La misma gata, nada más que revolcada, reza el dicho. En medio de reflectores se anunció la terminación de la era de los pactos y el inicio de una nueva etapa de ``acuerdos'' entre el gobierno y los llamados sectores de la producción.

En esencia, se trata de más de lo mismo. El llamado Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos adolece de la misma falla de sus antecesores, los pactos. Es la simulación de la concertación o del acuerdo entre sectores; de una imposición más fraguada en los pasillos del poder Ejecutivo. Los signantes son los invitados a firmar y no más. ¿Cuál discusión?, ¿en dónde estuvo la negociación?, ¿quién conoció antes el contenido del Acuerdo? Podemos apostar que muy pocos.

¿A quiénes consultaron las organizaciones signantes, antes de comprometer su firma? Obviamente no tuvieron tiempo de consultar a nadie. El Congreso del Trabajo, el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Nacional Campesina, el Banco de México y el gobierno federal ignoraron totalmente a sus representados a la hora de sentarse y anunciar su apoyo incondicional al texto.

Algunas otras fallas de origen del Acuerdo. Este desconoce a los actores presentes en el escenario nacional actual, cuya opinión y firma serían en todo caso imprescindibles para llevar adelante los propósitos expuestos. Las nuevas fuerzas sindicales, como la Unión Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo o los sindicatos independientes no fueron consultados. Tampoco los pequeños y medianos empresarios organizados en asociaciones como la ANIT fueron invitados al diálogo, ni a la firma organizaciones campesinas tan importantes como la CIOAC, UNORCA o el Congreso Nacional Indígena. El gobierno federal ignoró la opinión de los representantes del Poder Legislativo, quienes recibieron el texto del Acuerdo 20 horas después de su firma. En conclusión, nace con muy poca fuerza, pues carece del respaldo de sectores importantes de la población.

Los seis puntos que componen el Acuerdo General parecen ser del todo irrelevantes; mantener comisiones de seguimiento a la evolución económica, la creación de subcomités de análisis, el impulso de la reconversión en el campo planteado de manera superficial, la apertura de espacios estatales de ``diálogos'' similares, y la insistencia en relación a la importancia de la educación y la capacitación para impulsar niveles más altos de productividad y competitividad.

En cuanto a la naturaleza y propósito del Acuerdo, no hay claridad. Se insiste más en lo que no es, que en lo que representa: ``La nueva concertación no implicará topes salariales''. Según Rodríguez Alcaine, de la CTM, ``este no es pacto, es un acuerdo que vamos a realizar para un diálogo diferente, en el que espero que todos los que intervengamos en él lo hagamos de buena fe, en beneficio de los trabajadores, de los industriales y de nosotros mismos''.

Como si nada hubiera cambiado en este país, se retoman los viejos discursos haciéndole el vacío a la realidad económica y a las necesidades urgentes de la población.

Acuerdos sobre productividad que no tomen en cuenta la urgente alza salarial que venga a fortalecer el mercado interno como palanca para el desarrollo; la priorización del empleo productivo, y la atención de las fallas importantes de nuestro sistema laboral que niega a los trabajadores la posibilidad de organizarse libremente, no tienen mayor futuro.

Insistir en la competitividad cuando no se han resuelto los problemas que enfrentan las pequeñas, micro y medianas empresas, resultado del llamado ``libre comercio'', de las carteras vencidas, los créditos caros o la imposibilidad de acceder a nuevas tecnologías, es hablar en el vacío.

México necesita políticas claras, acuerdos concretos para salir de la crisis y resolver sus problemas estructurales. Estos acuerdos políticos que buscan dar una imagen de estabilidad y concertación inexistentes, ya nadie los toma en serio. Ni sus mismos signatarios.

Es hora de impulsar una nueva cultura política que acabe con las simulaciones y promueva un verdadero pacto social democrático incluyente, que ponga el énfasis en los problemas reales que viven las mayorías, muy lejanos del contenido de este insípido Acuerdo que hemos comentado.