El poder público ha tomado ya la decisión de imponer una iniciativa bipartidista de modificaciones constitucionales en materia de derechos indígenas, y para ese propósito todo indica que existe ya una nueva concertacesión entre los partidos gubernamental y Acción Nacional.

En efecto, en el Senado de la República PRI y PAN organizaron la elaboración del dictamen respectivo, de modo que corresponda a una subcomisión integrada por cuatro priístas y un panista, en lo que el senador Carlos Payán Velver describió como un albazo para dejar fuera al resto de las fuerzas políticas, en especial el Partido de la Revolución Democrática.

Lo más grave de esa determinación no es, con todo, el empeño de marginar del examen y la discusión parlamentarios de las reformas a la segunda fuerza legislativa del país, sino la exclusión de los propios indígenas de ese proceso.

Cabe recordar, a ese respecto, que la estructura institucional en vigor no cuenta con mecanismos de representación de los pueblos indios, una ausencia que el gobierno y la clase política nacional reconocieron, implícitamente, al formular la ley para el diálogo y la pacificación en Chiapas y establecer la mesa de San Andrés Larráinzar, mecanismos que habrían de permitir la participación de los indígenas rebeldes chiapanecos en la construcción de un nuevo estatuto para los indios y una nueva relación entre éstos y el Estado mexicano.

Pero, pese a lo que afirma con insistencia la propaganda oficial, la iniciativa de modificaciones constitucionales presentada por el Ejecutivo ante el Senado se queda muy por debajo de lo acordado en San Andrés Larráinzar y no recoge las aspiraciones, las reivindicaciones y los intereses de los pueblos indios. Otro tanto puede afirmarse de la iniciativa presentada por Acción Nacional.

Ambos documentos son expresión fiel de las actitudes hegemónicas tradicionales que, en el mejor de los casos, se han abocado a tutelar a los indígenas pero sin reconocerlos nunca como sujetos activos de derecho y como plenos protagonistas sociales. A la luz de los más recientes movimientos legislativos y propagandísticos, está claro que el Ejecutivo y el PRI, por un lado, y el PAN, por el otro, trabajan en un documento que resulte aceptable a ambos y deje de lado los puntos nodales de San Andrés Larráinzar, los cuales, en cambio, estaban de una u otra forma reflejados en el documento de la Cocopa.

Finalmente, es imposible no percibir como acciones complementarias a ese empeño excluyente los intentos por desacreditar y marginar a instancias y personas que han buscado la incorporación de los indios en las decisiones sobre su propio estatuto legal: la Cocopa, la Conai, el obispo Samuel Ruiz y el senador Pablo Salazar Mendiguchía.