Héctor Aguilar Camín
En el Congreso
Las iniciativas de reforma constitucional en materia de derechos indígenas están finalmente en el Congreso. Su presencia allí rompe el círculo estancado de las negociaciones del Poder Ejecutivo federal y el EZLN. Trasciende también los foros, visibles en la prensa pero de poca efectividad en la búsqueda de acuerdos, que han sido hasta hoy la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), que preside el obispo Samuel Ruiz, y la comisión legislativa pluripartista que se conoce como la Cocopa.
Son tres iniciativas las que ha recibido el Congreso. La de la antigua Cocopa, registrada por uno de sus miembros, y que parece expresar mejor los deseos del EZLN, la Conai y la bancada del PRD. La que sometió hace dos semanas el Partido de Acción Nacional, anticipándose a la iniciativa del gobierno, y la que presentó poco después el Ejecutivo federal. Hasta donde entiendo, la diferencia sustancial de estas iniciativas es que las del PAN y el PRI no erigen en sujeto de derecho a los ``pueblos indígenas'' como tales, sino en su expresión territorial, bajo la forma de comunidades y municipios. El matiz tiene consecuencias fuertes porque somete la autonomía y los derechos indígenas a la observancia y la regulación de los demás códigos vigentes, empezando por la propia Constitución.
En consecuencia de lo anterior, los pueblos indígenas no podrán tener acceso exclusivamente colectivo al disfrute de sus tierras, como prevé la iniciativa de la Cocopa, sino también en las otras modalidades que establece el artículo 27 constitucional, que incluye la propiedad privada. El derecho de las comunidades indígenas a tener medios de comunicación se regirá por la ley federal de comunicaciones vigente. La práctica de los usos y costumbres deberá ser legislada localmente y podrá ser convalidada por los tribunales respectivos, pero en ningún caso sustraída a ellos.
Para los partidarios de la ley de la Cocopa, las iniciativas del PAN y el Ejecutivo federal violan el espíritu de los acuerdos de San Andrés Larráizar y desvirtúan todo el paquete de reivindicaciones indígenas. Los voceros de las iniciativas del PAN y del gobierno federal dicen, por el contrario, que sus iniciativas expresan con precisión el espíritu de aquellos acuerdos y que fue el proyecto de ley de la Cocopa el que desvirtuó las cosas. Lo cierto es que la decisión está finalmente en manos del Congreso, cuya representación y legitimidad, para fines legislativos, está por encima de los demás actores, de la Conai y de la Cocopa, tanto como de los partidos políticos que lo integran. La soberanía legislativa del Congreso está por encima incluso de lo que puedan haber pactado el gobierno federal y el EZLN en las mesas de San Andrés Larráinzar.
El Congreso es soberano en la materia, y nadie puede imponerle pactos. Lo era antes de las negociaciones de San Andrés, cuando el partido en el gobierno era mayoría, y lo es ahora, cuando el partido en el gobierno es minoría en la Cámara de Diputados. Políticamente, puede decirse incluso que el Congreso es más soberano y legítimo hoy, menos expuesto a la voluntad vertical del poder Ejecutivo, ya que este poder sólo tiene mayoría en una de las cámaras.
La reforma será entonces hija de la negociación y el acuerdo de al menos dos de las tres fuerzas políticas centrales del Congreso. Ojalá y lo fuera de todas, pero parece poco viable. En el PRD se escuchan ya voces descalificando como un regreso al pasado la previsible convergencia del PAN y el PRI en esta materia. Son las mismas voces que celebraban hace unos meses la convergencia del PRD y el PAN contra el PRI como un cambio histórico definitivo en la independencia del Congreso.
El Congreso actual ha sido instaurado en elecciones democráticas sin asomo de duda. Es la representación transparente de la voluntad ciudadana, el órgano de representación nacional que quisieron los electores y, en ese sentido, la representación política efectiva de la nación. Pueden equivocarse, desde luego, y requieren, por ello, de vigilancia en la opinión pública y contrapesos en otros poderes. Pero es un foro más amplio y más representativo que el reunido en torno a las mesas de San Andrés Larráinzar. Para todos los efectos políticos y legales, ese foro representa la voluntad plural y democrática de la nación, incluidas las causas indígenas. A su veredicto legislativo hemos de sujetarnos si tenemos alguna congruencia con la representación plural y democrática que hemos elegido.