Masiosare, domingo 22 de marzo de 1998

De la presentación

El conjunto de los integrantes de la Comisión comparten la preocupación por el respeto a los derechos humanos, y asumen que, en su calidad de conquistas del conjunto de la humanidad, la defensa y promoción de estos derechos son una obligación y un deber que no se encuentran sometidos a limitaciones por las fronteras nacionales. Según los miembros de la Comisión, éste es el espíritu que anima la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 1948, suscrita por la mayor parte de los gobiernos del mundo, incluido el mexicano. A partir de todo esto, la CCIODH fundamenta sus acciones de observación en México y la elaboración del presente Informe Final.

Después de la recopilación de la información, de su sistematización y de su análisis, la CCIODH constata que en el estado mexicano de Chiapas los derechos humanos están en una situación de gravísimo deterioro.

Chiapas vive en estos momentos las consecuencias de una situación de profunda descomposición política y de preocupante desestructuración social. Desde todos los niveles se percibe cómo las estructuras institucionales son incapaces de asegurar la vigencia del estado de derecho, y cómo la sociedad chiapaneca y especialmente las comunidades indígenas sufren las consecuencias de una situación generalizada de violencia y de impunidad.

Los factores que en mayor medida contribuyen a generar dicha situación son los siguientes:

1. La intensa militarización de la zona

En las visitas realizadas a las distintas comunidades indígenas, hemos constatado una intensa presencia del Ejército que, según los testimonios, constituye uno de los factores más determinantes en las violaciones de los derechos humanos. El gobierno argumenta que cumple funciones estrictamente constitucionales, pero es obvio que está ejerciendo funciones de gestión y promoción social y aseguramiento del orden público que no le corresponden. La práctica totalidad de opiniones ratifica que su presencia forma parte de una estrategia gubernamental dirigida a evitar la extensión de la zona de influencia próxima a las demandas zapatistas, y a cercar y debilitar al EZLN mediante el acoso a las comunidades que se manifiestan cercanas a sus planteamientos sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

En nuestra tarea de observación hemos podido recoger numerosas quejas que denuncian la ocupación de tierras de cultivo por parte de los destacamentos militares, las amenazas constantes, los robos, violaciones a mujeres, detenciones extrajudiciales y una constante intimidación traducida en incursiones terrestres y aéreas que colocan a numerosas comunidades indígenas en una permanente situación de terror e inseguridad.

2. La presencia de grupos paramilitares

La proliferación de grupos armados que de modo sistemático y selectivo introducen elementos de enfrentamiento intra e intercomunitario y que responden a una estrategia dirigida, tal y como hemos podido comprobar, a provocar desplazamientos masivos de población que buscan desestructurar socialmente zonas enteras y deshacer el entramado reivindicativo organizado de la sociedad civil.

La mayoría de testimonios apuntan a relacionar directamente a efectivos del Ejército y de cuerpos de la policía con dichos grupos armados, tanto respecto del suministro de armas, como incluso de su formación y adiestramiento. Las contradicciones presentes en las investigaciones de Acteal reforzarían estas tesis.

También se ha podido observar cómo la contradicción entre los intereses de terratenientes y comunidades se sitúa entre uno de los factores que explican la proliferación de grupos armados. Concretamente, se trata de la vía escogida por algunos de ellos para intimidar y expulsar a comunidades enteras de sus tierras ejidales.

Respecto de la posible implicación del PRI y de instancias gubernamentales con los grupos armados, señalar que se han encontrado evidencias notables sobre todo en relación a la organización Desarrollo, Paz y Justicia, por cuanto uno de sus principales representantes es diputado de ese partido en Chiapas y no ha habido hasta la fecha ninguna reacción ni por parte del PRI ni por parte del gobierno.

3. La situación generalizada de impunidad

Tal y como fue insistentemente señalado por los representantes gubernamentales, aunque lo hiciesen para justificar la presencia del Ejército, la situación global de impunidad es otro de los elementos que complican la delicada situación. Es importante destacar que hasta la fecha las medidas tomadas se han referido básicamente a la intensificación de la presencia militar, sin incidir en la búsqueda de soluciones a la incapacidad de la justicia para asegurar la aplicación de la ley.

Del mismo modo, hay que interpretar la atracción por parte de la PGR de sucesos como los de Acteal, puesto que no suponen un mecanismo generalizable que ofrezca soluciones a la situación de desestructuración de la justicia y policía locales.

4. Las dificultades de acceso a la justicia

Juntamente con el punto anterior, se ha detectado una enorme desconfianza de las comunidades hacia los estamentos judiciales provocando que ante las innumerables violaciones de los derechos apenas se presenten denuncias, puesto que tal y como hemos podido recoger, en algunas de las ocasiones que se ha querido acceder a la justicia presentado denuncias se ha sufrido a continuación la persecución de Seguridad Pública y de grupos paramilitares.

5. La situación de miseria estructural que viven las comunidades

En todas las entrevistas se ha señalado a Chiapas como el estado con peores indicadores sociales. El resultado de nuestra observación ha venido a ratificar las estadísticas; pese a que Chiapas es un región con grandes recursos, el reparto de la riqueza es radicalmente desigual. En el marco de esta tradicional situación se produce un conflicto de intereses: por una parte las comunidades exigen un modelo de desarrollo respetuoso con sus tradiciones y su relación con la tierra, y por otro, como contraposición, aparece un modelo de desarrollo económico intensivo propugnado por los principales grupos económicos locales e internacionales.

6. La represión de las formas de organización de la sociedad civil

Se materializa en el hostigamiento hacia los líderes de las comunidades y de las organizaciones sociales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos desgraciadamente tradicionales en México siguen hoy plenamente vigentes, tal y como ha podido recoger la Comisión. Hay que señalar la existencia de presos políticos, que suelen ser líderes de comunidades cercanas a los postulados zapatistas y que en la mayoría de casos no han podido tener un juicio justo ni unas condiciones penitenciarias mínimamente aceptables (alejamiento de familiares, torturas, condiciones insalubres y de hacinamiento, etcétera). Además, con el pretexto de investigar supuestos vínculos con grupos armados, se intensifican las incursiones a las comunidades principalmente por parte del Ejército federal.

7. La falta de voluntad política

de búsqueda de una solución respetuosa

La Comisión pudo constatar la generalizada decepción por la falta de cumplimiento por parte del gobierno de lo acordado en San Andrés. Debemos mostrar nuestra perplejidad por la negativa gubernamental de aceptar el proyecto de la Cocopa, proyecto consensuado con todas las fuerzas políticas y aceptado por el EZLN cuyo éxito hubiese contribuido quizás de manera decisiva a la solución del conflicto, poniéndose con ello las bases para la restructuración social, política y económica de la zona a la vez que abrir un nuevo panorama en el reconocimiento de los derechos indígenas.

Ninguno de los argumentos del Ejecutivo en justificación de las objeciones nos fueron suficientemente explicados pese a nuestra insistencia. De este modo no podemos dejar de considerar que detrás de las objeciones planteadas se esconde la falta de voluntad de lograr la implementación de los acuerdos con las transformaciones legales que ello supondría.

Como consecuencia de la situación recién descrita, hay que señalar que son numerosos los derechos humanos vulnerados en Chiapas. Dicha situación se da en todos los ámbitos e incluye los derechos relativos a la vida, a la libertad personal, a la libertad de circulación y establecimiento, el derecho respecto de la protección y seguridad de las personas en territorio mexicano, el derecho a reclamar ante los tribunales nacionales cualquier vulneración de los derechos humanos, el derecho a la protección contra la detención arbitraria por parte de los poderes públicos, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente, el derecho a la defensa, los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a formar parte de las instituciones representativas, el derecho a participar en los cargos y servicios públicos del país sin discriminación alguna, el derecho a unas elecciones libres, pluralistas y democráticas.

En segundo término los incumplimientos también afectan a los derechos de contenido económico y social, como por ejemplo la facultad de participar en aquellos derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de las personas, el derecho a una especial protección de la maternidad y la infancia, el derecho a una educación sobre la base de una general participación en la misma de todos y dirigida al desarrollo integral de la persona, el derecho de todas las personas a participar de la cultura propia.

A pesar de que el conflicto de Chiapas afecta a toda la población en general, podemos asegurar que ciertos grupos sociales sufren de manera especial, de modo aún más intenso que la precaria situación que afecta a las comunidades indígenas en general, la tensión existente así como las condiciones históricas de carencia de medios de vida fundamentales.

Antes de pasar al apartado de recomendaciones, consideramos importante señalar que el grado de complejidad que encierra el conflicto que se vive en Chiapas y la situación de los derechos humanos requiere no perder de vista que en el sustrato del levantamiento zapatista y de los planteamientos que buena parte de las comunidades nos manifestaron, existen una serie de convicciones respecto a la manera de superar la situación de olvido y marginación a la que se han visto sometidos los pueblos indígenas desde hace ya más de cinco siglos.

Es importante señalar que existe un planteamiento de demandas globales y estructurales que el gobierno dice respetar pero que la evidencia de las situaciones presenciadas hacen pensar lo contrario. Planteamientos de solución global como el expresado por el gobernador del estado ponen de manifiesto que el posicionamiento institucional es incompatible con una vía de solución del conflicto basada en el efectivo respeto de las demandas indígenas. Pese al discurso oficial que insiste una y otra vez en la voluntad de diálogo, parece obvio que lo que se está promoviendo es el debilitamiento del diálogo, el descrédito de las instancias de coadyuvancia, intermediación y verificación y la posibilidad de una salida no violenta.

En tales términos, creemos tras lo observado, hay que interpretar la militarización, la presencia de grupos paramilitares y la campaña xenofóbica que pretende evitar la presencia de extranjeros en la zona.

En estos días tanto el PAN como el PRI han presentado sus respectivos proyectos de ley indígena que vienen a certificar la ausencia de voluntad de contar con la expresión directa de la voz de los distintos pueblos indígenas, inhabilitando de facto la vía de negociación abierta por los acuerdos de San Andrés.

Se trata de un paso más dentro de una estrategia previa que ha llevado al Ejército a erigirse, ante la situación de descomposición política y social que vive el México actual, en el auténtico protagonista. Se puede hablar de la existencia de una ``guerra de baja intensidad'', pese a la vigencia de la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz Digna en Chiapas, caracterizada por el hostigamiento a la población civil con el fin de aislar al EZLN de sus bases de apoyo social, reduciendo el ámbito del conflicto a una cuestión muy localizada explicada en base a conflictos de carácter fundamentalmente religioso y étnico pero que en ningún caso plantearía demandas y propuestas generalizables.

En su informe final, la CCIODH plantea las siguientes recomendaciones:

1. Cumplimiento inmediato e íntegro de los Acuerdos de San Andrés y continuación del proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal.

2. Respeto al proyecto de iniciativa de reformas constitucionales de la Cocopa.

3. Consolidación de las funciones de las instancias de intermediación (Conai) y de verificación (Cosever).

4. Poner fin a la militarización y paramilitarización.

5. Asegurar el libre acceso a la justicia y promover la lucha contra la impunidad por medio de acciones globales y no meramente simbólicas.

6. Amnistía inmediata a los presos políticos.

7. Retorno de los desplazados a sus comunidades de origen, con la devolución íntegra de sus pertenencias y con la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

8. Fortalecimiento de los organismos de derechos humanos mexicanos y garantía de la presencia de organismos de carácter internacional, así como el reconocimiento de un esta- tuto internacional del observador.

9. La intervención de la Cruz Roja Internacional como medio de garantía de la asistencia humanitaria a la población debido al rechazo existente hacia la ayuda proveniente de organismos institucionales mexicanos.

10. La designación de un relator especial de la ONU para México.

11. El establecimiento de un mecanismo por parte de la Unión Europea de seguimiento de la ``cláusula democrática y de derechos humanos'', la cual, si el ``acuerdo de asociación económica, de coordinación política y de cooperación'' firmado con México se hace vigente, debería permitir proceder a una verificación permanente de la situación de los derechos humanos en México. Dicho mecanismo debería integrar a diferentes organizaciones sociales mexicanas e internacionales de defensa de los derechos humanos.