El ombudsman fue inventado por los suecos hace casi 200 años. En alguna de sus variantes y con diferentes nombres --defensoría del pueblo, procuraduría de protección ciudadana, comisión de derechos humanos, etcétera-- poco a poco lo ha ido adoptando la mayoría de los países occidentales y algunos de otras latitudes. ¿Por qué? ¿Qué tiene el ombudsman para que haya sido establecido tanto en países con un alto grado de respeto a los derechos humanos, como en otras naciones en las que los abusos de poder son frecuentes?

Lo que sucede es que en ningún país, ni siquiera en los que han avanzado más en lo político y en lo social, han sido suficientes las instituciones de procuración de justicia y el poder judicial para garantizar el respecto a los derechos humanos individuales y colectivos. Unos más, otros menos, todos los gobiernos han incurrido y siguen incurriendo en negligencia o abuso de autoridad, y ninguna medida pública había logrado luchar con éxito suficiente contra esas dos patologías del poder público. Pero el ombudsman, en los países que lo han adoptado, ha demostrado que, sin ser la solución de todos los males --tal cosa nunca ha existido y probablemente nunca llegue a ocurrir--, puede luchar eficazmente contra la negligencia y el abuso de poder. Su autonomía e independencia; lo sencillo y expedito de sus procedimientos; la gratuidad de los servicios que presta; su fuerza moral fincada en el prestigio de quien lo presida, en la publicidad de sus acciones y en su compromiso con las víctimas; pero, sobre todo, su eficacia en la reducción y castigo de las negligencias y abusos de poder, lo han consolidado como uno de los instrumentos más poderosos en la defensa de los derechos humanos, y como un elemento imprescindible de las sociedades democráticas.

Desde 1991 nuestro país cuenta probablemente con el sistema público de ombudsman más grande de la tierra: una Comisión Nacional de Derechos Humanos y 32 organismos locales de defensa de los derechos humanos. Ciertamente no todos funcionan con la misma independencia y eficacia, pero todos han contribuido para reducir en mayor o menor medida las lacras del poder, así sea solamente contra actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, exceptuando sólo a los del poder judicial o de la Federación.

Algunas comisiones locales de derechos humanos, sin embargo, no cuentan con la autonomía legal ni ejercen la independencia que deberían, y funcionan como una dependencia pública más subordinada al gobernador. Otras funcionan en forma aceptable, aunque deben mejorar, y otras lo hacen de manera admirable. Debe ser una prioridad de los gobiernos federal y locales dotar a los ombudsman de la mayor autonomía posible. Muchas veces han pedido correctamente que los ombudsman ya no sean propuestos o designados por los ejecutivos federales o estatales, sino por el congreso o la legislatura correspondiente. Así debe ser. Si el ejercicio del poder ejecutivo es la principal fuente de la negligencia y los abusos públicos, resulta inconveniente que el titular de dicho poder designe o proponga al ombudsman, ya que éste quedaría subordinado, al menos moralmente, a quien lo favoreció con la designación o propuesta.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya se apresta a dotar en la ley de mayor autonomía al ombudsman capitalino. Tal autonomía, para que sea la mayor posible, debe consistir en que la Asamblea haga directa y exclusivamente la designación mediante el voto de, cuando menos, dos tercios de los diputados. Pero además, en que el candidato no sea propuesto ni por el Ejecutivo federal ni por el Ejecutivo local, y ni siquiera por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, sino por el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal --integrada por mujeres y hombres de reconocido prestigio, que están bien compenetrados de los problemas específicos de la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio y la difusión de los derechos humanos en el Distrito Federal--, previa auscultación que éste haga entre los representantes más importantes y respetables de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, los medios de difusión y la opinión pública. Esta es la propuesta que, con todo respeto, hacemos a los diputados y diputadas de la H. I Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.