La decisión del gobierno federal de intensificar la guerra sucia en Chiapas y de imponer una reforma constitucional en materia de derechos indígenas contraria a los Acuerdos de San Andrés, es un error político pero también un crimen, pues aleja la posibilidad de una paz negociada en este sexenio.

1. Ernesto Zedillo ha quedado una vez más, gracias a su ``nueva estrategia'', como un individuo sin palabra que no acepta el diálogo como vía para resolver los conflictos, como él mismo se empeñó en mostrarlo en su discurso a la Coparmex en el Hotel Nikko (13 de marzo) y en su entrevista al diario golpista chileno El Mercurio (15 de marzo), en los que faltó por completo a la verdad sobre lo que acontece.

2. Zedillo se ha lanzado en esta aventura irracional sin darse cuenta de que se halla en una situación de extrema debilidad política, pues a su fracaso en el manejo de la economía se agregan las nuevas evidencias de que en su campaña hubo dinero sucio, de que Carlos y Raúl Salinas son personeros del cártel de Cali (13 de marzo) y de que uno de sus hermanos está involucrado en el lavado de dinero (19 de marzo), así como el señalamiento de Washington de que la cooperación antidrogas con él es ``un desastre'' (18 de marzo).

3. En el conflicto que opone al gobierno con los pueblos indígenas, los hechos desmienten la mentirosa propaganda oficial: la iniciativa de la Cocopa es legal (conforme a la Constitución y a los tratados suscritos por México) y es legítima (ya que corresponde a los acuerdos de San Andrés), en tanto que las iniciativas del PAN y de Zedillo no sólo son contrarias a la razón, sino al marco constitucional (porque contradicen el Convenio 169 de la OIT, que es norma suprema de la Unión), y son por completo ilegales, pues al ser unilaterales violan la letra y el espíritu de la ley para el diálogo, como lo afirmó la Conai (17 de marzo).

4. La iniciativa de la Cocopa es, por otra parte, legítima: porque a) es consecuencia de una exigencia histórica que generó un movimiento armado; porque b) en los diálogos de San Andrés intervinieron como asesores e invitados de ambas partes expertos y representantes de las principales organizaciones indígenas, y porque c) ésta obtuvo el respaldo de las organizaciones más representativas, incluyendo el Congreso Nacional Indígena, por lo que puede decirse que nunca una propuesta de reforma constitucional ha tenido más legitimidad desde 1917. La iniciática de Zedillo es, por el contrario, espuria, pues no es más que una imposición de Los Pinos, apoyada por membretes oficialistas.

5. El Congreso de la Unión, en consecuencia, no va a decidir ``libremente'', por la sencilla razón de que no es ``autónomo'' y México no es una democracia. En los años del absolutismo del ``sistema'' de partido de Estado (1929-1988), en los que el PRI tenía una mayoría absoluta en las dos Cámaras, el Congreso encarnaba la voluntad del Ejecutivo con la cúpula del PAN, pues priístas y panistas votan, dócil y disciplinadamente, lo que se negocia de manera oscura.

6. La contrarreforma en materia indígena de 1998 está contribuyendo así a poner de relieve el carácter antidemocrático del régimen. Los legisladores del PRI y el PAN no se asumen como representantes de la nación, sino que se subordinan a su partido; no votan en conciencia sino por consigna, no lo hacen en representación de los ciudadanos sino de sus dirigentes y por ello el Congreso no discute ni decide, sólo refrenda. Como aconteció en el voto del presupuesto, es la expresión de los acuerdos privados de Diego y Felipe con Zedillo, quienes pretenden seguir enmendando la Constitución como lo hicieron Salinas y los panistas en el sexenio pasado: a espaldas de los mexicanos.

7. No es de sorprender por todo esto que la estrategia fascistoide del gobierno mexicano esté siendo condenada por la comunidad internacional. La Unión Europea le solicitó a Zedillo que ``compruebe las acusaciones'' en contra de los extranjeros expulsados (Reforma, 19 de marzo), y la comisión civil internacional que visitó Chiapas emitió en Madrid un documento condenatorio para Zedillo, responsabilizándolo por organizar grupos paramilitares y violar los derechos de los indígenas, y recomendando la designación de un relator especial de la ONU para México (El País, 18 de marzo).

8. En Chiapas se vive la ``guerra del desprecio'', le dijo el novelista portugués José Saramago, amenazado por la policía migratoria de Zedillo, a Hermann Bellinghausen (La Jornada, 16 de marzo), y nada define mejor al grupo en el poder.

9. El desprestigio de un gobierno mexicano nunca antes había sido tan grande, y el único que no se da cuenta es Ernesto Zedillo, empeñado en una guerra insensata.

10. La guerra de los tecnócratas contra los pueblos indios, como muchos lo han comprendido, es contra todos.