Una luz de bengala fue la señal para iniciar la masacre de Tlatelolco en 1968. Se desperdició así la oportunidad democratizadora que encarnaba el movimiento estudiantil. Además, la represión sólo atinó a multiplicar las luchas por el cambio: guerrillas rurales y urbanas, gestas sindicales como las de la Tendencia Democrática, nuevas agrupaciones campesinas como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y el Congreso Nacional Indígena, florecimiento del movimiento urbano popular. Y así, hasta llegar a la reaparición del propio movimiento estudiantil a cargo del CEU.
Una Ley de bengala parece ser ahora la señal para iniciar otra masacre, la de los indígenas zapatistas en Chiapas. La ley con la que el Ejecutivo Federal, apoyado en el PRI y el PAN, está a punto de sepultar a la iniciativa de la Cocopa, podría ser el último paso, la cobertura legal para culminar la virtual guerra de exterminio en curso. Esta vez, sin embargo, los costos serían mucho mayores que en 1968.
Volvería a desperdiciarse otra oportunidad democratizadora pero ahora encarnada por un movimiento mucho más vigoroso, el zapatista. Un movimiento no limitado a Chiapas y que ya no sólo busca el fin del autoritarismo sino el principio de toda democracia profunda: el respeto del otro, en este caso los pueblos indios de México: el establecimiento de condiciones Äsu autonomía, en primer lugarÄ para que de veras puedan dar su aporte al desarrollo de nuestra nación, tanto más rico cuanto más diverso.
Con una salida represiva en Chiapas, se desperdiciaría acaso la última oportunidad para hacer de México una nación sana, es decir, ya sin las venenosas raíces de sangre que haría aparecer a la masacre de Tlatelolco como una cortadita de uña. Ni qué decir de la imagen de México ante el mundo. El desprestigio ya acumulado por las resistencias a cumplir con una justicia tan elemental como la ofrecida en la iniciativa de la Cocopa, pronto quedaría del tamaño de un chisme de cantina.
Voceros oficiales y oficiosos afirman que las nuevas iniciativas de ley (del Ejecutivo y del PAN), lejos de servir a una salida represiva en Chiapas, son la mejor llave para la paz. En otras palabras, afirman que por ningún motivo tales iniciativas se traducirán en lo que aquí llamamos una ley de bengala.
Lo cierto es que una salida pacífica en primer lugar requiere de diálogo, y éste de confianza entre las partes en conflicto: el gobierno federal y el EZLN. En segundo lugar, requiere de acciones políticas y no desplantes militares, a menos que nuestras élites también ya hayan absorbido la máxima estadunidense en tiempos de Reagan: buscar la paz... armándose hasta los dientes.
No menos cierto es que la confianza en el diálogo se perdió cuando el gobierno desconoció su compromiso de respetar la iniciativa elaborada por la Cocopa. O incluso anes, cuando decidió permanecer casi mudo en la segunda mesa de San Andrés. Y desde luego se perdió ahora que aquél decide lanzar otra iniciativa que, a todas luces y al decir de muchos, se distancia de lo pactado en la Primera mesa.
Al mismo tiempo, el despliegue militar en Chiapas no hace sino crecer, directamente o a través de las bandas paramilitares, y no sólo en ese estado. Ello, aparejado de una campaña propagandística que ya logró convencer a muchos de que la intransigencia está en el EZLN y de que ya es hora de ponerle fin. Sólo faltaría cierto manto de legalidad. Para eso estarían las iniciativas del Ejecutivo y del PAN, o el engendro que produzca su amalgama. Y por eso razonable pensarla una ley de bengala.
Ojalá estemos equivocados y en verdad se trate de una ley que pase a las páginas más luminosas de nuestra historia. Por fortuna, la verdad última es sencilla y está ala mano: si se trata de una ley de paz, muy pronto terminarán los despliegues militares y peramilitares.
Pero si en efecto resulta una ley de bengala, entonces sus autores tendrán que rendir cuentas a la nación por un buen tiempo. Si el 2 de Octubre todavía no se olvida, la masacre bendecida con esa ley jamás se olvidará.