Secuestros, tortura y corrupción, los agravios más recurrentes

Triunfo Elizalde Ť Veinticinco asuntos de irregularidades, ineficiencias y omisiones cometidas por las autoridades encargadas de la seguridad pública en el estado de Morelos fueron las razones que motivaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a atraer los casos pendientes de justicia. Se trata de cuatro agravios de secuestro y homicidio; uno de desaparición forzada; seis de tortura y lesiones; cuarto de incomunicación; cinco de cohecho y ejercicio indebido del servicio público; cuatro de irregularidades en la integración de las averiguaciones previas y uno de dilación en la resolución del proceso penal, según la recomendación 25/98, dirigida a la presidenta de la diputación permanente del Congreso morelense.

Resalta que a pesar de protestas, negativas de conocimiento y participación en los hechos en cuestión, registrados en los últimos cuatro años y que crearon un ``clima de zozobra, inseguridad e impunidad'', en Morelos, los nombres de Jorge Carrillo Olea, Carlos Peredo Merlo y Jesús Miyazawa Alvarez, gobernador, y ex procurador general de Justicia y ex coordinador general de la Policía Judicial de esa entidad federativa, respectivamente, figuran de manera reiterada en el contexto de la citada recomendación.

Son señalados como responsables de manera indirecta, el primero, y directa los dos últimos, de los acontecimientos violentos que de acuerdo al criterio de la CNDH ``trascendieron el interés de esa comunidad federativa y provocaron el repudio de la sociedad nacional e incluso internacional''.

Con detalle se mencionan algunos casos en los que están involucrados algunos miembros de la Policía Judicial del Grupo Antisecuestros (ya desaparecido) de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, por ejemplo en los secuestros y homicidios de Francisco Gerardo Reséndiz Rodríguez, Miguel Angel Ocampo, Fidencio Quintanilla Bravo y Jorge Nava Avilés, alias El Moles, asunto éste que dio pie que se dinamiza la investigación colectiva por parte de la CNDH.

En materia de torturas, desapariciones, lesiones, cohecho e incomunicaciones, aparecen Angel y Natanael Hernández Villa, Alejandro Pliego Canizal, Alejandro Almeida Avilés, Silvia Muciño Avilés y Ramiro Nájera Medina.

Asuntos sobresalientes

Estos asuntos figuran en los expedientes CNDH/122/97/MOT/1151, CNDH/121-98/MOR/649, CNDH/122/98/MOR/653, CNDH/121/98/MOR/721 y CNDH/121-98/MOR/831, donde se mencionan, en el renglón los secuestros y homicidios de Reséndiz Rodríguez, Ocampo Cristino y Quintanilla Bravo, el denunciante José Ortiz Martínez, presuntamente cometidos por ``servidores públicos'' de la Procuraduría General de Justicia de Morelos, quienes contaron con ``los ilícitos de encubrimiento, faltas y omisiones en que incurrió el entonces procurador general de Justicia, Carlos Peredo Merlo''.

Ante la critica situación de inseguridad pública, el diputado y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado, pidió a la CNDH interviniera, sobre todo a raíz del asesinato de El Moles a manos Armando Martínez Salgado, entonces comandante del Grupo Antisecuestros, además de dos agentes.

En su denuncia el legislador hizo saber de la existencia y uso de ``cárceles clandestinas de tortura, de los constantes secuestros y ejecución sumaria, por parte del entonces coordinador general de la Policía Judicial de esa entidad federativa, Jesús Miyazawa Alvarez''.

Por su parte, Alejandro Almeida Avilés junto con su hermana Silvia Muciño Avilés denuncian haber sido víctimas de tortura, robo y privación de la libertad por parte de agentes judiciales.

En todos estos asuntos se dan a conocer nombres de agentes de la policía, y según las investigaciones realizadas por la CNDH jamás han sido detenidos, consignados o sentenciados; por el contrario, siguen activos.

En el caso de Francisco Reséndiz Carreño, quien luego de denunciar el secuestro de su hijo Gerardo fue llevado al poblado de Motoyotepec, donde los agentes nunca tuvieron contacto con los secuestradores, sin embargo se quedaron con el dinero que aquél les había entregado para recuperar a su hijo.

De todos estos hechos se informó a las autoridades competentes, sin embargo ``el entonces procurador general de Justicia, Carlos Peredo Merlo, y el gobernador del estado, Jorge Carrillo Olea, nunca hicieron caso a la petición de justicia hecha por los familiares del hoy desaparecido''.

Otro asunto similar fue el de Fidencio Quintanilla Bravo, secuestrado por sujetos que luego fueron identificados como agentes policiacos.

Al padre de dicha persona también se le hizo creer que mediante la entrega de 300 mil pesos recuperaría a su hijo en un lugar de las ruinas de Xochicalco, a donde se trasladó acompañado de unos comandantes y agentes judiciales, los cuales simularon hablar con los secuestradores, pero en realidad su hijo nunca volvió a la casa y tiempo después se le informó que había muerto.

El cuerpo sin vida fue localizado en la Comunidad de San Vicente Las Piedras, Morelos.

Carrillo Olea incumple las recomendaciones

En el contexto de la recomendación 25/98 se hace saber que desde dos años atrás organizaciones no gubernamentales de derechos humanos habían venido denunciado ``la irregular actuación de la Policía Judicial del estado de Morelos''.

Concretamente habían sido señalados Armando Martínez Salgado y Jesús Miyazawa Alvarez'', y públicamente dijeron que tanto el gobernador del estado, Carrillo Olea, como el entonces procurador Peredo Merlo, ``estaban al tanto de los métodos utilizados por los elementos policiacos'' y que nada hicieron para remediar esa situación.

Al hablar de inseguridad pública en Morelos, la CNDH dice al Congreso local que la corrupción, la delincuencia y el abuso de autoridad observados, pese a que fueron denunciadas a su tiempo, ``no fueron atendidas con prontitud y oportunidad; por el contrario, el titular del Poder Ejecutivo del estado (Carrillo Olea) argumentó que su administración contaba con servidores públicos honestos'' y descartó posibilidad de corrupción.

Ante lo anterior, la CNDH responde que ``si bien es cierto que no todas las instituciones de seguridad pública local se han corrompido, también lo es que en específico las de procuración de justicia se han visto involucradas en hechos delictuosos y vergonzosos que evidencian impunidad''.

De tal suerte que ``existe una actitud omisa en el proceder de las autoridades encargadas de la Procuraduría General de Justicia'', junto con un ambiente de inseguridad pública, sobre todo en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Yautepec y Jojutla.

En este orden de ideas se dice que los sucesos comentados contribuyen a ilustrar el problema que se vive en la entidad federativa, por lo que ``es preciso señalar que Jorge Carrillo Olea ha evidenciado una clara negativa de voluntad política para aceptar las diferentes recomendaciones dirigidas por la CNDH''.

En apoyo de lo anterior, la CNDH recuerda los sucesos de San Rafael Tlaltizapán, donde el 26 de mayo de 1996 fue asesinado Marcos Olmedo Gutiérrez, líder fundador del Partido de la Revolución Democrática en Morelos, cuando al frente de una marcha que se dirigía a Anenecuilco para denunciar ante el presidente Ernesto Zedillo lo que estaba sucediendo en Tepoztlán, y luego, en 1997, la detención y encarcelamiento de Gerardo Demesa, líder del Comité de la Unidad de Tepoztlán, bajo el cargo de homicidio, cuando el inculpado no estuvo en el lugar de los hechos.

En el primer caso, los homicidas fueron puestos en libertad casi de inmediato, y en el segundo, Carrillo Olea se negó a conceder el indulto, a pesar de lo injusto del proceso que se sigue a Demesa.

Así, para la CNDH compete a la diputación permanente del Congreso de Morelos ``valorar la gravedad de los acontecimientos señalados, para que, en su caso, se convoque a una sesión extraordinaria a la actual legislatura'' y para que ``sea ese órgano de gobierno el que califique la gravedad de los actos u omisiones denunciadas, y de considerarlo conveniente tomar las medidas pertinentes para que se atienda con imparcialidad y eficiencia la regularización de la situación social que se vive en esa entidad federativa, y se restablezca la confianza ciudadana''.