En las últimas semanas nos hemos involucrado en la realización de un conjunto de encuestas para conocer la opinión de los ciudadanos, hombres y mujeres de los estados en donde habrá elecciones en los próximos meses. La información recabada es integrada luego a nuestros bancos de datos, de donde extraemos los reportes que constituyen ya el contenido de nuestro proyecto de ``Comunicación para la Democracia''.

Más que anticipar cómo votará la gente en cada estado y en cada región, nos interesa saber cuál es la razón detrás de esos votos. Ligar las preferencias electorales con la problemática diaria y el sentir de los votantes. Gracias al apoyo de La Jornada y de otros medios en el interior del país, algunos de nuestros resultados podrán ser del dominio público. Las facilidades de Internet harán posible que otros lectores en México y en el extranjero conozcan también su contenido. La información completa de nuestra investigación ha sido concebida para apoyar a los grupos políticos, analistas y consultores a elevar la calidad de las campañas electorales, a mejorar el contenido de las ofertas políticas de candidatos y partidos y a difundir el pensamiento y la opinión ciudadana sobre los temas de mayor relevancia política y social. El financiamiento del proyecto provine de los usuarios mismos de la información, por medio de suscripciones.

Uno de los temas recurrentes en todos los estados que hemos estudiado, es el nivel de enojo que mantiene un altísimo sector de la población en contra del gobierno federal. La política económica y la constatación de que la población sigue viviendo la crisis que llegó en diciembre de 1994, constituye un motivo de agravio, más no el único; la imagen de corrupción constituye quizás el mayor tema de consenso en todas las regiones y grupos sociales del país. A ella se une otra visión generalizada de que el gobierno no es congruente entre lo que dice y lo que hace.

Ahora un nuevo tema de enojo e indignación comienza a dominar el país, es el tema de Chiapas, especialmente a partir de la masacre de Acteal. El gobierno parece no estar consciente de su descrédito, del rechazo que tienen sus acciones y sus palabras. Encuestas levantadas en Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Baja California y Veracruz, y muy recientemente en Zacatecas y Durango, nos muestran que el apoyo a su política para manejar el conflicto no llega al 12 por ciento de la población, mientras que un porcentaje que oscila entre 70 y 75 puntos le dan la razón a los indígenas en los motivos de su rebelión.

Una encuesta aplicada a más de 1,800 personas en 15 municipios de esos estados nos permitió constatar que en todos los casos más de 65 por ciento de los entrevistados tiene clara la existencia de la masacre y el lugar donde se perpetró, en varios municipios el porcentaje supera el 75 por ciento. Cuando se les preguntaba sobre los responsables del crimen, entre 40 y 50 por ciento decían no saber, pero los que sabían lo asignaban al gobierno de la República o al PRI, mientras que el Ejército Mexicano o el EZLN no eran mencionados salvo excepcionalmente.

Por ello me atrevo a decir que el gobierno, o más específicamente el equipo del señor Labastida y el Presidente mismo, se están equivocando en sus apreciaciones de que pueden seguir amenazando sin consecuencias; al rechazo y la condena internacional se suma el interno, que espero se traduzca sólo a pérdida de votos, pero que de salirse de control por la conducta actual podría sumir al país en la violencia que en verdad nadie quiere.