El gobierno del doctor Zedillo, asesorado por el nuevo equipo de la Secretaría de Gobernación, lleva a cabo desde hace unas cuantas semanas una enérgica ofensiva política y de medios, con la cual intenta encubrir su negativa rotunda a cumplir los acuerdos pactados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el mes de febrero de 1996, en San Andrés Sacamch'en de los Pobres.
Pero ni los argumentos de abogado tramposo de Emilio Rabasa, ni los de viejo grillo habilidoso de Adolfo Orive, estrategas oficiales, ni el enorme ruido de los medios electrónicos pueden ocultar que el gobierno federal, con su unilateral y autoritaria iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, deja de hacer honor a sus compromisos y da un golpe mortal al diálogo y la negociación como formas políticas para resolver problemas. Además, redujo a la nada la credibilidad oficial.
Porque no se trata sólo de los acuerdos con el EZLN. Tras la conducta del gobierno respecto a éstos, ¿puede alguna fuerza política confiar en los compromisos y en las palabras del gobierno? ¿Será posible negociar seriamente la llamada reforma del Estado con un gobierno que incumple sus compromisos y acecha al adversario con el cual se negocia, para darle un golpe mortal? No son palabras sin sustento. En 1995 se intentó dar un golpe de muerte al EZLN mientras el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, fingía disposición para negociar y tendía una trampa para detener o asesinar al subcomandante Marcos.
El gobierno, según el jefe de asesores de Gobernación --eminencia gris detrás del trono-- en entrevista con Carmen Aristegui y Javier Solórzano, realizó primero una estrategia de contención y ahora lleva a cabo una ofensiva. Pero ni en la primera etapa ni en la segunda ha tenido otro propósito que no sea el de derrotar al movimiento indígena que levantó la cabeza con el alzamiento de enero del 94 para plantear sus exigencias de respeto, democracia, justicia y dignidad. Sólo el desafío del EZLN obligó al gobierno y a sus hombres a sentarse a discutir los problemas indígenas y a modificar su lenguaje hacia ellos, pero no está dispuesto a reconocer plenamente sus derechos, de la misma manera que se burla de los derechos de los trabajadores asalariados, de los campesinos y marginados del país, pues por encima de todo están los intereses económicos que defiende y sus concepciones económicas fundamentalistas.
El gobierno no pudo derrotar al EZLN con su estrategia de desgaste, de dilaciones para cumplir los acuerdos de San Andrés, de acoso militar, de estímulo a los grupos paramilitares y de provocaciones sistemáticas en busca de un pretexto para una acción violenta generalizada. Ahora intenta la derrota política de los zapatistas y de todo el movimiento indígena. Zedillo quiere reeditar la maniobra de Carranza de 1915, quien con la Ley del 6 de enero de ese año quitó banderas a Zapata y sentó las bases para su debilitamiento y posterior asesinato. Con su iniciativa de reformas constitucionales --negación en la práctica de los acuerdos que firmó con el EZLN-- y su manipuladora ofensiva de medios, el gobierno espera engañar a los millones de indios que apoyan los acuerdos de San Andrés y a la opinión pública nacional e internacional.
Se trata de una ofensiva demagógica y aventurera que puede conducir a un baño de sangre irreparable en Chiapas, y llevar al país nuevamente al borde del abismo. En esta estrategia irresponsable, Zedillo sólo cuenta con el respaldo político --no unánime-- de su partido y del PAN, que otra vez se pone a la cola de la política gubernamental. Se pretende golpear al EZLN pero también al PRD que, al defender enérgicamente el diálogo, la negociación y el cumplimiento de acuerdos como métodos correctos de gobernar, se erige como el partido más responsable del futuro del país.
La maniobra no va a ser exitosa. El gobierno y el PAN pueden aprobar reformas constitucionales en materia indígena, pero en las circunstancias actuales, sin el consenso con EZLN, el movimiento indígena, el PRD, la Conai, la Cocopa y las vastas fuerzas de apoyo en la sociedad, eso no puede conducir a la paz con justicia y dignidad. Y esto es lo más importante.