Se ha expresado en la política lo que ya era de viejo: el gobierno y el PAN no admiten la existencia de los pueblos indios de México. Admiten, sí, la presencia física y jurídica de los pueblos originarios de todos los demás países, según lo han expresado al votar en favor del convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el tema, el cual es parte sólo formal de la legislación federal mexicana.

Pero ninguna de las dos iniciativas presentadas en estos días en el Senado concede lo mínimo a los pueblos indios mexicanos: la del gobierno los menciona en el preámbulo de la nueva redacción del artículo 4o. de la Constitución; el PAN ni siquiera incluye las dos palabras satanizadas por el sistema de la vieja dominación mestiza sobre los herederos en línea directa de los antiguos pobladores de lo que hoy se conoce como México.

Según el presidente Zedillo, la autonomía de los pueblos indios solamente se debe ejercer a través de las ``comunidades indígenas''. Pero, ¿qué son éstas? Miserables poblados sin la menor capacidad de articular alguna acción pública por sí mismos. Lo que busca el gobierno es mantener a los indios de México en la atomización de las pequeñas aldeas, con lo cual solamente reproduce --siglos después-- lo que hicieron los conquistadores cuando dominaron a los pueblos del ``nuevo mundo''.

Las comunidades indígenas no podrán ejercer la menor autonomía porque carecen de la fortaleza que otorga un suficiente territorio y una suficiente demografía. Esas comunidades, aisladas como han estado hasta ahora, no son nada frente al Estado mestizo dominante. De esa forma, se niega la diferencia y el derecho de ser diferente.

La democracia mexicana carece de futuro si no reconoce el derecho fundamental a ser lo que cada parte de México ciertamente es, a pesar de las viejas leyes y formas de dominación basadas en la desigualdad ejercida en nombre de la igualdad. Los pueblos indios de México siguen siendo pueblos a pesar de tres siglos de coloniaje y casi dos más de dominación republicana. La miseria de las ``comunidades indígenas'', su aislamiento político y la segregación de que han sido víctimas no han impedido que los mixtecos sean mixtecos y los tojolabales sean tojolabales. Sin embargo, el Presidente de la República, su partido y el PAN se siguen uniendo para negar en la ley lo que es real a pesar de todo.

Las iniciativas presentadas están muy lejos de los acuerdos de San Andrés, los cuales, al menos, abrían la esperanza del reconocimiento de la existencia de los pueblos indios. La autonomía de tales pueblos no podría ser más que el gobierno propio, pero en lugar de esto lo que se ofrece es la creación de capacidades autonómicas en las ``comunidades indígenas'', o sea, en aquellos paupérrimos poblados, los cuales en muchas formas ya son autónomos, pero carecen de poder.

El problema de fondo de la cuestión india mexicana es el del poder. Durante siglos, los indios de México han carecido de capacidad de decidir. Con la aprobación de las nuevas reformas constitucionales, todo seguirá igual.

El otro camino sería reconocer plenamente la existencia de los pueblos indios y la creación, mediante la ley y la decisión democrática de los pobladores de la regiones indias --indios y mestizos--, de entidades de derecho público con capacidad decisoria dentro de un marco de redistribución de facultades y funciones.

¡Ah!, pero eso significaría la revolución de echar por la borda casi cinco siglos de dominación sobre los pueblos indios y entender la democracia nacional como la suma de las democracias de las partes integrantes del país.

Es decir, la revolución que implica el cambio radical de la manera de ver y tratar a los indios mexicanos, para dejar de lado el folclorismo con el cual --en el mejor de los casos-- se les sigue viendo.

Las iniciativas presentadas en el Senado de la República no significan el menor cambo real en las condiciones de vida y en la relación de los indios con el resto del país. Pero, en cambio, en el terreno político nos hablan de la intención de dejar saldado el asunto para declarar innecesaria la ley para la paz en Chiapas, y así lanzar al Ejército contra la milicia zapatista.

Todo indica que Zedillo cree en la salida de fuerza y piensa que al matar a Marcos el problema estará resuelto para siempre. El cretinismo presidencial es lo más peligroso de los tiempos corrientes en el país. Ningún problema estará resuelto con la muerte de Marcos y de otros muchos rebeldes: tal vez entonces empezarán problemas más graves para México.

Después de que sean promulgadas las reformas constitucionales acordadas entre el PRI y el PAN, nada habrá cambiado como no sea la suscripción del acuerdo para matar: la sangre será el terrible testimonio del predominio de la vieja ideología con la cual se pretende justificar la opresión de los indios de México.