarto Congreso Nacional es la posición que el perredismo ha mantenido a lo largo del conflicto en Chiapas, según se explicó.

Así, se añadió al texto de Estrategia un apartado en el que precisa lo que han venido sosteniendo sus órganos directivos: ``es necesario establecer estas discrepancias entre los ciudadanos, pues el PRD no puede ni debe ser considerado como el brazo político de ninguna organización que busca el poder por medio de las armas o que desdeña la lucha electoral como el medio fundamental para acceder al poder político en el país''.

Agrega que la coincidencia en los grandes temas nacionales no es pretexto para confundir los perfiles y métodos de trabajo, máxime cuando el PRD es un partido político nacional que establece su respeto pleno al estado de derecho y a los mecanismos pacíficos de lucha política.

En cuanto a los objetivos programáticos que comparte con esas organizaciones y para evitar malos entendidos, reafirma que ``pugnamos juntos por el inmediato cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y por los derechos de los pueblos indios. Son temas de la agenda nacional que requieren inmediata respuesta, pues de ello depende en gran parte que la transición cancele el curso de una restauración autoritaria''.

Esos agregados se hicieron al capítulo de Alianzas, pero en la propuesta del Consejo Nacional se destinó un apartado al conflicto -este no sufrió cambios-, mismo que se denominó: ``La prioridad inaplazable: una paz justa con dignidad y la desmilitarización''.

En este se reitera que ``una condición indispensable para avanzar en la transición a la democracia es una paz justa y digna en Chiapas. No puede haber normalidad democrática en el país con una guerra de baja intensidad en curso, con la militarización de amplias regiones de nuestro territorio y con la actuación impune de grupos paramilitares que resulta en asesinatos diarios''.

Más adelante, repite que ''la sociedad mexicana ha señalado insistente y masivamente que suscribe las demandas de los rebeldes chiapanecos y que exige una solución pronta y justa al conflicto armado''. Los acuerdos de San Andrés -prosigue- y la aprobación de la iniciativa de la Cocopa sientan las bases sobre las cuales se puede avanzar en el diálogo para alcanzar la paz.

Insiste: los acuerdos de San Andrés deben entrar en vigor mediante la reforma a la Carta Magna que promulgue el Constituyente Permanente. Su incumplimiento cancela la posibilidad de la transición pacífica a la democracia, al acrecentar el riesgo de la guerra.

Por ello, añade, el PRD no puede permitir que el gobierno federal desatienda sus compromisos y obligaciones, y tampoco que continúe la escalada de represión y violencia contra las comunidades indígenas de Chiapas y otros estados.

Así, los perredistas se comprometen a seguir empleando todos los recursos a su alcance para que cese la violencia y se llegue a una solución pacífica de los conflictos. Además, en un resolutivo especial se señala que el PRD pugnará porque se respeten las disposiciones constitucionales sobre las funciones del Ejército y que no se le utilice en acciones represivas.