Pablo Salazar Mendiguchía
Derechos indígenas y paz en Chiapas

¿Quién en diciembre de 1993 hablaba de la difícil situación en la que viven millones de indígenas en México? ¿En qué partido estaba agendada la problemática indígena como un asunto prioritario? ¿Qué funcionario público de entonces y de hoy puede atreverse a decir, sin que en su rostro asome un mínimo rubor, que entre los asuntos que les preocupaban --o les ocupaban-- estaba el de los derechos indígenas?

Para casi todos en México la discusión del tema indígena o la puesta a tono con los ``festejos'' de los 500 años del ``encuentro de dos mundos'' terminó en 1992. Para unos concluyó con la reforma del 4o. constitucional; para otros, con el fin de las celebraciones de ese aniversario.

Tuvo que ocurrir un levantamiento armado en Chiapas para que el país entero admitiera, en un acto colectivo de contrición, que había dejado prácticamente en el abandono a los indígenas y para que la discusión sobre los derechos de los pueblos indios ocupara un lugar destacado en la agenda pública gubernamental.

A partir de 1994 un nuevo interlocutor apareció en la escena política nacional. El gobierno federal y los partidos políticos dieron a ese interlocutor (el EZLN) un reconocimiento sin precedentes al definirlo con toda precisión en la Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas, como ``el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos, mayoritariamente indígenas, que se inconformó por diversas causas''.

No hay que olvidar que ese reconocimiento no fue fruto de la casualidad. Ante la exigencia del EZLN de ser reconocido como fuerza beligerante, el primer comisionado para la paz ensayó diversas fórmulas --como aquella de ``fuerza política en formación''-- hasta encontrar una aceptable para el gobierno y su contraparte, misma que un año después se incluyó íntegramente en el articulado de la ley, como ya hemos mencionado.

No conviene olvidar, sino a riesgo de cometer una grave irresponsabilidad, que con la definición del EZLN como interlocutor indígena válido, a la vez que se daba respuesta a la exigencia zapatista de reconocimiento pleno, también se cancelaba la vía de una posible internacionalización del conflicto.

Sin embargo, ahora, para defender las iniciativas sobre derechos y cultura indígena del PAN y del gobierno federal, no se escatiman esfuerzos para restar representatividad indígena al EZLN. De nada importa hoy que exista una ley que les otorgue reconocimiento, y que durante cuatro años cinco distintas instancias oficiales se hayan sentado a negociar con esa organización --ante la presencia de una comisión coadyuvante del Congreso de la Unión-- para discutir, entre otros temas, sobre derechos y cultura indígenas y alcanzar la firma de los llamados Acuerdos de San Andrés.

¿Cuál era el propósito fundamental de esa negociación? La ley dice con toda claridad: ``Alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1o. enero de 1994 en el estado de Chiapas''.

No nos engañemos ni queramos engañar a nadie. La paz en Chiapas no se va a alcanzar con las reformas presentadas. El gobierno y los partidos probablemente conseguirán los objetivos particulares que se han propuesto, pero no lograrán con ello la pacificación de Chiapas.

¿Se puede encontrar una solución definitiva y duradera al conflicto chiapaneco sin la mediación de la diócesis de San Cristóbal, la concurrencia del EZLN y las demás representaciones sociales no oficiales surgidas en las dos últimas décadas? No, definitivamente no.

En Chiapas el gobierno federal no estaba dialogando con los representantes de un puñado de guerrilleros, como algunos nos quieren hacer creer, ni la Conai es una intermediación sin fuerza y sin representatividad. Lo que los mexicanos alcanzamos a observar en la mesa de San Andrés no es más que la punta de un enorme témpano social puesto en movimiento en Chiapas desde hace más de dos décadas.

Una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas producto del consenso es, por tanto, una condición inexcusable para sentar las bases que hagan posible alcanzar la firma de una paz digna y duradera en Chiapas.

De lo contrario, la nave que zarpó del muelle el día 15 de marzo con rumbo desconocido --y en la que vamos todos-- puede hacer con ese gran témpano una peligrosa colisión cuyos costos sociales y humanos sean enormes y cuyos daños a las instituciones sean irreparables.