En México deben fortalecerse las instituciones. Esto es necesario por diversos motivos: reduce la discrecionalidad en el ejercicio de la autoridad, contribuye a una efectiva separación de los poderes del Estado, aumenta la capacidad de exigencia social de las responsabilidades de quienes desempeñan funciones públicas y puede aumentar la eficiencia en la gestión de asuntos tan distintos como la administración, la legislación y la procuración de justicia. En un país donde la correlación de las fuerzas políticas está cambiando rápidamente y éstas se expresan de manera más plural, la institucionalidad del Estado se convierte en una de las bases para reducir los conflictos y crear las condiciones de una efectiva gobernabilidad. Las instituciones bien definidas en su carácter, acotadas en sus funciones y sujetas a una auditoría pública, son también parte del entorno que se requiere para aplicar las políticas que puedan establecer las pautas de un desempeño económico más sólido y vinculado con principios que puedan mantenerse en el tiempo más allá de las orientaciones de la política y la gestión de los asuntos económicos que son la responsabilidad del gobierno en turno.

Próximamente el Congreso deberá discutir la ampliación del estatuto de autonomía del Banco de México. Se pretende que el banco central tenga el control único sobre la gestión del tipo de cambio e incorpore en sus funciones las tareas de supervisión y reglamentación del sistema financiero que ahora hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Desde abril de 1994 el Banco de México es una entidad autónoma con respecto al Poder Ejecutivo y está encargado de cumplir diversas funciones de emisión y regulación monetaria, y de administración de las reservas para mantener la paridad cambiaria y contribuir a la estabilidad económica. Con ello se modificó el carácter institucional del banco central.

El Banco de México ya es autónomo y debe seguir siéndolo. El Congreso debe preocuparse por establecer la relación jurídica y política con esa institución, de modo que su operación no esté disociada de los mecanismos de representación que son inherentes a la función pública. A alguien debe rendirle cuentas el gobernador del banco y hasta ahora no lo hace. El Congreso debe preocuparse por la manera en que ha cumplido sus funciones el banco central y que están contenidas en la ley que le dio la autonomía. El artículo 2 de la ley de Banco de México dice que deberá proveer a la economía de la moneda nacional, y sin embargo durante tres años ya esta provisión ha sido insuficiente, con lo que se mantiene una restricción efectiva del mercado interno y muy altas tasas de interés. Dice, además, que su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, y en esto también ha fallado, puesto que la inflación en promedio ha sido altísima desde 1994 hasta hoy. Finalmente, el banco debe promover el sano desarrollo del sistema financiero, y otra vez el resultado ha sido negativo, pues la fragilidad del sistema es una de las condiciones que limitan la capacidad de crecimiento.

Hoy sigue siendo parte de la sabiduría convencional que sólo con una inflación baja se crean las condiciones para el crecimiento, y esto no se ha conseguido. Que no se puede expandir el crédito sin un sustento en el crecimiento real, pero hoy no hay crédito disponible para financiar el crecimiento. Que las tasas de interés no se pueden controlar por decreto, pero no se logran abatir en el mercado para ampliar el acceso a los recursos. Que no se puede aumentar el crédito por encima de las posibilidades para sustentar el crecimiento, pero no se alcanzan a ampliar esas posibilidades y la única oferta posible es seguir conteniendo a la economía.

La autonomía del Banco de México no se ha ejercido cabalmente, y más bien sus acciones han estado demasiado cerca de los lineamientos del programa económico del gobierno, mismo que ha tenido en el banco central un instrumento muy útil para ajustar la economía de acuerdo con los postulados de política vigente. Por ello, a pesar de que debe ser autónomo no queda claro que deba controlar también el régimen cambiario y de nada servirá una autonomía de jure, si todo el esquema económico --que contiene de modo prioritario a la política fiscal-- no está ordenado para que la economía crezca con estabilidad de precios. El debate sobre el Banco de México que se abrirá próximamente en el Congreso debe ubicar con claridad los asuntos en disputa y, sobre todo, contribuir a la institucionalización del Estado.