Uno de los aspectos más polémicos de la política petrolera es el destino de los ingresos petroleros. Se exportan cantidades crecientes del crudo --cuyas reservas resultan ser menores de lo que se había dicho-- sin que el producto de las ventas esté claramente orientado. La absoluta mayoría del ingreso va al fisco, donde se mezcla con otros ingresos y de donde se reparte como si fuera ingreso por impuestos o derechos.

Por otro lado, hay una reacción en el sentido de plantear que no se exporte el petróleo crudo, sino que se procese aquí y en todo caso se vendan excedentes ya con un mayor valor agregado. Esto, claro, no es realizable de inmediato. No tenemos suficiente capacidad de proceso. Nuestras refinerías son de tal modo insuficientes que incluso importamos refinados. No se han destinado recursos a la ampliación sustantiva de la capacidad de refinación, sólo se ha mejorado la eficiencia de la planta existente, lo cual es positivo pero no suficiente. En cambio, Pemex ya invirtió recursos en la vieja refinería de Deer Park de la Shell, en Texas, y ahora negocia algo similar con otras empresas petroleras.

En cuanto a la petroquímica, la inversión en los últimos años ha estado mucho más castigada que la de la refinación. Y la cuestión es que resulta indispensable aumentar masivamente la capacidad de refinación, como lo reconocen y exigen los últimos tres programas sexenales de energía, y también la de proceso petroquímico. Esas obras tardarán años y van a requerir recursos abundantes, que sólo se van a recuperar con años adicionales de producción. ¿De dónde vendrán esos recursos?

Depender exclusivamente de aumentar más la deuda implica hipotecar demasiado los ingresos petroleros del futuro cercano. Implica, además, aumentar aún más la dependencia de la economía mexicana de factores externos sobre los cuales nuestro país tiene hoy poca o nula influencia, como las tasas externas de interés y los precios internacionales del petróleo. Ya sufrimos las consecuencias de estas imprevisiones en 1982-83 y en 1986-87.

La inversión privada podría desempeñar un papel en las áreas no estratégicas de la petroquímica, pero sobre la base de que haya inversión pública bien orientada y suficiente, que garantice el abasto de gas natural y petroquímicos básicos. En el caso de la refinación, por mandato constitucional la inversión directa tendrá que ser pública.

La fuente más a la mano, la que, además, está en el propio Pemex, es el ingreso obtenido de las exportaciones petroleras, que básicamente son de petróleo crudo. Esto implicaría reformar el régimen fiscal de Pemex. Requiere también un control de esta entidad por la Cámara de Diputados para garantizar su orientación básica y el buen uso de los recursos, pero sin el actual manejo, desde la Secretaría de Hacienda, del dinero de Petróleos Mexicanos.

Si el fisco va a recibir menos de Petróleos Mexicanos, tendrá que sacar ese dinero de otro lado. Eso a su vez nos lleva a una reforma fiscal, de la que repetidamente se ha hablado incluso en medios oficiales, pero que hasta ahora no se ha llevado a la práctica. Tendremos que funcionar como la mayoría de los países, eliminando subsidios abiertos o encubiertos a algunas grandes empresas, a bancos, a constructoras de carreteras, y usando más eficientemente los recursos fiscales.

En porcentaje, no se necesita mucho para llevar adelante este proceso de ampliación de la capacidad de refinación. Durante el año pasado, el ingreso petrolero fiscal fue equivalente a 25 millones de dólares. El proceso tardaría aproximadamente tres años, y durante ellos el ingreso andaría alrededor de 75 mil millones. Con 6 mil millones --6 por ciento de lo que Pemex entrega al fisco-- se pueden ampliar de manera importante las capacidades de dos refinerías. Con estas ampliaciones se dejaría de importar refinados y habría, durante algunos años, excedentes exportables o aprovechables en procesos petroquímicos. Si se obtiene un financiamiento parcial, obviamente ese porcentaje se reducirá.

También debe destinarse parte de estos recursos a producir y procesar gas natural. El crecimiento previsible de la demanda en los próximos años --que ya se inició-- implica una mayor proporción del ingreso petrolero para desarrollar una industria petrolera que permita mantener nuestra soberanía energética; es una de las grandes tareas planteadas al cumplirse 60 años de la expropiación petrolera.

(Resumen de ponencia presentada ante el Foro para una Política Petrolera Alternativa)