Rodolfo Stavenhagen
Vicios y virtudes
La iniciativa presidencial de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas adolece de dos vicios: uno de procedimiento y el otro de sustancia.
a) Es, por supuesto, prerrogativa del Ejecutivo presentar una iniciativa de ley, como lo es de cualquiera de los par-tidos representados en el Congreso. ¡Qué bueno que finalmente el gobierno de la República haya decidido entrarle al problema de los derechos de los pueblos indígenas, porque desde la tímida reforma del artículo 4o. constitucional en 1992, y que ha sido prácticamente letra muerta, no hubo ningún avance a nivel federal en la materia!
El vicio consiste en que el asunto se da en un marco político altamente caldeado, que no augura nada bueno para el resultado final de la iniciativa, la cual es la respuesta del Ejecutivo federal y del PRI (con la probable anuencia del PAN) al estancamiento de las negociaciones entre el gobierno y el EZLN, del que no es responsable nadie más que el gobierno mismo.
Lo ideal para el país y, desde luego para los pueblos indígenas que son materia de la modificación constitucional, habría sido que la iniciativa la presentaran por consenso todos los partidos representados en el Congreso, con el acuerdo de los pueblos indígenas y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta era la tarea malograda de la Cocopa. Al insistir el EZLN en que solamente debiera presentarse el proyecto de iniciativa preparado por la Cocopa, y rechazado por el gobierno, se cerró la posibilidad de que se llegara a un acuerdo distinto entre las partes y dio la oportunidad a que el gobierno, como de hecho sucedió, presentara su propia iniciativa a espaldas de los pueblos indígenas y en contravención a lo acordado con el EZLN en San Andrés Larráinzar.
Ahora el balón está en la cancha del Congreso y, si a éste le anima más el bienestar de la patria que el posicionamiento partidista en vista de las elecciones del año 2000, deberá abrir un periodo de consultas y audiencias en las que los pueblos indígenas -a través de sus diversas organizaciones representativas- puedan hacer escuchar su voz, y se pudiera llegar a un texto de consenso. De no hacerse esto, existe el peligro de que cualquier modificación constitucional sobre derechos y cultura indígenas vuelva a ser letra muerta. Las implicaciones políticas a mediano y largo plazos de esta situación serían graves para México, y en vez de un paso adelante habremos dado dos pasos atrás.
b) El segundo vicio de la iniciativa es de sustancia, ya que su contenido se aleja tanto de los acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno, como del texto preparado por la Cocopa con la anuencia tácita del gobierno (y con la participación activa de sus miembros priístas). El sujeto del derecho de libre determinación y de la autonomía en el marco del Estado nacional -y sin mengua de su unidad y soberanía- deberán ser los ``pueblos indígenas'' (como lo especifica bien el acuerdo de San Andrés), y no simplemente las comunidades (que en la práctica mexicana se entienden como localidades). Estas, a su vez, deberán ser reconocidas como entidades de derecho público, y no meramente como apéndices de un gobierno municipal, para así poder participar activamente en su propio desarrollo, de acuerdo con sus modalidades y organización internas. Los municipios, por otra parte, deberán reflejar en su gobierno las características étnicas y culturales de la mayoría de su población y, cuando ésta sea indígena, respetar los sistemas normativos propios (``usos y costumbres'') que habrán de ser reconocidos por el derecho positivo nacional (``convalidación''), siempre y cuando no contravengan los derechos humanos individuales que corresponden a cada persona en el país (sea o no indígena, hombre o mujer).
Sería oneroso detallar cada aspecto, pero corresponde ahora al ``Constituyente Permanente'' que es el Congreso, ajustar esta iniciativa realmente al texto y al espíritu de los acuerdos de San Andrés, que el gobierno ha dicho reiteradamente que quiere respetar. Si la iniciativa se aprobase al vapor tal cual -lo que es posible- quedarían sin resolver algunos problemas fundamentales de injusticia y denegación de derechos a los pueblos indígenas, que son los que motivaron en primer lugar el levantamiento zapatista, y estaremos aún debatiendo el asunto a fines del siglo XXI. Los pueblos indígenas sabrán muy bien distinguir el gato de la liebre.
No dudo que cada uno de los aspectos pendientes puedan resolverse en un texto final de consenso; y aunque pudieran subsistir diferencias serias entre los planteamientos hechos por las partes, lo ideal sería un acuerdo de todos los partidos representados en el Congreso. Desde luego, no hay que hacerse ilusiones. La iniciativa presidencial no es un paso más hacia la solución pacífica del conflicto en Chiapas; éste permanece en toda su magnitud y la situación se sigue deteriorando. Lo que hace la iniciativa es trasladar el debate jurídico-político al ámbito del Congreso, en donde el gobierno contará con su mayoría PRI-PAN. Es importante que el EZLN entienda esta jugada y actúe en consecuencia, pero es igualmente importante que el gobierno tome en serio su compromiso de negociar políticamente una paz digna y justa en Chiapas y no siga apostando a la ``guerra de baja intensidad'', que tantas víctimas ha cobrado ya.
Hay una virtud en todo este debate. Por primera vez en la historia moderna del país se toma en serio el asunto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y ello como resultado del levantamiento del EZLN en 1994 y de las arduas negociaciones de los años 95-96. No podemos darnos el lujo de que una reforma aprobada por simple mayoría al vapor niegue una vez más a los pueblos indígenas la presencia política y los derechos humanos por los que han luchado y que tantas veces se les han escamoteado. Debe buscarse la coyuntura en que coincidan el interés nacional, tal como lo entiende el Estado, y los derechos humanos de los pueblos.